– Por Redacción Conciencia Pública

Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región del Caribe con el envío de buques de guerra, submarinos nucleares y más de cuatro mil marines, en lo que la administración Trump ha calificado como una operación contra el narcotráfico y los grupos criminales transnacionales.

El despliegue, dirigido por el Comando Sur de EEUU, incluye destructores equipados con el sistema Aegis, un crucero lanzamisiles, aviones de patrullaje marítimo y unidades expedicionarias de infantería.

El Pentágono confirmó que tres destructores —el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson— se encuentran ya en aguas cercanas a Venezuela, acompañados por el Grupo Anfibio Iwo Jima y la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina. En conjunto, estas fuerzas suman más de 4,000 efectivos, con capacidades ofensivas y de vigilancia que superan lo habitual en las operaciones rutinarias de seguridad marítima.

De acuerdo con fuentes oficiales, el objetivo de este despliegue es combatir lo que Washington ha denominado “narcoterrorismo”. La administración estadounidense acusa a organizaciones como el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, así como a la pandilla MS-13, de operar en alianza desde la región y poner en riesgo la seguridad hemisférica. La operación es vista como una extensión de la política de mano dura de Trump contra el crimen organizado en América Latina.

La presencia de estas fuerzas no es un hecho aislado, sino parte de una larga tradición de influencia militar estadounidense en el Caribe. Desde la base de Guantánamo en Cuba hasta instalaciones en Puerto Rico, Panamá y Colombia, Washington mantiene más de 70 bases en América Latina.

Además, unidades como la Joint Task Force Bravo, con sede en Honduras, han servido históricamente como plataformas para operaciones contra el narcotráfico y acciones de asistencia humanitaria en la región.

La reacción de Venezuela no se ha hecho esperar. El presidente Nicolás Maduro ordenó la movilización de 4,5 millones de milicianos como respuesta al movimiento de los buques de guerra estadounidenses frente a sus costas. Maduro acusó a Washington de preparar una provocación e incluso prohibió el uso de drones civiles en territorio venezolano como medida de seguridad, argumentando que se busca proteger la soberanía del país frente a una posible agresión.

Analistas internacionales consideran que esta escalada puede derivar en un aumento de la tensión regional. Si bien Estados Unidos justifica la operación como un esfuerzo para frenar el tráfico de drogas, su despliegue militar tan cercano a Venezuela es interpretado como una señal de presión política de que van contra el régimen de Maduro. Al mismo tiempo, países vecinos observan con cautela, temiendo que la militarización afecte las rutas comerciales y provoque inestabilidad.

El Caribe, históricamente escenario de intervenciones estadounidenses —desde las llamadas “Banana Wars” hasta la invasión de Granada en 1983—, vuelve a colocarse en el centro del tablero geopolítico.

Esta  nueva estrategia refuerza la idea de que la región sigue siendo un espacio estratégico para Washington, donde confluyen intereses de seguridad, narcotráfico y poder político, en una coyuntura que amenaza con tensar aún más la relación entre Estados Unidos y Venezuela.