Afinar la política: Crónica de una batalla contra el peaje ambiental

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

No es la primera vez que Jalisco posterga una discusión incómoda. El pleno volvió a guardar en el cajón dos expedientes que pesan como plomo: la reforma judicial y la sustitución del Programa de Verificación Vehicular por un modelo de Afinación Ciudadana Obligatoria. Cuando la política no quiere responder, aplaza. Y cuando aplaza, confiesa.

En medio de ese silencio calculado, una diputada ha preferido hablar claro: Itzul Barrera. Lo que ella empuja —y que la calle ha bautizado como “Ley Gobel”, en honor al activista que hizo de este tema una causa— no es un capricho ni un atajo populista: es el intento de desmontar un peaje obligatorio que durante años se disfrazó de política ambiental y terminó funcionando como máquina recaudatoria.

El sistema vigente de verificación nació con buenos propósitos y malas compañías. La promesa: aire limpio. El resultado: filas, multas, trámites y un contrato privado que succiona más de 900 millones de pesos al año.

Se dijo que era inevitable, que así funcionan las “mejores prácticas”. La realidad es menos elegante: centralizar el servicio y blindarlo en un esquema concesionado concentró dinero, poder y discrecionalidad. Si usted quiere circular, debe pagar el peaje del monopolio ambiental.

La propuesta de Barrera rompe esa lógica: descentraliza el servicio y lo traslada a talleres mecánicos certificados, acreditados y auditados por la autoridad. No se elimina la obligación de mantener el vehículo en buen estado; se cambia el cobrador de la caseta. Y se introduce algo que el diseño original evitó con celo: competencia regulada. Taller que mienta, taller que pierde el registro y enfrenta a la Fiscalía Anticorrupción. Sencillo de enunciar, complejo de ejecutar; pero al menos devuelve el poder de elección al ciudadano y oxigena la economía local.

El oficialismo emecista se aferra a un alegato que suena técnico y huele a política: “la afinación no cumple directrices federales”. Es cierto que la Federación impone estándares de emisiones; también lo es que Jalisco puede diseñar sus propios mecanismos para cumplirlos. Entre “verificación concesionada” y “afinación certificada” hay diferencias operativas, no un permiso para contaminar.

Para apuntalar la resistencia, el secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, aventó una cifra que pretende clausurar el debate: cancelar los contratos costaría entre 12 mil y 15 mil millones de pesos. La cuenta, si es que existe, merece lupa pública: ¿son penalidades reales o un espantajo de negociación? ¿Se compara contra los 900 millones anuales que hoy se van por el mismo desagüe? ¿Cuánto valen, en términos de salud pública, los incentivos correctos para mantener el parque vehicular afinado? Preguntas básicas que el pleno prefirió no contestar… todavía.

La Afinación Ciudadana Obligatoria propone cuatro pivotes claros:

1. Acreditación técnica de talleres con requisitos de equipo y personal definidos por la autoridad ambiental.
2. Auditoría e inspección permanentes del Estado, con trazabilidad de diagnósticos y mantenimientos.
3. Mecanismo anticorrupción con intervención de Fiscalía cuando haya fraude.
4. Enfoque de corresponsabilidad social: que la gente cumpla porque puede y le conviene, no porque la multan en una aduana semiprivada.

No es la utopía; es administración pública básica aplicada a un problema que el modelo anterior volvió negocio. Si funciona, pega donde duele: en la caja recaudatoria y en la criminalización del incumplimiento por pobreza. Mantener tu coche al día no debería ser un lujo ni un castigo.

LA ARITMÉTICA DEL PODER

¿Por qué se retiró del orden del día? Porque faltan votos y sobran intereses. Las Comisiones de Medio Ambiente y varias bancadas de oposición ya dieron el paso; Movimiento Ciudadano cerró filas en contra. Se entiende: desmontar un andamiaje que ha alimentado presupuesto y relaciones con privados no se hace con poesía. Se hace con costos políticos. Y ahí, Barrera ha asumido el suyo. Ha puesto el cuerpo legislativo en un terreno minado y ha obligado a que la discusión regrese a su punto de partida: ¿queremos aire limpio o caja fácil?

El modelo propone algo que irrita a los operadores de la vieja verificación: competencia con control. Cientos de talleres —si cumplen— podrían prestar el servicio, distribuir el ingreso, reducir tiempos y trasladar beneficios a colonias y municipios donde hoy el trámite es un viacrucis. No es casual que el cabildeo se haya intensificado y que el debate se esconda detrás de “estándares federales” dichos a volumen alto.

Si la cifra de los 12–15 mil millones es verídica, que traigan los contratos, las cláusulas de terminación, los dictámenes financieros y las opiniones de la Auditoría. Si no, que retiren el espantajo del micrófono. A la política se le exige verdad, no amenazas contables. Y a la autoridad ambiental, se le exige un protocolo de auditoría tan duro como transparente: padrón público de talleres, bitácoras digitalizadas, sanciones en tiempo real y participación ciudadana en la vigilancia. La calidad del aire no mejora con discursos; mejora con incentivos correctos y verificación del verificador.

En un Congreso que suele confundir agenda con calendario, Itzul Barrera hizo lo que debe hacer un representante: convertir un agravio social en texto normativo y sostenerlo en la intemperie. Llamó a las cosas por su nombre —recaudatorio, inequitativo, restrictivo— y propuso un reemplazo que no abdica del objetivo ambiental. Eso, en los tiempos que corren, ya es una rareza cívica.

La crónica de hoy termina con un aplazamiento, sí, pero también con una certeza: el tema ya no volverá al cajón sin costo. Cada día que se pospone, el Gobierno confirma que defiende un modelo gastado más por conveniencia que por convicción. Y cada día, la iniciativa gana músculo en talleres, colonias y mesas donde la gente entiende que afinar no es contaminar; es mantener y responsabilizar.

Mientras el smog no espera, el Congreso sí. Que al menos, cuando decida, vote a la vista de todos: contratos sobre la mesa, cifras abiertas, métricas de aire, mapas de salud. Si la verificación concesionada es tan virtuosa, que lo prueben. Si no lo es, que se afine la política y se devuelva a la ciudadanía lo que nunca debió ser un peaje.

Hasta entonces, la diputada Barrera ya dejó claro que en Jalisco todavía hay quien prefiere servir al ciudadano antes que servir la caja. Y eso, en esta ciudad sin viento, ya se respira.

En X @DEPACHECOS