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ONU concluye fase de recopilación de información para recomendación sobre desapariciones en México
– Por Redacción Conciencia Pública
El Comité contra la Desaparición Forzada cierra la etapa de recopilación y analiza elevar el caso a la Asamblea General
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), anunció la conclusión de la fase de recopilación de información sobre la crisis de desapariciones en México, que la llevará a crear una recomendación al gobierno sobre las acciones a tomar en este delicado tema.
Tras varios meses de entrevistas, sesiones públicas y recepción de testimonios, el organismo internacional informó que entra ahora en un “periodo de reflexión” para determinar los pasos siguientes, los cuales se darán a conocer en un documento en los próximos meses.
El procedimiento se lleva a cabo bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que faculta al comité a actuar cuando existen “indicios bien fundados” de que las desapariciones son generalizadas o sistemáticas en un país.
En caso de confirmarse, el organismo internacional podría elevar el caso con carácter urgente a la Asamblea General de la ONU, convirtiéndose en un hecho de gran trascendencia para la comunidad internacional.
| Las cifras que han sido presentadas ilustran la magnitud de la tragedia: más de 133 mil personas desaparecidas desde 2006 hasta septiembre de 2025, más de 72 mil cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes y un promedio alarmante de 26 desapariciones diarias en 2024, cifra que se disparó a más de 45 por día en el primer semestre de 2025. Además, se destacó que en México se han dictado 773 acciones urgentes de la ONU bajo el artículo 30, el número más alto para cualquier país firmante de la Convención. |
El Comité también recibió información sobre los niveles de impunidad que rodean al fenómeno. Entre 2017 y enero de 2025, los tribunales mexicanos solo emitieron 373 condenas por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, un número que contrasta con la magnitud del problema y que refleja la debilidad institucional para enfrentar a los responsables. Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la respuesta estatal ha sido insuficiente y en ocasiones marcada por la negación.
El cierre de esta etapa ocurre en un momento de tensión entre el gobierno mexicano y los organismos internacionales. Mientras colectivos de familiares exigen que el caso sea elevado a la Asamblea General de la ONU, el Ejecutivo federal ha cuestionado la narrativa que vincula al Estado con prácticas de desaparición forzada.
Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha insistido en la urgencia de fortalecer las instituciones de búsqueda y de garantizar la participación de las familias en las políticas públicas.
El CED destacó que su decisión final buscará incidir en medidas concretas: dotar de mayores recursos a las comisiones de búsqueda, fortalecer la identificación forense, garantizar la autonomía de las fiscalías y establecer mecanismos de seguimiento verificables. De ser llevado a la Asamblea General, México enfrentaría una presión diplomática sin precedentes en torno a su política de derechos humanos y seguridad.
Concluida la fase de información, ahora el foco está en lo que resuelva el Comité. La sociedad civil y las familias de las víctimas esperan que las conclusiones de Naciones Unidas marquen un antes y un después en la forma en que México atiende esta crisis humanitaria. En juego no solo está la rendición de cuentas del Estado, sino la esperanza de miles de familias que buscan verdad y justicia.
