Retroceso y blindaje político

– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

En peligro la credibilidad institucional: las profundas modificaciones que está experimentando el sistema mexicano, impulsadas por la reforma al Poder Judicial, la desaparición de mecanismos clave de acceso a la información pública y protección de datos, y el evidente debilitamiento de las Comisiones de Derechos Humanos (tanto a nivel nacional como en esta entidad federativa), están generando una grave crisis.

Esta situación produce, sin duda, un gran debilitamiento de las causas y luchas por la defensa y enaltecimiento de los derechos humanos. Además, deja al sistema anticorrupción del país «sostenido con pinzas”. Es una terrible y desafortunada pérdida para el fortalecimiento institucional, en donde, sin lugar a dudas, la política y el poder se erigen como los regentes garantistas de su propio blindaje político.

La existencia de la justicia, el respeto y defensa de los derechos humanos, la garantía del acceso a la información pública, y un sistema que combata la corrupción son, sin duda, ejes importantísimos para mantener el equilibrio natural en una sociedad.

La sociedad mexicana vive bajo el terrible «cáncer de la corrupción» que, a lo largo de décadas, ha dejado y sigue dejando una enorme brecha de desigualdad y constante violación a los derechos humanos, llenándonos de «cotos de poder» que se manejan entre unos cuantos y que, en realidad, nunca benefician a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la credibilidad en las instituciones es de vital importancia para que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y su derecho a vivir con bienestar.

El ejercicio de la justicia es vital y fundamental para que la sociedad tenga la garantía de hacer valer sus derechos o que otros cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, la reforma judicial deja mucho que desear respecto a los perfiles que se supone deben garantizar la autonomía del Poder Judicial. Aunque en Jalisco aún no se ha definido la manera en que se implementará la reforma en el sistema local, los intereses partidistas pesan más y tienen un valor superior a la ciudadanía y al rescate de la carrera judicial.

Para aquellos que renovarán el Poder Judicial durante la transición al sistema estatal, no se tratará del beneficio a la sociedad, sino de grupos de poder y representación en el Poder Legislativo.

Ante la declaración de extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), cuyo plazo oficial de entrega y recepción concluye el 15 de enero de 2026, la garantía del acceso a la información pública recaerá en la Contraloría del Estado y en los propios poderes del Estado, a través de sus Órganos Internos de Control. Así termina una institución que, durante más de veinte años, permitió a la ciudadanía acceder y conocer información pública de interés; el ITEI fue un actor crucial en la lucha contra la corrupción de gobiernos y sujetos obligados, además de garantizar el derecho humano al acceso a la información.

Ahora, serán los propios sujetos obligados quienes emitirán la información que la ciudadanía necesita. ¿Le ve usted algún riesgo a esta situación?

Hablar de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) es, actualmente, afirmar que esta institución, de gran valor para la sociedad, ha quedado silenciada con la llegada de su actual presidencia. Su impacto en la vida de los jaliscienses es mínimo, y su funcionamiento es escaso y discreto. El Consejo Ciudadano está desarticulado y no sesiona por falta de quórum, debido a que siempre fue percibido como un obstáculo por la actual presidencia.

Por ello, ahora se encuentra intencionalmente desintegrado, ya que no era viable para esta administración tener un contrapeso ciudadano que impidiera sumir a la Comisión en una especie de letargo: que exista, pero que no figure; que no estorbe al gobierno, que no contradiga ni levante la voz en la defensa de los derechos humanos en la entidad. El objetivo se cumplió. Actualmente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco es un elefante blanco que cuida intereses políticos, no derechos humanos.

La lucha anticorrupción en Jalisco enfrenta una grave regresión institucional, impulsada por reformas al Poder Judicial y la desaparición o debilitamiento intencional de órganos de contrapeso como el ITEI y la Comisión de Derechos Humanos. Esta estrategia desmantela los pilares de justicia, transparencia y derechos humanos, sustituyendo la autonomía institucional por la captura política y los intereses partidistas.

Al transferir las funciones de vigilancia a los propios entes gubernamentales (contralorías y OIC), se anula la imparcialidad y se crea un «blindaje político» que garantiza la impunidad, dejando al sistema anticorrupción «sostenido con pinzas» y minando severamente la credibilidad ciudadana y el derecho a vivir con bienestar.