Seguridad sí, DEA no

– Opinión, por Iván Arrazola

La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad enfrenta un dilema central que puede resumirse en la idea “Seguridad sí, DEA no”. Con esta fórmula no se busca negar la necesidad de cooperación, sino subrayar que la asistencia en la lucha contra el crimen organizado no debe implicar subordinación frente a una agencia extranjera.

El reto para el gobierno mexicano, y particularmente para la presidenta Claudia Sheinbaum, es mantener una coordinación eficaz con Washington sin dar la impresión de entregar autonomía ni de actuar bajo órdenes externas.

Ahora bien, el reto no es menor: en Estados Unidos, Donald Trump busca enviar a su electorado la señal de que está enfrentando el problema del tráfico de fentanilo y, en ese propósito, no mostrará sutileza alguna al remarcar quién ejerce el control y quién toma las decisiones para atender la crisis.

Por otra parte, el propio gobierno mexicano envía señales contradictorias. El reciente traslado de 26 reos a Estados Unidos revela que, pese a estar encarcelados, estos seguían operando desde prisiones mexicanas y dirigiendo las actividades de sus cárteles.

Esta decisión, aunque pragmática, pone en entredicho el discurso de soberanía que la presidenta Sheinbaum defiende con frecuencia y, en cambio, exhibe las serias debilidades del sistema de seguridad y control penitenciario en el país.

A ello se suma la presencia de drones estadounidenses en territorio mexicano —revelada primero por la prensa norteamericana y después reconocida únicamente en el caso del Estado de México—, lo que pone en evidencia la dependencia tecnológica del gobierno para monitorear y analizar las operaciones de los grupos criminales.

Este tipo de acciones parecían anticipar la firma de un acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos; no obstante, ante el rechazo de la presidenta Sheinbaum a colaborar directamente con la DEA, ese entendimiento parece quedar en suspenso.

En este escenario, se observan dos posibles rutas. La primera es que el gobierno estadounidense incremente la presión para que México adopte acciones alineadas a sus intereses —como frenar el tráfico de fentanilo— y que el gobierno mexicano, sin margen de maniobra, termine aceptando. La segunda posibilidad es que el gobierno mexicano busque resistirse, consciente de que aceptar sin condiciones lo exhibiría ante la ciudadanía como un gobierno entreguista.

La ambigüedad de la postura oficial se refleja en la idea de “coordinación sin subordinación”. Aunque Sheinbaum la reitera, no queda claro cómo se traducirá en la práctica. El antecedente de tensiones con la DEA —desde la detención del general Salvador Cienfuegos hasta las restricciones impuestas por López Obrador— refuerza la desconfianza mutua y hace más evidente la necesidad de definir los límites de la cooperación.

El problema de fondo radica en que las instituciones de seguridad mexicanas —Ejército, Marina y Guardia Nacional— no cuentan aún con la fortaleza necesaria para enfrentar al crimen organizado por sí solas. A pesar de reformas legales y esfuerzos de centralización, persisten dudas sobre el tiempo que tomará ver resultados tangibles y si existen recursos suficientes para sostenerlos.

La debilidad es aún mayor en inteligencia: México carece de capacidad plena para desmantelar redes de protección criminal, lo que coloca en el centro la relevancia del llamado “Proyecto Portero”, enfocado en rastrear tanto el ingreso de fentanilo a Estados Unidos como el flujo de armas hacia México.

Ante esta evidente asimetría, México difícilmente puede reclamar un trato en condiciones de igualdad. De ahí que el verdadero malestar de la presidencia parezca estar más en la exposición pública de la dependencia que en la cooperación misma. Casos como el uso de drones —negado oficialmente pero imposible de ocultar tras lo ocurrido en el Estado de México— revelan la dificultad de mantener discreción en un terreno donde Estados Unidos busca mostrar control y capacidad de acción.

A ello se suman las acusaciones lanzadas de manera abierta por Donald Trump sobre una alianza intolerable del gobierno con el crimen organizado. Aunque la presidenta ha respondido a través de redes sociales y en sus conferencias matutinas, no ha logrado disipar las dudas. La presunta alianza entre el crimen organizado y el gobierno mexicano constituye una de las imputaciones más graves planteadas desde Estados Unidos.

La fórmula “Seguridad sí, DEA no” sintetiza la paradoja de la política mexicana: el gobierno necesita la cooperación estadounidense para enfrentar al crimen organizado, pero busca evitar que esa relación lo convierta en un actor subordinado. Es probable que lo que se pretenda sea mantener la cooperación operativa mientras se controla la narrativa interna para no perder legitimidad política.

Sin embargo, en Estados Unidos la presión para exhibir resultados es mayor, lo que inevitablemente pondrá en evidencia quién detenta el control de la estrategia binacional. El desafío, entonces, no es decidir si habrá o no cooperación, sino cómo lograr que esta se ejerza sin erosionar la soberanía mexicana.