Verificación y aire sucio

– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza

No hay política pública más fallida que aquella que presume resultados sin datos. El Programa de Verificación Responsable (PVR) en Jalisco es la muestra palpable de cómo se construyen discursos de eficiencia mientras se perpetúan opacidades estructurales. A cinco años de su implementación, la verificación vehicular no ha demostrado mejorar la calidad del aire. Todo lo contrario. 

Lo que sí ha evidenciado es una arquitectura financiera que favorece a los operadores y proveedores tecnológicos, por encima de cualquier criterio ambiental. Un burdo instrumento recaudatorio sin el menos impacto ambiental. 

En teoría, el Programa de Verificación busca reducir emisiones contaminantes al exigir que los vehículos cumplan con las normas oficiales mexicanas. En la práctica, las estaciones que monitorean la calidad del aire no miden los mismos contaminantes que el programa regula. Solo coinciden en el monóxido de carbono. El resto de los compuestos que se verifican en los autos, como los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno o el dióxido de carbono, no son monitoreados por las 13 estaciones distribuidas en el estado. Esta disonancia técnica impide cualquier evaluación seria sobre el impacto real del programa. 

La calidad del aire sigue siendo deplorable. Desde 2019 hasta septiembre de 2025, apenas un tercio de los días ha registrado niveles por debajo de los 100 puntos IMECA. En los años mejores, como 2022, solo entre el 21 y el 34 por ciento de los días tuvieron una calidad del aire aceptable. En lo que va del año, apenas el 29 por ciento ha estado por debajo del umbral. La evidencia indica que el aire sigue siendo tóxico. Sin embargo, el discurso oficial insiste en que la verificación vehicular contribuye significativamente a mitigar la contaminación.  

Pero ¿cómo saber si una política está funcionando si no se mide su impacto con los instrumentos adecuados? Expertos señalan que, por el tamaño de la ciudad, deberían instalarse al menos seis estaciones de monitoreo adicionales y evaluar sistemáticamente los niveles de NOx y partículas PM2.5. Sin esos datos, cualquier afirmación sobre la efectividad del programa es una especulación revestida de tecnocracia. 

Mientras tanto, los ingresos generados por el Programa de Verificación revelan un modelo de negocio, más que una política ambiental. De los 500 pesos que paga cada automovilista, apenas una fracción termina en el llamado Fondo Verde. En 2024, solo 74.65 pesos por verificación se destinaron a ese fondo. El resto se distribuyó entre operadores y el proveedor tecnológico, la empresa estadounidense Worldwide Environmental Products (WEP), que ha llegado a recibir hasta 175 pesos por verificación cuando no se alcanzan las metas establecidas. Es decir, entre menos eficiente sea el programa, más gana el proveedor. Un burdo negocio. 

La opacidad es otro de los pilares que sostienen este entramado. No hay claridad sobre cómo se han ejercido los recursos recaudados, ni tampoco sobre los resultados tangibles del fondo ambiental. Entre 2020 y 2023, apenas el 1.69 por ciento del total recaudado fue destinado a proyectos ambientales específicos. El resto, más del 70 por ciento, se diluyó en pagos a operadores y tecnologías. Para colmo, un 29 por ciento del total ni siquiera ha sido ejercido. 

En 2025, la verificación es gratuita para quienes paguen el refrendo, pero el subsidio que la financia asciende a 900 millones de pesos, extraídos del presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente. No se trata de una política sin costo, sino de un redireccionamiento presupuestal que deja de lado otros frentes ambientales igualmente urgentes. 

El Programa de Verificación no es un programa ambiental. Es un sistema de recaudación con un débil andamiaje técnico, sin transparencia ni eficacia comprobada. La lucha contra la contaminación no puede reducirse a una etiqueta adherida al parabrisas. Se requiere una estrategia efectiva que combine monitoreo riguroso, rediseño urbano, movilidad eficiente y una gestión pública que no confunda negocio con política pública. 

Mientras la calidad del aire continúe estancada y el dinero siga fluyendo a los bolsillos de los operadores sin que se traduzca en beneficios ambientales medibles, el programa de verificación vehicular en Jalisco seguirá siendo lo que es ahora, solo una simulación costosa con cargo al automovilista, que promete aire limpio sin garantía o resultado.