Comparecencias en el Congreso: Aumentan sentencias condenatorias en 25% y disminuye en Jalisco crecimiento de desapariciones al 2 por ciento

Por Francisco Junco

Jalisco permanece en el primer lugar nacional en acumulación histórica de personas desaparecidas; sin embargo, el Informe Nacional sobre Desapariciones 2025 revela un matiz que modifica la magnitud del golpe: el estado registró este año un incremento de apenas 2% respecto al periodo anterior, mientras entidades como Tabasco mostraron alzas dramáticas que alcanzan el 87%, la variación más alta del país.

La comparación coloca a Jalisco en una posición compleja, donde la dimensión del problema sigue siendo enorme, pero sin el repunte explosivo que atraviesan otras regiones. A pesar de ello, organizaciones de familiares mantienen la exigencia constante y denuncian que las respuestas institucionales aún no alcanzan el nivel que demanda la crisis.

En este contexto se desarrollaron las comparecencias de la Glosa del Primer Informe de Gobierno en el Congreso de Jalisco, donde participaron actores clave en materia de seguridad, inteligencia y búsqueda de personas. Uno de ellos fue el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos.

El fiscal aseguró que existen avances tangibles en persecución penal. Destacó que “este año se han logrado 25% más sentencias condenatorias” relacionadas con casos de desaparición y que “la judicialización de casos aumentó en 19.5%”, cifra que refleja —dijo— una mayor capacidad de la Fiscalía para llevar carpetas de investigación al ámbito judicial.

González de los Santos se refirió también al caso del Rancho Izaguirre, donde “se judicializó a diez personas relacionadas con distintos hechos criminales”. Subrayó que estos procesos fortalecen la posibilidad de justicia para las víctimas en un entorno donde, afirmó, el desafío “sigue siendo enorme”.

En su mensaje, el fiscal señaló que la dependencia acompañó a familias y colectivos en 4,871 mesas de trabajo, destinadas a resolver dudas, brindar información y sostener comunicación permanente con quienes buscan a sus seres queridos. Aseguró que la instrucción institucional es elevar capacidades técnicas y sensibilidad operativa.

“La Fiscalía ha asumido la responsabilidad y el compromiso de generar estrategias para elevar el profesionalismo y la efectividad en la búsqueda de personas… fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y facilitar la participación conjunta en las investigaciones”, puntualizó.

EL MODELO DE INTELIGENCIA DE JALISCO

La comparecencia de la titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya Sánchez, recibió especial atención por tratarse del primer año de operaciones de esta nueva dependencia, creada el 1 de enero de 2025. La secretaria afirmó ante diputados que Jalisco vive “un parteaguas nacional” con la puesta en marcha de un modelo de inteligencia aplicado específicamente a la desaparición.

Montoya recordó que la reforma al artículo 27 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo convirtió a Jalisco en la primera entidad del país que articula información estratégica, prevención y atención a víctimas bajo una sola estructura. Sostuvo que “hasta el momento, no existe una estructura equivalente en ninguna otra entidad federativa”.

Explicó que la Secretaría trabaja alineada con tres ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030: enfoque humanista, generación de información estratégica y coordinación absoluta entre instituciones. Subrayó que “la búsqueda requiere cercanía con comunidades, escucha activa con familias y reconstrucción del tejido social”.

Entre los avances del primer año, informó sobre la creación de una plataforma tecnológica de intercambio de información que integrará datos de todas las instituciones de seguridad. Detalló convenios con la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, el C5, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y que están por concretarse otros con el Registro Civil, instituciones de salud y la Comisión Estatal de Búsqueda.

La secretaria enfatizó el programa de Dispositivos de Atención Inmediata, donde 183 personas con medidas de protección recibieron apoyo hasta el 15 de noviembre. Señaló que se atendió “de manera personalizada… a ciento veinte personas buscadoras y familiares de víctimas de desaparición”.

Montoya afirmó que la dependencia sostuvo 398 reuniones de coordinación con instituciones locales, nacionales e internacionales. Resaltó también la localización de familiares de 443 personas fallecidas no reclamadas y la instalación de una comisión para acompañar procesos de inhumación y exhumación con criterios de transparencia y dignidad humana.

Sobre la profesionalización, informó que 858 personas recibieron capacitación en derechos humanos, legalidad, prevención y temas vinculados con desaparición. Señaló tres campañas de prevención dirigidas a jóvenes: “Entre más pronto, más cerca”, “Tomemos el control” y “Aquí estoy”. “El fin primordial es salvar vidas de niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

CUESTIONAN DIPUTADOS EFICACIA DE SECRETARÍA DE INTELIGENCIA

A pesar de los avances expuestos, la comparecencia provocó una de las discusiones más tensas de la Glosa. Diputados de diversas bancadas cuestionaron la eficacia real del nuevo modelo, la falta de resultados verificables y la ausencia de información precisa sobre personas localizadas con vida o identificaciones forenses.

Varios legisladores señalaron que la Secretaría concentra funciones preventivas sin mostrar resultados contundentes en búsqueda. Otros expresaron preocupación por la persistencia de cifras contradictorias entre el registro estatal y el federal, recordando que la diferencia supera las 1,800 personas, lo que —advirtieron— expone una crisis de coordinación institucional.

Hubo también cuestionamientos por las condiciones laborales del personal, la duplicidad de funciones con la Comisión Estatal de Búsqueda y la presunta falta de enfoque territorial para atender zonas críticas como los Altos de Jalisco y los municipios con mayor incidencia. Algunas diputadas advirtieron que las mesas de trabajo podrían convertirse en burocracia sin impacto real.

Sectores de la oposición acusaron a la Secretaría de reproducir narrativas revictimizantes y solicitaron mayor sensibilidad. Legisladoras recordaron que, mientras se habla de modelos predictivos, las familias continúan realizando búsquedas con palas y palos, sin acompañamiento suficiente y sin que el Estado logre respuestas definitivas.

Desde otras bancadas se reconocieron avances institucionales: los convenios, la interoperabilidad de datos, los dispositivos de atención inmediata y la coordinación con forenses para identificación de personas fallecidas. No obstante, coincidieron en que los logros siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis.

Edna Montoya admitió que Jalisco enfrenta desafíos profundos y que la consolidación de un sistema estatal de búsqueda más robusto requiere mayor personal, más infraestructura tecnológica y un fortalecimiento continuo del trabajo interinstitucional.

“Nuestro compromiso es claro: no permitir que la desaparición se normalice y asegurar que cada persona desaparecida sea buscada con rigor, dignidad y sin descanso”, afirmó la secretaria. Subrayó que Jalisco merece instituciones que respondan con humanidad y eficacia.

La Glosa dejó claro que, aunque Jalisco registra solo un aumento del 2% en desapariciones, el reto permanece en dimensiones inmensas y la demanda social continúa orientada hacia resultados tangibles. Colectivos, familias y diputados coincidieron en que la crisis exige un Estado más coordinado, más transparente y más sensible.

En un contexto nacional donde otras entidades muestran incrementos alarmantes, como el 87% de Tabasco, Jalisco busca demostrar que la creación de nuevas instituciones y el fortalecimiento de la inteligencia pueden avanzar en la dirección correcta, aunque las familias siguen reclamando que ese avance debe sentirse no en discursos, sino en las búsquedas y en las localizaciones reales.