El amparo en riesgo: Cuando la agilidad amenaza la justicia y la economía

– Opinión, por Luis Rubén Tinajero Gálvez

Como abogado, dedicado a la defensa fiscal y a litigar frente a actos de autoridad, veo con profunda preocupación la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo 2025.

Aunque reconozco su intención de modernizar y agilizar los juicios —algo que todos hemos pedido desde hace años—, me parece que el proyecto incurre en riesgos que podrían vaciar de contenido la protección constitucional que distingue a este mecanismo.

Es cierto que el sistema necesita orden. Los nuevos plazos perentorios (60 días para sentencia en amparos indirectos y 5 días para notificaciones clave) y la digitalización integral del expediente son avances innegables. También celebro que se busque frenar el abuso de figuras como la recusación o la ampliación de demanda, utilizadas con frecuencia para dilatar procesos.

Pero no podemos ignorar los efectos colaterales. Me inquieta especialmente la restricción al régimen de suspensión. Si se bloquea una cuenta bancaria por presunto lavado de dinero, ya no habrá suspensión provisional que valga y la definitiva exige probar la licitud de los recursos antes de que el afectado tenga acceso pleno a su defensa.

Lo mismo ocurre con actos ligados a deuda pública, permisos y la prisión preventiva oficiosa. Son áreas donde el amparo ha servido para contener excesos y proteger derechos fundamentales.

Más grave aún es permitir que la autoridad alegue “imposibilidad material o jurídica” para no cumplir una sentencia. ¿No estamos abriendo una puerta peligrosa para que, con justificaciones amplias y poco controlables, se deje sin efecto la tutela judicial que tanto trabajo ha costado consolidar?

Y aquí está el verdadero punto de alarma: debilitar el amparo es debilitar la democracia. Si la ciudadanía se queda sin una Ley que la proteja frente a actos arbitrarios de las autoridades, el Estado adquiere un poder prácticamente ilimitado para despojar derechos bajo cualquier pretexto. Un país sin un amparo eficaz es un país donde el abuso puede disfrazarse de legalidad y donde el ciudadano queda indefenso.

Además, se pierde el contexto y espíritu original de la Ley de Amparo concebida por Mariano Otero, un instrumento pensado para proteger al individuo frente al poder del Estado y limitar el abuso de la autoridad. Quitarle fuerza a esta herramienta es desconocer el diseño histórico que dio a México un modelo único de defensa de los derechos fundamentales.

La consecuencia no es solo jurídica. Impactará directamente en la economía. Sin certeza de que las inversiones —nacionales o extranjeras, grandes o pequeñas— estarán protegidas ante actos arbitrarios, se debilita la confianza en el país como destino seguro para el capital.

Cuando el marco legal deja de ser confiable, la inversión se retrae, se frena la generación de empleo y se afecta la estabilidad económica. Peor aún, esta reforma, vinculada con la reciente reforma al Poder Judicial, se convierte en un golpe letal contra México, su economía, su gente, sus derechos y sus libertades. La combinación de un amparo debilitado y un Poder Judicial limitado en su independencia y alcance coloca al ciudadano en una posición de vulnerabilidad inédita.

Entiendo la urgencia de dar certidumbre y eficiencia, pero el costo no puede ser un amparo infértil, incapaz de brindar remedios efectivos. Si el Poder Judicial no ejerce un control estricto de proporcionalidad y rigor técnico, podríamos enfrentar una etapa donde el amparo existe en el papel, pero se debilita en la práctica.

La reforma puede ser un avance, sí, pero solo si se acompaña de criterios judiciales firmes que impidan que el afán de agilizar procesos se convierta en una restricción velada de derechos. El equilibrio entre eficacia procesal y protección real debe ser el verdadero eje de la discusión. Sin un amparo fuerte, la democracia misma queda vulnerable, y con ella la estabilidad económica y social del país.

CONCLUSIÓN

La reforma a la Ley de Amparo no puede analizarse únicamente desde la óptica de la eficiencia procesal. Detrás de cada ajuste técnico hay implicaciones profundas para la protección de los derechos humanos, la independencia judicial y la estabilidad económica del país. Debilitar el amparo —sobre todo cuando se combina con cambios recientes al Poder Judicial— supone desmantelar una de las columnas que sostienen la democracia mexicana.

Modernizar y agilizar la justicia es deseable, pero no a costa de dejar al ciudadano sin herramientas efectivas contra el abuso de poder. Si México renuncia a la esencia protectora que concibió Mariano Otero, pierde la certeza jurídica que atrae inversión, genera empleo y permite que las personas vivan con seguridad en sus derechos. Sin amparo sólido no hay democracia sólida; sin democracia sólida, no hay país confiable para sus propios ciudadanos ni para el mundo.

* Luis Rubén Tinajero Gálvez es abogado fiscalista con más de 30 años de experiencia en defensa y litigio frente y a favor de autoridades tributarias. Fue procurador fiscal del Estado de Jalisco, abogado defensor y coordinador de asuntos penales en la región de Occidente del SAT.