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JALISCO

Denuncian empresas de grúas que SETRAN es epicentro de una red de corrupción

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– Por Mario Ávila

Las asociaciones como AGRÚAS, AGRUJAL y CONATRAM han presentado denuncias ante la Contraloría del Estado, señalando que la Secretaría del Transporte (SETRAN), que en los últimos siete años ha sido epicentro de una red de corrupción en la operación de grúas, generando abusos, competencia desleal y extorsiones viales contra la sociedad jalisciense.

“Esta situación ha afectado a los prestadores honestos del servicio, mientras enriquece a operadores ilegales. Asociaciones como AGRÚAS, AGRUJAL y CONATRAM denuncian que, pese a leyes y normas técnicas que regulan el arrastre y salvamento de vehículos, la autoridad ha sido permisiva con grúas clandestinas, incluso intentando legalizarlas”, expresan en un comunicado a los medios de información.

De la misma forma señalan que aunque se estableció una Cabina Única para asignar turnos objetivamente, el Secretario Diego Monraz ha incentivado asignaciones discrecionales por agentes viales, favoreciendo grúas ‘piratas’ y algunas con aparente legalidad.

Ante múltiples denuncias públicas, solicitudes y mesas de trabajo ignoradas, las asociaciones exigen que la Contraloría del Estado inicie una investigación seria para determinar responsabilidades.

El 30 de octubre de 2025, representantes de AGRÚAS, AGRUJAL y CONATRAM presentaron una denuncia formal ante la Contralora María Teresa Brito Serrano, señalando faltas administrativas graves y no graves que podrían derivar en destitución e inhabilitación de funcionarios, incluyendo a Monraz.

La denuncia detalla una cadena de corrupción en arrastre y salvamento, conocida por cualquier jalisciense cuyo vehículo haya sido asegurado y sufrido irregularidades documentadas por años.

Los quejosos aseguran que Monraz conoce la problemática desde 2019, cuando se le expusieron prácticas corruptas: operación de vehículos sin autorización ni condiciones técnicas, involucrando operativos viales y aseguramientos por autoridades o siniestros.

Sin embargo, no se hizo correctivo alguno; miles de servicios se han asignado a grúas irregulares, premiando la ilegalidad. “Para la iniciativa privada, el mensaje es claro: la complacencia con la autoridad vale más que el cumplimiento normativo, priorizando ganancias corruptas sobre el bienestar social”, se precisa en el comunicado.

Las asociaciones han presentado más de 20 escritos a la Secretaría de Transporte, siendo proactivas para evitar confrontaciones, pero con escasos resultados.

Aunque presionaron por una nueva norma técnica, esta no se ha aplicado efectivamente; al contrario, se usó para legalizar incumplidores, mientras grúas clandestinas persisten.

Se denuncia que de acuerdo a un monitoreo realizado descubrieron que se otorgaron cerca de 150 permisos irregulares en el Área Metropolitana e interior del estado, violando la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, y la Norma Técnica para grúas.

Los incumplimientos incluyen vehículos con antigüedad mayor a tres años, falta de mínimo de unidades o persona moral responsable.

Esto pone en riesgo el patrimonio ciudadano, al permitir traslados por grúas sin condiciones técnicas. Específicamente, se denuncian:

  • Asignación a grúas no autorizadas: Operan sin requisitos de seguridad, registradas ilegalmente, arriesgando vehículos y vialidad.
  • Corrupción en roles de turno: Sobornos a servidores públicos permiten turnos a no autorizados, sin aviso a la cabina.
  • Cobros excesivos: Tarifas desproporcionadas sin control oficial.
  • Retiros indebidos: En zonas no permitidas o sin justificación.
  • Violaciones a derechos ciudadanos: Dificultades para recuperar autos, daños por equipo inadecuado, negociación con personal no autorizado y violento.

La denuncia enfatiza abuso de funciones y encubrimiento como faltas graves, sancionables con destitución e inhabilitación. Las asociaciones darán seguimiento puntual a la investigación de la Contraloría, confiando en que acabará con esta red de corrupción, competencia desleal y extorsiones.

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