Autonomía rendida

– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza

Pocos organismos públicos gozan del blindaje constitucional que garantiza, al menos en papel, autonomía de gestión, independencia de criterio y especialización técnica. Son los llamados Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA).

Nacieron para sustraer ciertas funciones delicadas —como garantizar elecciones, proteger derechos humanos, fiscalizar cuentas públicas o asegurar el acceso a la información— del vaivén político y del control discrecional de los poderes tradicionales. Su razón de ser era noble. Pero en la práctica, muchos de estos organismos se rindieron solos.

El caso del ITEI en Jalisco es paradigmático. Se trató de un órgano garante en materia de transparencia y protección de datos que terminó por acumular más de 58 mil expedientes resueltos y al menos 5 mil “vivos”, es decir, en trámite. Un volumen que, por sí solo, retrata la incapacidad operativa de la institución, pero también la hipertrofia burocrática de sus procedimientos.

En lugar de especializarse, el instituto se atascó en su propia inercia. No logró resolver su rezago, ni explicar siquiera a qué se referían los “expedientes vivos”. No se dignó a responder a los medios. No hubo rendición de cuentas frente a su inminente desaparición. Y, lo peor, tampoco hubo defensa técnica ni pública que convenciera a la ciudadanía de que valía la pena salvarlo.

La reforma que eliminó al ITEI distribuyó sus funciones entre distintas instancias como la Contraloría del Estado, el Congreso, el Poder Judicial, y hasta el IEPC o la CEDHJ. Aunque pueda debatirse si esa “atomización” fue la vía correcta, lo cierto es que no hubo resistencia institucional seria desde el propio ITEI. Sus últimos comisionados parecían resignados. Se limitaron a enviar cajas. Ni un amparo, ni una campaña, ni un alegato técnico sólido. Renunciaron con elegancia, pero también con deliberada docilidad.

Este fenómeno no es exclusivo de Jalisco. A nivel nacional, varios OCA’s se han convertido en espacios colonizados por cuotas partidistas, atrapados entre la simulación de autonomía y la realidad de la cooptación política.

Cuando eso sucede, ya no se trata de órganos autónomos, sino de oficinas satélite del poder, disfrazadas de independencia. Y entonces, con razón, la autoridad del Estado comienza a preguntarse: ¿para qué sostener instituciones que ya no cumplen su promesa constitucional?

Porque una cosa debe quedar clara: que no es antidemocrático reformar un OCA que ha dejado de ser autónomo, que ha perdido su sentido público o su capacidad técnica. Es, en muchos casos, una necesidad institucional. Lo que sí sería regresivo es sustituirlo por órganos completamente subordinados al Ejecutivo. Pero la intervención no siempre implica anulación de la autonomía, sino su rescate. A veces el bisturí no es autoritarismo, sino profilaxis.

El ITEI fue, durante años, ejemplo de cómo puede avanzar la transparencia en una entidad federativa. Pero terminó por ser también un ejemplo de cómo puede desvanecerse la legitimidad institucional cuando no se defiende la autonomía con independencia y resultados. Cuando los OCA’s se vuelven incapaces de explicar su utilidad pública —o, peor, cuando dejan de tenerla—, entonces la crítica a su existencia deja de ser ideológica y se vuelve pragmática.

Por eso la pregunta ya no es si los gobiernos deben respetar a ciegas los organismos autónomos. La verdadera pregunta es: ¿qué hacemos con los organismos que, sin que nadie los toque, se entregan por decisión propia al poder o al letargo?