El paquete y la realidad

– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

La Secretaría de Hacienda presentó un Paquete Económico para 2026 que cumple con la finalidad que persigue el gobierno, que es transmitir tranquilidad y confianza en el gremio financiero nacional e internacional.

En el papel, parece realista y creíble en cuanto al gasto, aunque no resulta igual con el ingreso; sin embargo, ha sido suficiente para que las calificadoras internacionales expresen conformidad, aunque con reservas.

Esas reservas se expresan en dudas sobre la cifra estimada de crecimiento para 2026, que Hacienda fija optimistamente en 1.6, mientras analistas del sector privado lo ubican en el rango de 0.8. Las razones son que el entorno internacional es incierto por la política económica estadounidense. La economía nacional es muy dependiente de la de Estados Unidos. Además, las decisiones arancelarias y la negociación del TMEC traerán más incertidumbre, lo que afectará a la inversión productiva.

Además, el proteccionismo y prácticas arancelarias de Donald Trump limitarán que empresas extranjeras aprovechen el nearshoring que ofrece nuestro país.

También hay lugar para la incredulidad sobre las cifras que pronostica la Secretaría de Hacienda. Estima un déficit presupuestario de 3.6% del PIB, pero da por cierto que habrá un superávit de 1.0 en las empresas públicas del Estado, Pemex, CFE y los organismos de control presupuestario directo, IMSS. ISSSTE.

En el paquete económico, Hacienda confía en que el consumo aumentará gracias a las mejoras salariales y los programas sociales. Se asume que el consumo crecerá por el aumento de la economía y que los programas sociales se beneficiarán de un mayor ingreso fiscal.

El comportamiento del empleo no da lugar al optimismo. Si bien el IMSS reportó hasta julio de este año 23.6 millones de puestos de trabajo, los sectores de construcción y manufactura, altos generadores de empleo formal, han estado observando una tendencia descendente. Por otra parte, los salarios no pueden seguir subiendo por decreto y el aumento de los programas sociales es una presión constante, por lo que apostar al consumo no resulta convincente.

Otra gran interrogante radica en el monto de la deuda pública. La estimación es que llegará a 20 billones de pesos en 2026. La Secretaría de Hacienda intenta tranquilizar diciendo que esta cifra está dentro del margen de 52.3% del PIB.

Sin embargo, el costo financiero del servicio de la deuda se eleva a 1.38 billones (millones de millones) de pesos, es decir, el 3.8% del PIB. Es mucho más de lo que se destina a salud y educación. Estos niveles de costo no se veían desde 1990.

Dicho todo esto, en lenguaje llano, significa que el gobierno gasta más de lo que ingresa. El déficit lo subsana con deuda. El pago del servicio de la deuda limita la inversión productiva del Estado y debilita los servicios públicos. Además, no puede dejar de endeudarse porque no tiene condiciones para crecer a mayor tasa que la inflación y el crecimiento demográfico.

Traducido al habla doméstica, es como decir que vivimos a costa de una tarjeta de crédito a la cual pagamos mensualmente el mínimo, mientras seguimos gastando y crecen los intereses.

Son obvios los malabares que hace la autoridad hacendaria para darle credibilidad a la política económica del gobierno, pero lo cierto es que se necesita más que habilidades técnicas económicas para salir del hoyo en que está nuestro país.

La confianza, con reservas, que se está otorgando al régimen, deriva de la esperanza de una rectificación en políticas públicas que limitan las iniciativas empresariales y con ello la inversión productiva.

El gobierno afirma en el discurso que hay disposición y apoyo; sin embargo, la retórica no se corresponde con las iniciativas de ley que se han presentado ni con algunas leyes y reformas constitucionales que se han aprobado. Las medidas implementadas para combatir la inseguridad se aplaudirían más si se tuviera la certidumbre de que es decisión propia y no debida a presiones externas.

La iniciativa del Plan México y la política de sustitución de importaciones para apoyar a la industria nacional sería más creíble si se aumentaran los apoyos a la pequeña y mediana industria y la inversión se sentiría más segura con tribunales independientes y viendo que las nuevas reformas en materia de amparo y de regulación económica no sean más favorables al Estado y sus instituciones que a los ciudadanos y empresarios.

El panorama optimista que pinta el paquete económico tiene bases muy subjetivas y hará falta que en las otras áreas del gobierno empiecen a trabajar en serio para que la panacea que proyecta el Plan México pueda concretarse.

No es malo, pero choca con la ideología heredada. La otra vía es prepararse para seguir siendo una adherencia de la economía norteamericana.