La toga en las urnas: 1 de septiembre, el inicio de una nueva era judicial

– A título personal, por Armando Morquecho Camacho

El 1 de septiembre marcará un momento histórico para México. Por primera vez, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrarán en funciones tras haber sido electos mediante voto popular.

No se trata solo de un cambio en la forma de llegar a estos cargos, sino de un giro profundo en el que la legitimidad social y la relación con la ciudadanía pasan a jugar un papel tan visible como el conocimiento técnico y la trayectoria profesionales.

Hasta ahora, los jueces y magistrados ascendían a la carrera judicial mediante exámenes y concursos de oposición. Este modelo privilegiaba la formación académica, la experiencia en tribunales y el mérito profesional. Los ministros, por su parte, eran propuestos por el Ejecutivo y avalados por el Senado, con lo que cada nombramiento implicaba negociaciones políticas y acuerdos legislativos.

Sin embargo, incluso en el ámbito de la carrera judicial, las asignaciones a estados o circuitos no estaban exentas de influencias internas: el Consejo de la Judicatura y las dinámicas internas del Poder Judicial determinaban en muchos casos los destinos de quienes habían aprobado los exámenes. Este equilibrio entre mérito técnico y realidades institucionales definía hasta ahora el acceso y la carrera dentro del Poder Judicial.

El cambio que inicia este septiembre es profundo. La elección popular introduce un vínculo directo entre ciudadanía y justicia. Los jueces y ministros que asumen su cargo ya no son únicamente expertos reconocidos por sus colegas; son personas elegidas por votación, con una legitimidad social explícita.

Esto implica responsabilidades adicionales: deberán responder a la sociedad que los eligió, sin sacrificar la imparcialidad ni la técnica jurídica que exige su función. La legitimidad democrática y la independencia judicial ahora deberán coexistir de manera armoniosa, y será interesante observar cómo se logra este equilibrio en los próximos años.

La historia ofrece paralelismos útiles para entender este cambio. Durante la Revolución Francesa, la justicia dejó de ser un privilegio exclusivo del monarca y de la nobleza. Se instituyó para que ciertos jueces, como los jueces de paz, fueran elegidos por asambleas locales. La intención era acercar la justicia al pueblo y garantizar que los magistrados respondieran a las necesidades de las comunidades, sin perder el rigor técnico ni la formación profesional.

México enfrenta un desafío similar: combinar la legitimidad democrática con la imparcialidad y el conocimiento profundo de la ley. La experiencia francesa muestra que la elección popular puede fortalecer la confianza ciudadana, siempre que existan mecanismos claros para preservar la independencia del juez.

De esta manera, la entrada en funciones de estos jueces, magistrados y ministros tiene como principal tarea modificar la percepción que la sociedad tiene del Poder Judicial. Durante décadas, los tribunales se percibieron como espacios lejanos, inaccesibles y opacos.

El lenguaje técnico, los procedimientos largos y la distancia con la ciudadanía reforzaban la idea de un poder aislado. Ahora, la elección popular obliga a que los juzgadores sean comprensibles, transparentes y responsables frente a quienes los eligieron. La justicia deja de ser un mecanismo abstracto para convertirse en un instrumento que debe conectar con la vida cotidiana de la gente.

No obstante, la elección no reemplaza los retos estructurales del sistema judicial. La carga de trabajo, la lentitud de procesos, la infraestructura limitada y los recursos escasos siguen siendo problemas que afectan la eficiencia y la percepción de justicia.

Lo que cambia es el vínculo simbólico: los jueces ya no solo son figuras técnicas, sino representantes de la voluntad ciudadana en la toma de decisiones judiciales. Esa cercanía puede fortalecer la confianza, siempre que se mantenga la disciplina y la autonomía profesional que exige la ley.

El reto para esta generación es doble. Deben mostrar independencia y conocimiento, pero también construir puentes de confianza con la ciudadanía. Las expectativas populares son altas y, al mismo tiempo, la función judicial exige prudencia, análisis profundo y apego estricto a la ley.

Esta tensión será uno de los factores definitorios del éxito del modelo. La legitimidad democrática no puede debilitar la imparcialidad; al contrario, debe fortalecerla al demostrar que un juez electo puede decidir con justicia y rigor.

El 1 de septiembre no marca simplemente un relevo de cargos: inaugura un laboratorio institucional en el que la democracia y la justicia deberán coexistir. Los nuevos jueces, magistrados y ministros comenzarán a escribir la historia de una etapa en la que la balanza judicial se conecta con la voluntad ciudadana. La ciudadanía, por su parte, tendrá la oportunidad de evaluar cómo esta relación influye en la eficiencia, la transparencia y la confianza en la justicia. Este ejercicio será clave para consolidar un sistema judicial más cercano, legítimo y comprensible.

El futuro de esta reforma depende de la capacidad de los jueces para equilibrar la legitimidad social con la técnica profesional y del acompañamiento crítico de la ciudadanía. La justicia electa, al final, será tan fuerte y confiable como lo sea la sociedad que la observa, la exige y la respalda.

En definitiva, el 1 de septiembre inaugura una era inédita para México: un Poder Judicial que no solo ejerce la ley, sino que también nace del voto ciudadano. La toga, refrendada por la sociedad, tiene ahora la oportunidad de simbolizar una justicia más cercana, más humana y democrática.

Su éxito dependerá de la capacidad de quienes asumen estos cargos para equilibrar técnica, independencia y legitimidad social, y de la sociedad para acompañar con criterio y vigilancia este experimento sin precedentes.