El algoritmo también es político: Gobernar con datos, decidir con humanidad

-Opinión, por Mairel Bueno Rocha

En los últimos años, el concepto de gobierno electrónico ha ganado relevancia como estrategia para modernizar la administración pública. La digitalización de trámites, la automatización de procesos y la promesa de mayor eficiencia han sido bien recibidas por una ciudadanía cansada de la burocracia de siempre.

No obstante, más allá de la conveniencia de realizar un trámite sin salir de casa, este cambio representa el inicio de una transformación mucho más profunda: la incorporación de la gobernanza algorítmica.

Este concepto, aún poco familiar para muchos, alude al uso de algoritmos como apoyo, optimización e incluso sustitución parcial en la toma de decisiones dentro del aparato estatal. Desde el análisis de datos para anticipar demandas sociales hasta la distribución más precisa de recursos públicos, estas herramientas cumplen funciones que antes requerían amplios equipos humanos. Bien implementadas, pueden ser una oportunidad para construir mejores instituciones.

La gobernanza algorítmica puede incrementar la capacidad de respuesta del Estado ante desafíos sociales. Sistemas inteligentes ya permiten, por ejemplo, detectar patrones de contagio en emergencias sanitarias, identificar colonias con alta vulnerabilidad para canalizar apoyos o gestionar turnos en servicios públicos con criterios de equidad (UNESCO, 2021). En contextos de recursos limitados, esta capacidad predictiva puede ser decisiva.

Además, cuando el diseño es ético y normativamente robusto, ayuda a reducir discrecionalidad en la gestión pública. Al definir reglas claras, auditables y basadas en datos, se limita la influencia de intereses particulares y se promueve una administración más imparcial. Sin embargo, la condición es que los sistemas sean comprensibles y estén sujetos a supervisión ciudadana, de modo que la tecnología complemente, y no sustituya, el juicio humano (Innerarity, 2020).

En nuestro país, el reto no es únicamente tecnológico, sino también político e institucional. Los cambios de administración suelen provocar la interrupción de proyectos iniciados por gobiernos anteriores, lo que debilita la continuidad y retrasa la consolidación de políticas digitales (Aguilar Villanueva, 2016). Una transformación de este calibre requiere acuerdos que trasciendan los periodos electorales.

Como señala Innerarity (2020), “el mayor reto no es solo gobernar con tecnología, sino gobernar la tecnología misma” (p. 42). Esto implica establecer marcos normativos claros, controles independientes y procesos participativos que definan quién diseña los algoritmos, con qué datos se entrenan y bajo qué principios operan.

La opacidad constituye un riesgo constante. En muchas ocasiones, los algoritmos usados por el sector público son desarrollados por empresas privadas y no están abiertos al escrutinio. Ello dificulta las auditorías y aumenta la posibilidad de reproducir sesgos y desigualdades. Como advierte Zuboff (2019), sin regulación y control democrático, la acumulación de datos por actores poderosos puede desembocar en un “capitalismo de vigilancia” que erosiona derechos y libertades.

Un elemento clave es encontrar equilibrio entre eficiencia tecnológica y trato humano. La automatización no debe implicar la pérdida del vínculo personal. La IA puede liberar a los funcionarios de tareas repetitivas, permitiéndoles enfocarse en funciones que requieren empatía, criterio político y conocimiento del contexto. Así, la tecnología no reemplaza al Estado, sino que lo fortalece, volviéndolo más cercano y efectivo.

En este punto de inflexión, la digitalización es irreversible, pero su orientación dependerá de nuestras decisiones colectivas. No se trata solo de mejorar procedimientos, sino de definir los valores y principios que guiarán esta transformación.

Para que la gobernanza algorítmica sea realmente democrática, es necesario avanzar en tres frentes: alfabetización digital ciudadana que permita comprender y fiscalizar el uso de algoritmos; marcos legales vinculantes que garanticen transparencia y rendición de cuentas; y canales de participación que involucren a la sociedad en el uso, diseño y evaluación de estas herramientas. Solo así podremos asegurar que el poder de los datos sirva a las personas, y no al revés.

Referencias

Aguilar Villanueva, L. F. (2016). Gobernanza y gestión pública. Fondo de Cultura Económica.

Innerarity, D. (2020). La política en tiempos de indignación. Paidós. Pag. 42.

UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. UNESCO Publishing.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.