La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto

– Por Raúl Cantú

Ciudad de México- La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para vehículos y la suspensión de licencias por conducir bajo los efectos del alcohol son medidas constitucionales, resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al fallar sobre la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Este fallo histórico fortalece los derechos de las víctimas de siniestros viales y marca un precedente para la seguridad vial en México.

La ministra Loretta Ortiz destacó durante la discusión que el seguro obligatorio, aunque no está directamente vinculado a la seguridad vial en un sentido estricto, garantiza la reparación del daño a quienes sufren accidentes de tránsito. “El seguro de responsabilidad civil asegura que las víctimas tengan acceso a una compensación justa por daños, lesiones o pérdidas, protegiendo sus derechos fundamentales”, afirmó Ortiz.

Este mecanismo, respaldado por el legislador local, reconoce a las víctimas como sujetos de derechos, no como daños colaterales.

El proyecto de sentencia, presentado por la ministra Lenia Batres y aprobado por mayoría, validó disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla. Entre ellas, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año para quienes manejen en estado de ebriedad.

La resolución, discutida en presencia de familiares de víctimas y organizaciones de la Coalición Movilidad Segura, da luz verde a las entidades federativas para implementar estas medidas a nivel local, consolidando un marco de protección para conductores y víctimas.

UN RESPALDO A LA JUSTICIA SOCIAL

La Coalición Movilidad Segura, integrada por organizaciones de la sociedad civil, celebró la decisión de la SCJN. En noviembre de 2024, esta coalición presentó un amicus curiae ante la Corte, aportando argumentos jurídicos y técnicos que sustentaron la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.

“Este fallo es un paso crucial para garantizar el derecho a la movilidad segura y para visibilizar a las víctimas de siniestros viales, que durante años han sido ignoradas”, señaló Alejandra Leal, codirectora de Céntrico e integrante de la coalición.

El impacto de esta resolución trasciende Puebla. Ramón Vara Pizzini, padre de Emmanuel Vara Zenteno, activista fallecido en un atropellamiento en 2018, expresó: “Este es un precedente positivo para el país. La lucha que comenzó en Puebla fortalecerá los derechos de todas las personas afectadas por siniestros viales”.

Su testimonio refleja el dolor de miles de familias que han perdido seres queridos o enfrentado las consecuencias de accidentes sin justicia ni reparación.

Elsa Guzmán, madre de Jacinto León, víctima mortal de un siniestro en Mérida, subrayó la importancia del seguro obligatorio: “Combate prácticas como la fuga de los responsables o la falta de aseguramiento, que dejan a las familias desprotegidas”.

En México, el bajo nivel de aseguramiento vehicular agrava la situación de las víctimas, quienes a menudo enfrentan gastos médicos, rehabilitación o pérdidas económicas sin apoyo.

UN CAMBIO DE PARADIGMA

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), base de estas disposiciones, representa un avance en justicia social al reconocer a las víctimas de siniestros como sujetos de derechos. “Ya no son un daño colateral, sino personas con derecho a una reparación integral”, afirmó Alejandra Leal.

El seguro obligatorio asegura una fuente confiable para cubrir gastos médicos, rehabilitación, daño moral e indemnizaciones, reduciendo la incertidumbre para las víctimas.

Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura, explicó: “El seguro de responsabilidad civil hace operable el estándar de justa reparación. Garantiza recursos oportunos para las víctimas y evita que queden desamparadas”.

Esta medida, combinada con la suspensión de licencias por conducir en estado de ebriedad, refuerza la prevención y la responsabilidad en las carreteras.

HACIA UN FUTURO MÁS SEGURO

La resolución de la SCJN no solo valida la constitucionalidad de estas medidas, sino que envía un mensaje claro: la seguridad vial y la protección de las víctimas son prioridades. Al permitir que las entidades federativas adopten el seguro obligatorio, se sientan las bases para un sistema más equitativo y humano.

