Desmontando el mito

– Opinión, por Iván Arrazola

Uno de los dilemas que enfrentó Andrés Manuel López Obrador al llegar al poder fue cómo conformar un equipo capaz de implementar sus proyectos de gobierno y, al mismo tiempo, mantenerlo bajo estricta vigilancia para evitar actos de corrupción. La respuesta la encontró en dos instituciones con fuerte disciplina interna: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

A ellas les atribuyó un rasgo casi incuestionable: la incorruptibilidad. Sin embargo, los recientes escándalos revelan que esta premisa, presentada como garantía de eficacia y honestidad, no era más que un mito que hoy comienza a desmontarse.

A la primera le encomendó la ejecución de sus obras emblemáticas, como la construcción del Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. A la segunda, le otorgó la administración y el control de las aduanas. Esta última decisión generó fricciones con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien no estuvo de acuerdo con que los militares asumieran esas tareas.

La lógica detrás de esta decisión obedecía a que López Obrador no confiaba en otros perfiles para desempeñar estas funciones. Argumentaba que la verticalidad de las Fuerzas Armadas garantizaba rendición de cuentas directa y control absoluto ante cualquier anomalía.

Sin embargo, ese mito comenzó a resquebrajarse con el anuncio del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre el desmantelamiento de una red de contrabando de huachicol fiscal operada por elementos de la Marina. Los principales responsables eran los hermanos Lagunas Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Desde sus primeros años en el poder, López Obrador dejó claro que privilegiaba la confianza personal por encima de la capacidad técnica en la selección de su equipo. En este caso, la narrativa de incorruptibilidad se derrumbó.

Aunque poco se sabe más allá de lo que han declarado las autoridades, hay antecedentes que permiten entender la magnitud del problema. El periodista Carlos Loret de Mola había publicado en 2022 una columna en la que señalaba a los sobrinos de Ojeda como operadores de una red de huachicol. No obstante, la publicación fue desestimada por ser un periodista incomodo.

El reto mayor ahora es deslindar al expresidente López Obrador de este escándalo. Según las declaraciones de García Harfuch y Gertz Manero, el propio Rafael Ojeda había denunciado a sus sobrinos dos años antes y solicitado que se les investigara. Por otro lado, las autoridades han insistido en que se trataba de “unas cuantas manzanas podridas”, y no de una institución infiltrada por redes de corrupción.

Para dar coherencia a su versión, explicaron que las órdenes de aprehensión se giraron hasta este año porque se necesitaban más pruebas, las mismas que llegaron con la incautación del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, cargado con 10 millones de litros de combustible ilegal, y con la detección de otros 8 millones de litros en un predio en Ensenada.

No obstante, las dudas persisten: ¿se informó al presidente de la denuncia original?, ¿qué medidas se tomaron para limitar el poder de los sospechosos?, ¿cómo fue posible que uno de los sobrinos ascendiera en su carrera naval mientras era investigado?

La administración de Claudia Sheinbaum busca deslindar a López Obrador y a su secretario de Marina del caso, aunque reportajes periodísticos y la presión de Estados Unidos sugieren que México fue alertado con anticipación y actuó solo tras insistencia de Washington.

El mayor desafío para el actual gobierno es desmontar definitivamente el mito de la incorruptibilidad militar. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, particularmente en la administración de aduanas, parece haberse salido de control. A ello se suman las muertes sospechosas de elementos vinculados de alguna manera con el caso.

La insistencia en eximir de responsabilidad a López Obrador y a Ojeda puede interpretarse como un intento de encubrir a la administración pasada. Por ello, sería prudente que el gobierno de Sheinbaum, como ella misma ha declarado, esperara a que concluyan las investigaciones antes de exonerar públicamente a alguien.

El otro gran reto es decidir qué papel tendrán las Fuerzas Armadas en adelante: ¿seguirán ocupando funciones civiles estratégicas o se dará un proceso de devolución de atribuciones a manos civiles? Después de la magnitud de este escándalo, resulta difícil justificar que la Marina mantenga el control de las aduanas.

En última instancia, aunque Sheinbaum insista en que el combate a la corrupción será frontal, mientras México no cuente con un sistema robusto de instituciones independientes que investiguen y sancionen estos casos, sus esfuerzos serán percibidos más como actos de voluntad política que como transformaciones de fondo.

Y un país sin contrapesos, más allá de discursos o promesas, sigue siendo vulnerable frente a la corrupción estructural que, en su momento, el líder moral de la 4T proclamó haber erradicado.