La ley de amparo

– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

Una nueva iniciativa de reforma a la Ley de Amparo ha sido presentada, la cual pretende otorgarle un corte menos protector al ciudadano en cuanto al impacto del juicio de garantías sobre los actos de autoridad. Es importante recordar que el juicio de amparo constitucional es el instrumento jurídico con el que contamos los ciudadanos para resolver controversias surgidas de actos u omisiones de autoridad (o de particulares con funciones de autoridad).

La función esencial del amparo es la de proteger los derechos humanos, restituir al ciudadano en el pleno goce del derecho violado y ejercer el control de la legalidad. Por lo que resulta sumamente importante analizar cada iniciativa que modifique la Ley de Amparo, especialmente aquellas que buscan suavizar o minimizar el efecto garantista de derechos con el que el ciudadano mexicano hace valer sus prerrogativas frente a quienes detentan el poder gubernamental.

En este sentido, cabe recordar que una de las mayores reformas estructurales a la Ley de Amparo se promulgó en junio de 2024, cuyo mayor impacto se centró en la suspensión del acto reclamado. Actualmente, el Gobierno en turno del Ejecutivo Federal ha lanzado una nueva iniciativa de reforma. Dicha propuesta se presenta bajo el argumento de que es necesario erradicar el abuso del amparo en materias fiscales y financieras, las cuales, según el Gobierno actual, se han convertido en un refugio de privilegios.

Una perspectiva crítica sugiere que, quizás, el propósito menos evidente de estas intervenciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Amparo es seguir suavizando y limitando el uso ciudadano del único recurso legal que permite defenderse del Estado y garantizar los derechos fundamentales frente a abusos u omisiones de autoridad.

Sería interesante comparar las reformas realizadas en esta materia durante los últimos gobiernos y evaluar si su conveniencia real es facilitar la gobernabilidad del Ejecutivo, asegurar una protección a futuro cuando el partido deje el poder, o si, efectivamente, buscaban el bienestar social.

En esencia, la nueva iniciativa de reforma a la Ley de Amparo genera preocupación en varios aspectos de gran relevancia, tanto en el ámbito jurídico como en el efecto garantista que debe tener el amparo frente a las autoridades. Lo más controvertido de esta propuesta reside, sin duda, en tres puntos principales: la Restricción de la Suspensión del Acto Reclamado, la Modificación al Interés Legítimo, y el artículo transitorio relativo a la retroactividad de las reformas para los procesos vigentes.

Si bien la iniciativa incluye modificaciones que representan un avance en cuanto a la celeridad de los tiempos procesales y la incorporación de tecnología (cuestiones necesarias para su actualización), algunos analistas consideran que estas mejoras podrían ser un intento de atenuar la naturaleza extrema de las restricciones. Por ello, es imperativo evaluar si estas reformas responden a una estrategia política para favorecer al gobierno en turno o si, verdaderamente, buscan el bienestar social y el fortalecimiento del acceso a la justicia.

En conclusión, el amparo es uno de los instrumentos jurídicos más valiosos que permiten al ciudadano defenderse de las autoridades y suspender sus efectos para determinar si son legales o violatorios de los derechos, garantizando así los derechos humanos y fundamentales de las personas.

Este instrumento está siendo ajustado por quienes hoy ostentan el poder. Solo el tiempo dirá si dichas reformas son en beneficio ciudadano o partidista; de ser lo último, es probable que se revele cuando el partido en el gobierno deba dejar el poder. Es fundamental que la triple función esencial del Amparo se conserve intacta: defender los derechos, detener el daño (mediante la suspensión) y restituir (arreglar el daño).

En pocas palabras: el Amparo es la herramienta legal para que el Poder Judicial Federal ponga límites al poder de cualquier autoridad y garantice el respeto a los derechos constitucionales. Si se debilita la garantía del amparo o se le limita al grado de volverlo inservible, será porque el gobierno se está haciendo un saco a la medida para evitar los efectos de una herramienta social muy poderosa contra sus actos.