Organizaciones como la Coalición Movilidad Segura instan a los gobiernos locales a implementar estas disposiciones con celeridad, asegurando que los derechos de las víctimas sean efectivos.

Este fallo histórico es un reconocimiento al esfuerzo de familias, activistas y organizaciones que han luchado por visibilizar el impacto de los siniestros viales.

Como expresó Vara Pizzini, “es un paso hacia un México donde la movilidad sea segura y las víctimas no queden en el olvido”.

La obligatoriedad del seguro y las sanciones a conductores irresponsables son herramientas clave para construir ese futuro.

MENSAJE DE LA RED REACCIONA POR LA VIDA: “HAY BUENAS NOTICIAS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”

La Suprema Corte resolvió a favor del proyecto de sentencia que valida los artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla sobre el seguro de responsabilidad civil obligatorio y la suspensión por un año de la licencia a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.

Por primera vez, en la SCJN se habló de seguridad vial y de víctimas desde la perspectiva por la que hemos trabajado: derechos de las víctimas, derecho a la movilidad, justicia y prevención de siniestros.

Gracias al invaluable e incansable el trabajo de las familias de víctimas de siniestros de tránsito.

A Ramón Vara y Luz del Carmen Zenteno (Manu Vive AC), quienes dieron seguimiento puntual al tema, a Elsa Guzmán (Familiares y Amigos de Jacinto León), Dinorah Alcaraz (J.A.I.M.E. Jamás Apoyaré ir Manejando Ebrio), Esther Soto (Colectivo Gabi Bici Blanca) y Alma Chávez (Víctimas de la Violencia Vial/Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial) por todos estos años de colaboración, por trabajar y darle voz a esta causa.

A las organizaciones sociales y personas que se sumaron también al amicus curiae: Andrea Ortiz de Manu Vive, Stephan Brodziak, Blanca Rodríguez, Norberto Sánchez. A Lizeth Mejorada de Manu Vive por el enlace con el equipo del ministro Arístides. A Ana Paula Muñoz y Olalla Ávila por el apoyo.

Gracias a GHAI y GRSP por su confianza y apoyo constante. Gracias a Patricia Sosa, Jake Palley, Valentina Ochoa, por creer e impulsar desde el inicio esta agenda de litigio estratégico. Gracias a Gianella Severini, Kate Konopka, Aura Guerrero, Corina Álvarez de GHAI por fortalecer la estrategia. A Álvaro Guzmán por el impulso constante.

Gracias a la Coalición Movilidad Segura, por seguir, difundir y llevar este mensaje a todo el país.

Gracias por la confianza que tuvieron en Céntrico para implementar esta estrategia

A Paola Lara, por diseñar y liderar la estrategia jurídica, siempre poniendo los derechos de las víctimas al centro, y coordinarla con el despacho Enosi, con quien elaboramos el amicus curiae.

A Alejandra Leal por coordinar la implementación de la estrategia.

A Armando Pliego, por dar seguimiento puntual y la coordinación con organizaciones de víctimas y la vinculación con la CDH Puebla.

A Xavier Treviño por elaborar el mejor sustento técnico para fundamentar los argumentos.

A Cecilia Yáñez, por su asesoría jurídica en esta etapa de discusión en el pleno.

A Agustín Martínez por su creatividad y corazón en los materiales de comunicación, a Areli por su apoyo en la difusión, y a Jorge Matalí por el desarrollo de mensajes. Junto con este equipo lanzamos la campaña #MovilidadSeguraEsMiDerecho

A Jenny Zapata por su edición y distribución de los boletines de prensa.

Este resultado muestre la fuerza de una estrategia colectiva que combina litigio, comunicación y trabajo con organizaciones, y también reafirma nuestro compromiso por seguir empujando la agenda y explorando oportunidades como el litigio estratégico para seguir avanzando en el objetivo de la garantía del derecho a la movilidad y protección de derechos de víctimas.