Del montaje a la ignominia: El caso Vallarta y el fracaso del Estado mexicano

-Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Hay historias que condensan en un solo expediente toda la descomposición de un sistema. El caso de Israel Vallarta Cisneros es una de ellas. Después de casi veinte años de prisión, el 31 de julio de 2025 una jueza federal ordenó su liberación al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró comprobar las acusaciones.

Vallarta había sido acusado de liderar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, pero lo que en realidad evidenció su expediente fue el uso sistemático del montaje mediático, la tortura y las violaciones al debido proceso como herramientas de control político.

El calvario comenzó el 9 de diciembre de 2005, cuando Vallarta y su entonces pareja, Florence Cassez, fueron detenidos en el rancho “Las Chinatas” en Tlalpan, Ciudad de México. La Agencia Federal de Investigación (AFI), bajo el mando de Genaro García Luna, montó una recreación del operativo ante las cámaras de televisión. Tres víctimas de secuestro fueron “rescatadas” frente a los reflectores, en un espectáculo cuidadosamente guionizado que fue presentado como prueba de eficacia policial.

El 10 de febrero de 2006, García Luna reconoció que la detención y el rescate habían sido montados. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Francia protestó por el trato a Cassez, su ciudadana, y tras años de litigio la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación en enero de 2013, al considerar que su proceso estaba viciado de origen. Vallarta, en cambio, quedó hundido en la maquinaria judicial.

Durante años, Vallarta denunció torturas para arrancarle confesiones y la fabricación de pruebas. La reciente sentencia de la jueza Mariana Vieyra Valdés, Tercera de Distrito en Materia Penal del Estado de México, le dio la razón: el montaje televisivo y las violaciones al debido proceso invalidaron las pruebas en su contra. Vieyra anuló los testimonios de las víctimas, obtenidos bajo coacción, así como el parte informativo de la captura, las diligencias de reconocimiento en cámara Gesell y la confesión ministerial rendida bajo tortura en 2005. Incluso desechó las declaraciones de David Orozco Hernández “El Géminis” y Dither Camarillo Palafox “Tauro”, quienes confesaron ser miembros de “Los Zodiaco” pero no ratificaron sus dichos ante el juez.

El fallo es contundente: “Se advirtió un efecto corruptor en el proceso derivado de la escenificación ajena a la realidad, que violentó los derechos de los inculpados y de las víctimas”. Vieyra recordó que el montaje fue auspiciado por medios de comunicación nacionales e internacionales, lo que contaminó el proceso de manera irreversible.

Pero mientras Vallarta pasaba casi dos décadas en prisión, los responsables directos de esas ilegalidades siguieron escalando posiciones o disfrutando de la impunidad. Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, y Francisco Javier Garza Palacios, ambos exdirectores de la AFI, fueron señalados por Vallarta como los principales responsables de su calvario. También Jorge Rosas García, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SEIDO, y el exprocurador general Daniel Cabeza de Vaca. Algunos enfrentan procesos por otros delitos, pero ninguno ha rendido cuentas por el montaje que destruyó la vida de Vallarta.

Al salir del penal del Altiplano, Vallarta pidió perdón a las víctimas de los secuestros que se le atribuyeron. No por aceptar una culpa inexistente, sino porque entendía que ellas también fueron violentadas por la manipulación de las autoridades. “Las víctimas que son víctimas, porque hay algunas que no lo son, que se sientan lastimadas y agredidas, yo les ofrezco una disculpa, no por mí, sino por las acciones de los malos policías, que por sacar un trabajo que no hicieron, utilizaron las mentiras”, dijo.

Aseguró que no se esconderá ni abandonará el país. También adelantó que analiza interponer una demanda contra el Estado mexicano por los daños ocasionados por casi veinte años de prisión. “Si prospera la de tortura, pues le van a dar de 3 a 4 años a Cárdenas Palomino; yo estuve 20, ¿cómo que no es válida la balanza, ¿no?”, cuestionó. Vallarta lo tiene claro: su caso no es un triunfo, es apenas el reconocimiento tardío de una injusticia monumental.

El caso Vallarta es más que un expediente judicial: es la radiografía de un sistema que privilegia la narrativa sobre la verdad. En mayo de 2024, tras 18 años, se cerró la instrucción del juicio, y en julio la FGR pidió 430 años de prisión por delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

La cifra era tan absurda como simbólica: una condena ejemplar para encubrir el fracaso institucional. Pero el castillo de naipes se derrumbó: la jueza concluyó que las pruebas eran insostenibles y absolvió a Vallarta.

El contraste con el caso Cassez es brutal. La Suprema Corte la liberó en 2013 por las mismas irregularidades, pero dejó a Vallarta en prisión. La diferencia era política y mediática: Francia presionó por su ciudadana; Vallarta era mexicano y pobre. La doble moral del Estado quedó exhibida.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a anticipar en 2021 que Gobernación podría solicitar la liberación de Vallarta si encontraba elementos suficientes. La Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Olga Sánchez Cordero, anunció en 2019 que revisaría el caso. Pero pasaron seis años más antes de que un tribunal actuara.

La liberación de Vallarta no repara el daño, pero deja varias lecciones. La primera: el montaje mediático como herramienta de control sigue vigente. La segunda: las instituciones mexicanas, incluidas la FGR y el Poder Judicial, operan más como engranajes de simulación que como garantes de justicia. La tercera: mientras no haya consecuencias para los funcionarios que fabrican culpables, la historia se repetirá.

El caso Vallarta debe ser un parteaguas, pero el pesimismo es inevitable. La FGR ya ha demostrado que prefiere salvar la cara antes que reconocer errores. Los políticos, de cualquier partido, siguen usando la seguridad pública como espectáculo. Y los medios que transmitieron el montaje en 2005 apenas si han hecho un mea culpa.

El sistema judicial mexicano está enfermo, y el expediente Vallarta es su radiografía más cruel: un hombre destruido, víctimas revictimizadas, instituciones deslegitimadas. Nada de esto es nuevo. Lo grave es que todo sigue igual.

La pregunta incómoda es cuántos Vallarta más existen en prisión, sin cámaras ni embajadas que exijan su liberación. Y lo peor: a quién le importa. Porque en un país donde el espectáculo sustituye a la ley, la justicia no llega. Se administra, se negocia o, en el mejor de los casos, se concede como una gracia tardía.

En X @DEPACHECOS