Reforma a la Ley de Amparo: ¿golpe directo a los privilegios fiscales de empresarios como Salinas Pliego?

– Opinión, por José Modesto Barros Romo

La propuesta de reforma a la Ley de Amparo, presentada el pasado 15 de septiembre de 2025 por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso, ha encendido un intenso debate en el país entre los que están a favor y en contra de la misma.

El objetivo central de la iniciativa es limitar el uso del amparo como herramienta para suspender actos de autoridad, por ejemplo cuando ya existen créditos fiscales firmes, una práctica que ha sido utilizada por grandes corporativos y empresarios para retrasar indefinidamente el pago de impuestos.

Entre los casos más sonados se encuentra el de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, quien mantiene litigios millonarios contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por deudas fiscales acumuladas.

Durante años, el empresario ha recurrido a una batería de amparos y suspensiones que han permitido congelar el cobro de impuestos mientras los procesos legales se prolongan en los tribunales. La reforma, de aprobarse, cerraría esa puerta.

La iniciativa plantea que las suspensiones provisionales ya no procederán cuando estén relacionadas con créditos fiscales firmes, salvo que se garantice el interés fiscal con depósitos o cartas de crédito. Esto significa que las empresas y particulares con deudas definitivas no podrán detener los embargos o cobros del SAT sin poner sobre la mesa un respaldo económico inmediato.

Para analistas y juristas, este punto es especialmente relevante porque coloca a Salinas Pliego en el centro del debate. Su caso se ha convertido en un emblema de cómo las grandes fortunas han utilizado las lagunas del sistema judicial para evitar el pago de miles de millones de pesos.

La reforma es vista por algunos analistas como un mensaje político directo: la era de los amparos eternos podría estar llegando a su fin.

El trasfondo político no pasa desapercibido. En los últimos años, el Poder Judicial ha mostrado señales de mayor tendencia a favor de la llamada Cuarta Transformación, más aún después de la Elección Judicial, que alineó a la mayor parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a los jueces de tribunales federales de todo el país, en la misma tendencia política que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es decir, con el partido gobernante.

Aunque la independencia judicial sigue siendo un tema de discusión, varios fallos recientes han favorecido las posturas del Ejecutivo y del Legislativo, lo que abre la puerta a que esta reforma tenga un camino más llano en tribunales.

No obstante, las críticas no se han hecho esperar. Académicos y opositores advierten que limitar el amparo podría debilitar uno de los instrumentos más importantes de defensa de los derechos ciudadanos. Señalan que, aunque la medida parece apuntar a los grandes evasores fiscales, también podría restringir el acceso de ciudadanos comunes a suspensiones en casos donde se vulnere su patrimonio o libertad.

En suma, la reforma al amparo podría marcar un parteaguas en la relación entre el fisco y los grandes contribuyentes. Si se aprueba, el impacto en casos como el de Ricardo Salinas Pliego (quien incluso en los últimos días dijo que no descarta postularse por la presidencia) será inevitable.

Ya no bastará con interponer amparos para detener el cobro de sus multimillonarias deudas, y los empresarios como él deberán enfrentar directamente a la autoridad hacendaria en un escenario que no es favorable a los grupos de poder que están alineados con la ideología derechista, como es su caso.