Las Villas Panamericanas: Un fraude transexenal que marcó a Jalisco

– Por Redacción Conciencia Pública

El término “fraude” —un acto para eludir la ley en perjuicio del Estado o terceros— define con precisión el caso de las Villas Panamericanas en El Bajío, Zapopan. Este complejo inmobiliario, construido ilegalmente en una zona ambientalmente frágil, se ha convertido en un escándalo transexenal que abarca los gobiernos de Emilio González Márquez (PAN), Aristóteles Sandoval Díaz (PRI), Enrique Alfaro Ramírez y Pablo Lemus Navarro (Movimiento Ciudadano).

Durante 15 años, las Villas han sido un símbolo de corrupción, afectando la salud ambiental de Jalisco y los recursos públicos, mientras los gobernantes de tres partidos distintos aprovecharon la obra para negocios opacos.

El proyecto, iniciado en 2010, ha generado un daño patrimonial estimado en más de 1,200 millones de pesos, afectando al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Iprovipe) y al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal).

Solo en 2025, bajo la gestión de Lemus, se destapó un fraude de 130 millones de pesos triangulados del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal), con 340 departamentos asegurados y 170 cuentas congeladas.

Este caso, liderado por el empresario Jaime Alberto Moreno Cardeña, exhibe una red de complicidades que compromete a exfuncionarios y empresarios, con órdenes de aprehensión internacionales vía Interpol.

La relevancia de este escándalo trasciende lo financiero. Las Villas, construidas cerca del Bosque de La Primavera, violan regulaciones ambientales al ocupar un vaso regulador de agua, crucial para los mantos freáticos que abastecen el poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Este desastre urbanístico no solo desvió recursos destinados a vivienda social y pensiones, sino que comprometió el equilibrio ecológico de Jalisco. La intervención de Lemus, aunque tardía, marca un punto de inflexión, pero plantea preguntas: ¿es un esfuerzo genuino por justicia o un ajuste de cuentas políticas?

El caso refleja un sistema donde las promesas de campaña se diluyen frente a intereses económicos. Desde su origen hasta las maniobras para legalizarlo, las Villas Panamericanas son un recordatorio de cómo la falta de transparencia y la connivencia entre autoridades y empresarios pueden perpetuar el daño a la sociedad. Jalisco merece respuestas y acciones concretas para evitar que este fraude transexenal se repita.

EL PECADO ORIGINAL

En 2010, el gobierno de Emilio González Márquez lanzó el proyecto de las Villas Panamericanas en 17 hectáreas de El Bajío, una zona de fragilidad ambiental por su cercanía al Bosque de La Primavera y su rol como vaso regulador hídrico.

Los cuatro edificios, con 900 departamentos y espacios comerciales, costaron 1,200 millones de pesos, financiados en gran parte por Iprovipe (860 millones, destinados a vivienda social) e Ipejal (340 millones, del fondo de pensiones de trabajadores y maestros).

La promesa era que, tras los Juegos Panamericanos de 2011, los edificios se destinarían a fines educativos o sociales, como un albergue para adultos mayores.

El proceso estuvo plagado de irregularidades. Inicialmente, se propusieron ubicaciones como Mariano Otero, El Disparate (en Huentitán) y el Parque Agua Azul, pero todas fracasaron. La opción del Parque Morelos, en el centro de Guadalajara, fue descartada por Mario Vázquez Raña, pre

Finalmente, el Grupo Corey, con terrenos en El Bajío, obtuvo el proyecto mediante licencias temporales otorgadas ilegalmente por Zapopan, ignorando restricciones de alta densidad.

DE LA DEMOLICIÓN AL NEGOCIO

Aristóteles Sandoval, en campaña, prometió demoler las Villas, calificadas por magistrados del Tribunal Administrativo como un “monumento a la corrupción”. Sin embargo, incumplió. En 2014, su administración solapó un fraude al Fojal por 100 millones de pesos (hoy 130 millones con intereses), desviados a través de empresas fachada para adquirir el conjunto Avaterra, parte de las Villas.

Este esquema involucró a 77 personas y 39 empresas, según la Fiscalía del Estado, pero la denuncia tardó 11 años en presentarse, evidenciando encubrimiento.

En el sexenio de Enrique Alfaro (2018-2024), se esperaba la recuperación de la inversión de Ipejal, pero la promesa se diluyó. Alfaro no solo omitió sancionar el fraude de Moreno Cardeña, sino que en 2019 emitió un decreto declarando El Bajío “Zona de Recuperación Ambiental”, excluyendo las 16 hectáreas de las Villas.

Dicha acción permitió su venta a Green Life Capital, financiada con los recursos mal habidos del Fojal. Además, Alfaro intentó otorgar un permiso de habitabilidad, enfrentándose públicamente con el entonces alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, quien lo rechazó.

LA RESPUESTA DE LEMUS

El gobierno de Pablo Lemus, iniciado en 2024, destapó el fraude al Fojal, denunciando a Moreno Cardeña y su red. La Fiscalía abrió la carpeta 16124/2025, asegurando 340 departamentos de Avaterra, congelando 170 cuentas y emitiendo órdenes de aprehensión.

Lemus propone que la venta de los departamentos compense la deuda con Ipejal, aunque el fraude original afectó al Fojal. Esta acción, aunque necesaria, llega tarde y no aborda el daño ambiental ni la recuperación total de los 1,200 millones invertidos.

UN LEGADO DE IMPUNIDAD

Las Villas Panamericanas son un emblema de la corrupción transexenal en Jalisco. Tres gobiernos, de tres partidos, permitieron o solaparon un proyecto que violó normas ambientales, desvió recursos públicos y benefició a privados.

La intervención de Lemus es un paso, pero insuficiente. Urge una auditoría integral a Iprovipe, Ipejal y Fojal, sanciones ejemplares y un plan para mitigar el impacto ambiental en El Bajío. Jalisco no puede seguir cargando con este fraude que, lejos de ser un legado deportivo, es un recordatorio de la codicia y la negligencia.