La vida en condominio

– Opinión, por Miguel Anaya

Hace aproximadamente doce años, tuve la oportunidad de conocer a Toni Puig, especialista en gestión cultural, comunicación y mercadotecnia gubernamental. Un personaje brillante, recordado por haber sido uno de los responsables de crear la marca ciudad de Barcelona.

En una cena, mientras se hablaba sobre urbanismo y ciudadanía, Toni expresó su preocupación por el crecimiento desordenado de los condominios en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Decía que, sin una regulación adecuada y un plan de desarrollo integral, el fenómeno podía derivar —a mediano plazo— en serios problemas de movilidad, cohesión social y seguridad. Hoy, el paso del tiempo le ha dado la razón.

Guadalajara, como muchas ciudades latinoamericanas, se acostumbró a vivir detrás de muros. Lo que comenzó como una alternativa habitacional se convirtió en una manera de entender la vida urbana: el condominio como refugio ante un Estado que no garantiza seguridad, ante servicios públicos cada vez más deficientes y ante la creciente desconfianza hacia el otro. “Afuera está el peligro, adentro la tranquilidad”, parece ser la consigna invisible que sostiene este modelo de vida cerrada.

Sin embargo, esa promesa de tranquilidad tiene consecuencias poco tratadas. Cada coto o fraccionamiento cerrado es, también, una renuncia a lo colectivo. Al amurallar grandes extensiones de tierra, se fractura la ciudad: se privatizan calles, se interrumpen vialidades, se encarecen los traslados y se bloquea la posibilidad de un tejido urbano continuo. El resultado es una Guadalajara fragmentada, donde el miedo dicta la forma de los barrios y la movilidad se ahoga entre plumas y garitas.

Además, los condominios no solo transformaron la arquitectura: modificaron la relación entre los ciudadanos y el Estado. Dentro de estos espacios, los vecinos adquirieron funciones propias del gobierno: contratan vigilancia, pagan por la recolección de basura, mantienen sus áreas verdes e, incluso, crean sus propias reglas de convivencia.

De alguna forma, el Estado es ajeno a lo que sucede en los condominios y lo aceptó, porque esto, le quitó responsabilidad. Así, lo que debería ser un modelo de corresponsabilidad se ha convertido en un experimento de autogobierno aislado, donde la seguridad y el orden dependen del saldo de mantenimiento, no de una política pública.

Ejemplos de cómo las murallas han ahogado la movilidad de la ciudad hay varios: López Mateos, sin posibilidad de construir salidas viales que permitan alimentar otras alternativas viales; lo mismo sucede en la zona norte de Zapopan con Santa Margarita y Juan Gil Preciado. Qué decir de la entrada a la ciudad por la carretera a Vallarta que se convierte en un martirio diario.

Y pese a todo, el condominio no es un error que deba desaparecer. Es un síntoma. Refleja una época de incertidumbre y desconfianza sobre las autoridades gubernamentales, pero también de búsqueda de comunidad, de orden y de control sobre el entorno. Lo que no se encuentra en lo público, se busca en lo privado. Por eso, más que condenarlo, es urgente repensarlo.

El reto está en diseñar políticas urbanas que integren estos espacios a la lógica de ciudad, que sean desarrollos que no ahoguen vialidades, que garanticen conectividad y aseguren que la vida privada pueda convivir con la vida pública. Que logre que los condominios se conviertan en parte del municipio y no en entes aislados del mismo.

Porque al final, el verdadero peligro no está afuera del condominio: está en la idea sectaria y maniquea de que solo adentro vale la pena vivir; de que adentro es un mundo que se rige con sus propias reglas, olvidando las leyes y los códigos civiles. Replanteemos los condominios. Pensemos en términos de ciudad y de nación. De sociedad incluyente que atiende los derechos y obligaciones del país que conforma.