La reforma electoral

– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

Es una decisión ya tomada; la reforma electoral va, con todo el poder del gobierno, impulsándola a través de una comisión integrada por funcionarios públicos en su totalidad.

No es extraño que venga una revisión de las reglas y normas electorales después de procesos importantes como la elección presidencial y la del Poder Judicial, lo que llama la atención es que la iniciativa provenga de quien ganó, de quien utilizó y abusó del sistema electoral para llegar al poder y construir una artificial mayoría que hoy quieren hacer valer como legítima.

Por regla general, es la oposición la que busca generar condiciones más favorables en la competencia electoral para mejorar su posición en el tablero político, pero ahora, sorprendentemente, es el gobierno con sus estructuras quien la promueve, aduciendo que quiere hacer más justas y menos onerosas tanto las elecciones como la participación de los partidos, cuando a todas luces busca más ventajas para perpetuarse en el poder.

La iniciativa presidencial nace con la semilla de la sospecha y, si acatamos el dicho popular, piensa mal y acertarás; parece que la oposición y conocedores van por buen camino, si nos atenemos a los dichos y declaraciones del nombrado presidente de la comisión, Pablo Gómez, que a voz en cuello ha proclamado que harán valer su mayoría.

Esa aseveración suena a una abierta amenaza a las minorías y en la actitud de Gómez se percibe un tufo dogmático que suena más a consolidación de una hegemonía que a la configuración de un sistema democrático que permita la competencia equitativa y justa entre todos los participantes de las lides democráticas.

Oficialmente, la comisión ha señalado que la consulta tiene por objeto abordar 14 temas, como el financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, el sistema de votación incluyendo urnas electrónicas, la representación proporcional, la difusión de ideas y propaganda gubernamental, la revocación de mandato y libertades políticas, entre otros.

El sospechosísimo, que es solo especulativo, pues aún no hay nada escrito ni formalizado, nos lleva a pensar que, en el primero de estos temas, el financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, tratarán de hacer legales los carruseles de depósitos y retiros que tan bien operó el que fuera secretario particular de AMLO, al igual que los sobres amarillos, los descuentos laborales para la causa y las donaciones anónimas.

En el sistema de votación tendrán que hacer milagros para que votar sea un ejercicio accesible para millones de mexicanos pues la tendencia a hacer coincidentes elecciones federales con locales y encima la elección judicial llevándose a cabo en la misma fecha, hará de los centros de votación núcleos de confusión.

En el tema de la difusión de ideas y propaganda gubernamental y de partidos tal vez pretendan que en la plataforma informativa de presidencia sea legal incluir propaganda a favor del partido gobernante y que la presidente pueda denostar, descalificar, condenar a opositores y revelar cuentas y datos personales como lo hizo impunemente AMLO cada que pudo y quiso.

Un capítulo importante será el de los organismos electorales, en el que se ha dicho que pretenden que los consejeros del INE, a los cuales les cambiarían el nombre, sean elegidos por votación popular, es decir, por la mayoría que harán valer (Pablo Gómez dixit), terminando de cooptar al organismo antes independiente. Los tribunales electorales, sus magistrados, ya son por elección con lo cual la justicia electoral ahora estará en manos de la nueva mayoría.

Otra joya no menos reluciente, o más todavía, será la representación de las minorías que ahora, según ha trascendido, no serán electas por listas propuestas por los partidos, sino que las posiciones, sean 300 o menos como pretenden, se adjudiquen a la primera minoría resultante de cada elección.

Esto quiere decir que donde ganen por mayoría no tendrán problema, pero donde pierdan serán la primera opción para representación proporcional y así, entre ganadores y perdedores, ganar una sobrerrepresentación sin tener que recurrir a dictámenes amañados o malabares de leguleyo para obtener mayorías dominantes en el poder legislativo.

En fin, a la fecha todo es especulación, pero se le miran los dientes al lobo tras la piel de oveja de una reforma anunciada con buenas intenciones, pero repleta de manzanas envenenadas. La última palabra la tendrá el Congreso, según afirmó Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, pero sabemos que a nuestros ilustres diputados les gusta el trámite rápido y no se distinguen por su capacidad de análisis o de lectura, de comprensión.

La reforma va y solo esperamos que dejen el voto libre y la participación ciudadana en el conteo como remota garantía de que el voto será respetado, y que tengan cuidado con sus criterios de austeridad, porque la futura elección puede convertirse en el más pavoroso desorden que se haya conocido.