Siapa bajo la lupa: Eli Castro, la asesora invisible del agua

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

En el organigrama del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) apareció, discreta pero muy bien pagada, una asesora técnica llamada Elizabeth Castro Cárdenas. A diferencia de los fontaneros que se meten al registro, nadie tiene claro qué hace la asesora; lo único indiscutible es cuánto cobra.

Los documentos oficiales son contundentes. El contrato firmado el 31 de mayo la ubica en la Coordinación General Administrativa del organismo y le asigna un sueldo mensual bruto superior a 69 mil pesos. Pero cuando se revisa la parte sustantiva —las funciones que justifican semejante salario—, el texto se diluye en vaguedades: deberá realizar “las labores inherentes al puesto”, con “calidad”, “esmero” y “capacidad”. Una cascada de virtudes, pero ni una sola tarea concreta.

En resumen: un contrato que dice cómo debe trabajar… sin explicar en qué.

La propia Eli Castro, conductora del programa “Qué Buena Mañana” de Quiero TV, aseguró ante cámaras que en su contrato se describen “minuciosamente” sus funciones. La revisión del documento, obtenido mediante un proceso legal, muestra otra realidad: no hay asesorías específicas, ni proyectos definidos, ni metas medibles. Cero indicadores. Mucho adverbio y ningún verbo que ancle responsabilidades.

Mientras esto pasa en las letras chiquitas, en la pantalla grande la versión cambia. En un video difundido en redes, la conductora admite que “no trabaja en el Siapa”, aunque sí cobra. Esa declaración detonó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa. No era un rumor anónimo: la beneficiaria del contrato hablaba en primera persona.

Frente a semejante confesión, lo natural sería esperar que el organismo operador del agua actuara con seriedad: auditoría interna, suspensión preventiva, revisión exhaustiva del expediente, un informe público a la ciudadanía. Pero el Siapa eligió otro camino: blindar a la asesora y cuestionar la evidencia.

El director del organismo, Antonio Juárez Trueba, defendió a Eli Castro con un entusiasmo que rara vez muestra para explicar fugas, tandeos o recibos inflados. Reconoció que él mismo la contrató como asesora técnica y rechazó cualquier ilegalidad. Según su versión, no hay “abuso de funciones” porque la ley del Siapa le otorga facultades para nombrar y remover personal.

Tiene razón… a medias. Nadie cuestiona que pueda contratar asesores; el debate es a quién, para qué y con qué resultados. La ley da atribuciones, no licencia para colocar amistades mediáticas en la nómina pagada con dinero de los usuarios.

Más revelador fue su intento de invalidar el video. Juárez Trueba afirmó que la grabación es “ineficaz” como prueba, pues “pudo haber sido alterada”. No presentó peritajes, dictámenes de audio ni un solo elemento técnico: solo lanzó la sospecha al aire, confiando en que la duda ahogara la evidencia. El viejo truco de culpar a la cinta y no a la frase.

Paradójicamente, mientras el director se esmera en poner entre comillas la voz de la conductora, el propio Siapa sigue sin aclarar qué hace su asesora. No hay informes de actividades, proyectos conocidos ni productos entregados. Y la experiencia enseña que cuando un organismo público no puede explicar qué hace un funcionario, casi siempre es porque ese funcionario no hace nada que justifique su sueldo.

El caso no es menor: habla de una forma de gobernar. Desde hace años, los organismos públicos en Jalisco se han convertido en refugio para comunicadores afines al grupo en el poder. Se les contrata como “asesores”, “enlaces” o “coordinadores de proyectos especiales”; se les asignan sueldos generosos y funciones etéreas; luego se difunde la ficción de que sus opiniones en medios son “independientes”.

El mensaje es claro: quien controla el agua también compra voces.

Mientras tanto, los problemas estructurales del Siapa —infraestructura obsoleta, colonias sin servicio regular, fugas interminables, tarifas impopulares— permanecen ahí, sedimentados como sarro en las tuberías. Un organismo que debería cuidar cada peso de los usuarios para invertirlo en redes, plantas y mantenimiento parece más preocupado por cuidar la imagen de una colaboradora estrella.

El expediente Eli Castro revela varias capas de cinismo:

• Un contrato que en vez de describir trabajo enumera adjetivos.
• Una dirección que no puede —o no quiere— explicar qué hace su asesora.
• Un director más interesado en cuestionar un video que en rendir cuentas.
• Un sistema de comunicación pública que confunde informar con aplaudir.

Al final, la pregunta es simple: ¿qué daño causaría al Siapa publicar, sin tachaduras, todos los documentos relacionados con la contratación de Eli Castro, sus informes de actividades y los productos entregados?
Si todo es tan pulcro como afirma el director, la mejor defensa sería la transparencia.

Pero cuando en un organismo sobran los candados y faltan las explicaciones, conviene recordar un principio básico: en política, la opacidad nunca es un accidente; es una decisión. Y en el caso de la asesora invisible del agua, esa decisión se paga —mes tras mes— con el recibo que llega a cada casa de esta ciudad sedienta.

En X: @DEPACHECOS