El negocio de la salud pública: Antonio Cruces Mada, con los dedos sucios

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Un nombre puede ser un epitafio adelantado. “Operadora Dedos Sucios” —así, sin disfraz, sin rubor— se constituyó en Guadalajara en 2020. La empresa parecía una broma de cantina, pero tenía como socio mayoritario al exsecretario de Salud de Jalisco, Antonio Cruces Mada. A su lado, Jesús González Lomelí, un magnate fronterizo ligado al Cártel de Sinaloa, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Lo que sonaba a una ocurrencia grotesca terminó siendo un símbolo exacto: el retrato de un funcionario que confundió la política con el saqueo y la salud pública con un botín.

Cruces Mada, médico de formación, había hecho carrera en la burocracia jalisciense: titular de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, luego responsable del Seguro Popular, más tarde secretario de Salud en el sexenio de Aristóteles Sandoval. Pero su verdadero oficio no fue curar cuerpos, sino extirpar presupuestos.

En 2015, mientras fungía como director del Seguro Popular Jalisco, Cruces Mada repetía una y otra vez que no existía deuda alguna con los Hospitales Civiles de Guadalajara. “Se ha cumplido cabalmente con los compromisos”, decía con aplomo frente a reporteros.

La Universidad de Guadalajara, los Hospitales Civiles y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud le respondieron con un documento demoledor: no sólo sí había deuda, sino que superaba los 764 millones de pesos. Y lo acusaban de algo más grave: querer confundir, engañar a la opinión pública con declaraciones falsas y dolosas.

Los firmantes —entre ellos el rector Tonatiuh Bravo Padilla -Hoy diputado del desaparecido partido Hagamos- y los directores de ambos hospitales— enumeraron las cifras que el funcionario pretendía evaporar: 6.5 millones de pesos en 2013, 131.9 millones en 2014 y 627.1 millones en 2015. Todo documentado, con comprobaciones entregadas al propio Seguro Popular. La estrategia de Cruces, que denunciaban, era retardar durante meses la conciliación de cuentas para usar ese retraso como pretexto y no pagar.

No era la primera vez que quedaba en evidencia. En febrero de 2013, la Secretaría de Salud, el OPD Servicios de Salud Jalisco y el Seguro Popular habían firmado junto con el Hospital Civil un acta circunstanciada de hechos por un monto de 382.6 millones de pesos adicionales al contrato de ese año. El documento reconocía plenamente el adeudo, y además constaban acuses de recepción por 200 millones de pesos en servicios prestados durante enero y febrero de 2013.

Ante semejantes pruebas, los directivos de la UdeG sentenciaban: “Es imposible desconocer estos compromisos, como ha pretendido Cruces Mada”. Recordaban incluso el decreto del Congreso del Estado de 2012, que obligaba a reconocer todos los actos jurídicos celebrados hasta febrero de 2013.

El mensaje era claro: Cruces no solo mentía, sino que trataba de borrar con declaraciones públicas lo que estaba estampado con tinta oficial.

La disputa no era un pleito de contadores. Cada peso negado significaba un insumo menos, un proveedor que dejaba de surtir, una sala quirúrgica paralizada. “La crisis financiera pone en grave riesgo la operación, capacidad y calidad de atención de esta benemérita institución”, advertían los directivos en su carta.

La escena resultaba deprimente: mientras el director del Seguro Popular juraba no deber un centavo, en los pasillos del Hospital Civil los médicos improvisaban con lo poco disponible, y los pacientes más pobres de Jalisco aguardaban en salas saturadas. El hospital convertido en rehén de la corrupción.

La impunidad, sin embargo, no duró para siempre. En febrero de 2020, Cruces Mada fue vinculado a proceso, junto con Jaime Agustín González Álvarez, por los delitos de desvío de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

El caso estalló por la compra irregular de equipos de videovigilancia para el Hospital General de Occidente y contratos simulados por servicios que nunca se prestaron. El daño estimado al erario: 25 millones de pesos.

El juez Juan José Rodríguez Velarde dictó medidas cautelares: resguardo domiciliario para Cruces Mada, prohibición de salida del país para sus compañeros de gabinete. Un cuarto implicado, Fernando Letipichia, exdirector jurídico, fue el único que escapó de la vinculación.

Dos años después, en octubre de 2022, el exsecretario volvió a los tribunales. Esta vez por peculado. La acusación parecía menor: haberse ausentado de su cargo en 2016 y 2017 sin permiso ni vacaciones. Pero el trasfondo era otro: desatención dolosa de la administración pública, con la consecuencia de nuevos desfalcos.

El juez le impuso prisión preventiva y, al final del proceso, la sentencia fue contundente: nueve años de cárcel y el pago de 5.7 millones de pesos por reparación del daño.

El médico que decía no deber nada terminó condenado por ausencias injustificadas y desvíos comprobados. Ironías de la justicia: no faltaba nunca a la cita con el dinero público, pero sí a la oficina.

El caso Cruces Mada no puede entenderse en solitario. Su historia está entretejida con la de una Secretaría de Salud acostumbrada a convertir el presupuesto en negocio. Jaime Agustín González, su antecesor, también enfrentó procesos.

La mecánica era conocida: retrasar pagos a hospitales, presionar con adeudos millonarios, autorizar contratos inflados, justificar privatizaciones encubiertas. Todo bajo la mirada permisiva de un Congreso local incapaz de fiscalizar y de un Ejecutivo más preocupado por la lealtad política que por la salud pública.

“Con los dedos sucios” no era solo el nombre de una empresa fantasma. Era la metáfora perfecta de un político que convirtió la salud en negocio y la mentira en política de Estado.

Cruces Mada terminó en prisión, pero el daño permanece: hospitales endeudados, proveedores reacios a surtir, pacientes en riesgo. La benemérita institución, orgullo de Guadalajara, sigue pagando los platos rotos de quienes confundieron servicio público con caja registradora.

La ironía es cruel: un médico que debía velar por la vida amputó presupuestos, cercenó derechos y abrió heridas que no cierran. La política jalisciense lo recordará no como gestor, ni como doctor, sino como lo que fue: un operador de cuentas falsas.

Ese era su prontuario cuando decidió convertirse en empresario de fachada, accionista mayoritario de una compañía que los estadounidenses señalan como lavadora del dinero sucio de Joaquín Guzmán Loera y su herencia criminal.

El Tesoro norteamericano describió a González Lomelí como un operador clave para blanquear millones de dólares en nombre de los hermanos Arzate, brazo financiero de Ismael “El Mayo” Zambada. No es poca cosa: quince de sus negocios fueron sancionados, entre ellos Veintiuno Mexicali y Botanero 21 Ávila Camacho, ambos ligados también a Cruces.

Su esposa, Nancy Karina Martínez Basañez, corredora pública, también aparece como accionista de Operadora Dedos Sucios. El nepotismo empresarial no conoce de rubores: donde uno mete la firma, el otro pone la fianza.

El asunto se volvió internacional cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de sanciones a González Lomelí y a las firmas donde Cruces figura como socio. Traducido: Estados Unidos congeló activos y prohibió transacciones con esas compañías, a las que identifica como engranajes del Cártel de Sinaloa.

Y así, el epitafio adelantado de su empresa suena a sentencia: Antonio Cruces Mada vivió, gobernó y cayó con los dedos sucios.

En X @DEPACHECOS