Sin salida

– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

Vivimos tiempos peligrosos, no solo por la inseguridad y la desafiante presencia de organizaciones delictivas, sino también y principalmente por y para nuestro destino como nación. Desde que el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México fue clausurado, el mensaje fue claro: nadie debería oponerse a las decisiones del que manda y eso ha sido llevado a la Constitución y a leyes reglamentarias.

La reciente reforma a la Ley de Amparo confirma que el gobierno está decidido a privilegiar sus designios por sobre cualquier opinión o derecho en contrario.

No debiera sorprendernos que Claudia Sheinbaum continúe con la tendencia impuesta por su antecesor, comparten el proyecto político, aunque le imponga matices al parecer por presiones del gobierno estadounidense o por el pragmatismo que le indica la insostenibilidad de sus programas sociales por la falta de crecimiento económico. Hay por eso cierta contención y aparentes rectificaciones, pero el afán de poder no cesa y el totalitarismo asoma peligrosamente.

Lo que sí debiera sorprendernos, es la nula reacción social ante la merma de garantías individuales, por el atropellado racimo de reformas que este régimen cuatroteista ha producido, que fortalece las potestades del Estado y acota las libertades ciudadanas.

Presenciamos cómo la Constitución se modifica en razón del interés del régimen asumido como pueblo y al pueblo lo vemos abúlico y conforme con el aumento del ingreso, no por el trabajo productivo sino por el reparto de efectivo.

En la simplicidad del razonamiento colectivo, las voces de alerta han sido desestimadas, tanto por el gobierno empeñado en hacer ver el vaso medio lleno cuando en realidad se va vaciando, como por los organismos empresariales que ven impasibles cómo se hunde la economía.

La economía y las finanzas públicas son regidas por la rentabilidad política en demérito de la inversión productiva del Estado. Pretenden que la inversión privada lo sustituya a la vez que se modifican las estructuras y normas gubernamentales en forma tal que provocan incertidumbre e inhiben la inversión. La iniciativa privada calla y aparentemente prefieren seguir con el viejo juego de complacer al régimen para conservar privilegios y ganancias.

Esto les ha dado resultado a algunos, muy contados, Slim, por ejemplo, que sigue sumando contratos gubernamentales por miles de millones, pero no así para los proveedores de Pemex o de medicinas que registran adeudos de miles de millones mientras aguantan andanadas de denuestos gubernamentales.

Ante el silencio cómplice o cobarde, lo que trasciende es la reproducción de vicios del pasado, la restauración del presidencialismo omnipotente, el crecimiento de la censura a la disidencia y al ejercicio periodístico, el ejercicio abusivo de la impartición de justicia y la clausura de las opciones de defensa del ciudadano ante la arbitrariedad del gobierno y sus autoridades y las voces ciudadanas sin representación, desahogándose en las redes sociales.

Siendo todo esto grave y peligroso, resulta de mayor alarma ver que no existen fuerzas que se opongan con razón y éxito a la conformación de un régimen totalitario. La sociedad se encuentra dividida y la mayoría cooptada por la derrama de efectivo, los partidos han perdido representación y fuerza popular porque se han convertido en clubes de amigos jugando a la política, con líderes sin formación ideológica que como el del PRI tienen que recurrir a la violencia para ser escuchados.

Por su parte, las fuerzas económicas, el otro real poder, se muestran condescendientes, convenencieros, viendo solo por su negocio, cerrando los ojos ante una realidad que se puede volver contra ellos. Las organizaciones de comerciantes, empresarios, banqueros, están ausentes del debate ante la construcción de un sistema legal y judicial que los deja sin defensa contra la autoridad y que contiene incluso amenazas persecutorias.

En las condiciones actuales parece no haber un camino de salida que, por la vía pacífica y en el marco institucional, se pueda oponer a lo que ha resultado ser un movimiento sectario, inepto, excluyente y radical. La captura de las instituciones electorales ha mostrado hasta ahora eficacia para imponer jueces con ilegalidades y para castigar las voces críticas y disidentes, por lo que la ciudadanía ya no tiene la certeza de que su voto será contado y respetado en procesos equitativos.

El país, no solo la democracia, está en manos de los ambiciosos de poder, con la complacencia de los poderosos que no se deciden a jugar vencidas con el poder político; la experiencia de los seis años anteriores les da la seguridad de que podrán seguir haciendo negocios si la sumisión asegura ganancias y así, la relación entre el corrupto y el corruptor seguirá siendo destino para un país en el filo de la crisis permanente.