JALISCO
Las lecciones del movimiento estudiantil de septiembre
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
¿Qué lecciones deja el movimiento estudiantil que se expresó al interior de la Universidad de Guadalajara en septiembre de 2025 en el contexto del proceso electoral de renovación de los integrantes del Consejo General Universitario (CGU) con la demanda de una democratización más profunda de la representación estudiantil?
El suceso puede ser visto desde diversos ángulos y lecturas, encuadrado en la era postpadilla que vive la Universidad de Guadalajara, que no implica necesariamente un cambio sustantivo en el manejo político de gobierno que se ha vivido en las últimas tres décadas con el liderazgo de Raúl Padilla López que permitió se dieran cambios sustantivos al interior de esta gigantesca institución educativa.
Habrá que apuntar que el movimiento finalmente no alteró el resultado del proceso electoral, inicialmente parecía el surgimiento de un gran movimiento que podría sacudir las estructuras de poder y control de la UdeG que ha trascendido ya a dos generaciones, hoy con los liderazgos de Ricardo Villanueva (Subsecretario de Educación del Gobierno Federal) y de la rectora general Karla Planter.
Algo muy importante de la era de Padilla fue la estabilidad que la UdeG ha vivido y que permitió la creación de la Red Universitaria, el logro de la autonomía y un presupuesto constitucional.
Las votaciones se llevaron a cabo el 25 de septiembre, renovando los 48 consejeros estudiantiles, 9 representantes del personal académico y 9 del personal directivo del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y con una participación del 38% entre el alumnado (126,413 votos de 342,076 estudiantes matriculados), un aumento del 14% respecto a 2024, pero con una abstención superior al 60% y un 12% de votos nulos —el porcentaje más alto en años recientes, especialmente en centros como el CUCSH.
Aunque el movimiento interpretó estos números como un «rechazo masivo» al sistema actual dominado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), las autoridades universitarias validaron el proceso como «pacífico y con participación histórica», procediendo con la integración del nuevo CGU.
La comunidad universitaria —compuesta por más de 350 mil estudiantes y docentes— en gran medida «hizo el vacío» a las demandas radicales del movimiento (como la suspensión inmediata de elecciones y reformas a la Ley Orgánica) por una combinación de factores, entre los que destacan la percepción de injerencia externa y la respuesta conciliadora pero firme de la rectora Karla Planter Pérez. Analicemos ambos, basados en análisis y testimonios recientes:
Injerencia de la Unión Juvenil Revolucionaria Mexicana (UJRM) como factor deslegitimador
Sí, la presencia de la UJRM —una organización de corte marxista-leninista, externa a la UdeG y vinculada al Frente Popular Revolucionario (FPR), jugó un rol clave en alienar a la comunidad. Aunque el movimiento se presentó como autónomo y orgánico, surgido de asambleas interuniversitarias en centros como CUCSH y CUCEA, críticos como el académico Martín Romero Morett (director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA) argumentan que fue «manipulado por agentes externos» como la UJRM, que usó demandas legítimas (mejoras en infraestructura, gratuidad total y transporte seguro) para escalar a tácticas desestabilizadoras como tomas de edificios y paros indefinidos.
Esta percepción de «caballo de Troya político» —buscando capturar órganos colegiados y recursos universitarios para agendas partidistas— deslegitimó el movimiento ante una mayoría que prioriza la estabilidad académica sobre confrontaciones ideológicas.
Hubo diversas opiniones externas a la UdeG que refuerzan esto: la UJRM no es un «movimiento estudiantil espontáneo», sino una amenaza que instrumentaliza luchas genuinas, lo que explica por qué solo un grupo reducido (estimado en cientos, no miles) se movilizó activamente, mientras el resto optó por la apatía o el voto nulo sin adherirse a la protesta radical.
La rectora Planter misma aludió a esta «injerencia de actores externos que manipulan causas estudiantiles para fines políticos», lo que resonó en la comunidad al evocar temores de repeticiones de conflictos pasados (como los de los 70), pero sin el contexto represivo actual.
En redes como X, posts de militantes de la UJRM muestran su reivindicación explícita de la lucha, pero también generan rechazo al ser vistos como «extremistas ajenos» a la comunidad universitaria.
LA ACTITUD CONCILIADORA DE LA RECTORA KARLA PLANTER
La intervención de Planter —quien asumió el cargo en abril de 2025 como primera rectora mujer— fue muy pertinente al expresarse contra la violencia, con un enfoque de diálogo que desinfló el momentum del movimiento. Rechazó la suspensión electoral por ser «ilegal y violatoria de derechos» de la comunidad, pero respondió públicamente al pliego petitorio estudiantil (entregado el 17 de septiembre), comprometiéndose a atender demandas viables como ampliación de cupos, becas y seguridad en transporte, mientras descartaba otras «inmorales» (ej. espacios para consumo de marihuana).
En un video mensaje, enfatizó: «La universidad es para el aprendizaje, no para sustancias», y llamó a «escuchar y dialogar» tras las movilizaciones, lo que académicos como Romero Morett elogian como «adecuado»: acepta mejoras sin ceder a lo ilegal, atendiendo limitaciones presupuestales reales (la UdeG depende de subsidios estatales limitados).
Esta postura conciliadora —combinada con garantías de libertad de expresión y rechazo a la violencia (hubo incidentes de represión por porros de la FEU, pero no avalados por rectoría)— convenció a muchos de que las vías institucionales bastaban, reduciendo el apoyo al movimiento. Manifestaciones de profesores (Asamblea de Profesoras y Profesores Independientes del CUCSH) respaldaron demandas, pero condenaron excesos, alineándose con el llamado al diálogo. Al final, el movimiento levantó paros temporales para «reorganizarse», pero las elecciones prosiguieron sin alteraciones mayores.
En síntesis, la «invasión» fue dual: la UJRM aportó radicalismo percibido como ajeno, erosionando credibilidad; Planter, con su diálogo conciliador, canalizó tensiones sin confrontación, priorizando la continuidad. El resultado: un CGU renovado con bajo respaldo, pero funcional, y un movimiento que, pese a visibilizar fallas (alta abstención como «éxito simbólico»), no transformó el statu quo.
