El fracaso de militarizar puertos y aduanas

– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

El escándalo del “huachicol fiscal” ha cimbrado al gobierno de Claudia Sheinbaum, exponiendo una red de corrupción que involucra a la Secretaría de Marina (Semar) y Aduanas, instituciones que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó como baluartes contra la corrupción.

En las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, el huachicol era un estribillo recurrente: un mal heredado de los gobiernos neoliberales, combatido con mano firme por la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. «Ya no hay huachicol», repetía el expresidente, mientras la Secretaría de Marina (Semar) asumía el control de aduanas y puertos en 2021, con la promesa de blindar estas instituciones contra la corrupción.

Cuatro años después, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, esa narrativa se desmorona con un estruendo ensordecedor. El escándalo del «huachicol fiscal» —un fraude aduanero que evade impuestos importando combustible ilegal como mercancía exenta— revela no solo una red de complicidades tejida en los altos mandos de la Marina y Aduanas, sino una corrupción institucionalizada que cuesta al erario 170,000 millones de pesos anuales, según estimaciones de la oposición.

Este caso no es un tropiezo aislado; es el espejo de un sistema que, al militarizar funciones civiles, sembró las semillas de su propia podredumbre.

El detonante fue el decomiso de un megabuque en el puerto de Tampico, en marzo de 2025, con 10 millones de litros de diésel. De allí surgió una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que, curiosamente, inició hace dos años a petición del propio exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué no se actuó?

Sin embargo, el telón se abrió el 7 de septiembre de 2025, con la detención de 14 personas: un vicealmirante en activo, Manuel Roberto Farías Laguna —sobrino político del almirante Ojeda—, cinco marinos más, cinco exfuncionarios de Aduanas (incluido el exdirector de Tampico, Francisco Antonio Martínez) y tres empresarios.

La red operaba con audacia: 31 buques descargaron combustible ilegal entre abril de 2024 y marzo de 2025 en Altamira y Tampico, declarando diésel como sustancias temporales o exentas de impuestos, para revenderlo a gasolineras y flotillas a precios de dumping.

La FGR vinculó a proceso a nueve de ellos, incluyendo a Farías Laguna, y decomisó cuentas bancarias con cientos de millones de pesos, propiedades y vehículos de lujo que delatan un modus operandi de élite.

EsEste El escándalo del huachicol fiscal expone la fragilidad del modelo de la Cuarta Transformación (4T). López Obrador entregó las aduanas a la Marina convencido de su «incorruptibilidad» —una institución con 89.7% de aprobación en junio de 2025, según el INEGI—.

Pero al militarizar funciones civiles, se creó un vacío de rendición de cuentas: menos burocracia civil, sí, pero también menos escrutinio. Los sobrinos de Ojeda, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, operaban desde la cúpula naval, con comunicaciones a más de 300 números en aduanas clave como Guaymas, Ensenada, Manzanillo y Veracruz entre 2023 y 2025.

El capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias «El Capitán Sol», emergió como operador clave, tranquilizando a testigos con frases como «no va a pasar nada» por supuestos «acuerdos políticos» entre Omar García Harfuch y el hijo del expresidente.

Y mientras, dos marinos mueren en circunstancias sospechosas —un «suicidio» y un «accidente de tiro»— durante la investigación, lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum evadió con frialdad en su mañanera; antes había sido asesinado el contraalmitante de la Aduana de Manzanillo que había denunciado la corrupción que allí había descubierto.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con un discurso de «cero impunidad», respaldando las denuncias de Ojeda y el actual secretario Raymundo Pedro Morales, a quien describe como «íntegro y valiente».

En el desfile del 16 de septiembre, Morales declaró: «Hubiera sido imperdonable callarlo. Duela lo que duela, responderemos».

La FGR, bajo Alejandro Gertz Manero, promete profundizar, y Sheinbaum exige llegar «al fondo», incluso si involucra a las Fuerzas Armadas.

Las pérdidas por huachicol superan los 13,000 millones de pesos solo en el primer semestre de 2025,  y este golpe desmantela una red que operaba con descaro. Pero esto huele a control de daños. La investigación, iniciada en el sexenio anterior, se acelera ahora, tras presiones de EE.UU. durante la visita de Marco Rubio.

Sheinbaum defiende a AMLO —»no hay responsabilidad en él»—, pero el silencio del tabasqueño es ensordecedor.

¿Es esto un deslinde genuino o un blindaje para la 4T? La oposición —PAN, PRI y MC— lo califica como «el mayor escándalo de corrupción en la historia», exigiendo investigar a exfuncionarios como Alfonso Durazo y Adán Augusto López, cercanos a AMLO.

La red de complicidades es un laberinto: prestanombres como una «ayudante de carpintería» y un «alcohólico» para empresas fantasma; vínculos con el «Señor de los Buques»; y una UIF que detectó lujos inexplicables en Farías.

El escándalo cuestiona El escándalo le pega en el corazón al discurso de López Obrador contra la corrupción y de “no somos iguales” de la 4T y a las Fuerzas Armadas como baluarte moral. Es evidente que el modelo de militarización de aduanas y puertos que generó opacidad es un fracaso.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema: su gobierno, que prometió continuidad con transformación, tropieza con el legado de AMLO. Si la FGR llega «tope donde tope», podría fortalecer instituciones, con un «cambio de rumbo» en el poder militar.

Pero si se diluye en retórica —como las «muchísimas detenciones» del sexenio pasado que no frenaron el fraude—,  erosionará su credibilidad. Pemex, aún en pérdidas, no será «autosuficiente» en 2027 si el huachicol fiscal sigue financiando cárteles.

Para avanzar, Sheinbaum debe auditar a fondo la Semar, devolver las aduanas a la gestión civil y priorizar inteligencia sobre lealtad. Un primer paso sería transparentar los contratos de las empresas fantasma y esclarecer las muertes sospechosas.

También urge una reforma fiscal que cierre las lagunas del “huachicol fiscal” y fortalezca la vigilancia en puertos. La 4T no puede seguir viviendo de narrativas; los hechos son implacables. Este escándalo no es solo un golpe a la corrupción, sino un desafío existencial para el proyecto de transformación. La historia, como siempre, juzgará por resultados, no por mañaneras.

Sheinbaum debe auditar a fondo la Semar, recuperar aduanas civiles y priorizar inteligencia sobre lealtad. De lo contrario, este escándalo no será un «golpe a la corrupción», sino un autogol a la 4T. La historia, como siempre, juzgará por hechos, no por mañaneras.