JALISCO
El show de la glosa
Opinión, por Iván Arrazola
En México, las glosas de gobierno han dejado de ser ejercicios republicanos de control y rendición de cuentas para convertirse en espectáculos que, en muchos casos, rozan lo histriónico y se deslizan sin pudor hacia el show político. Lejos de consolidarse como espacios de escrutinio riguroso, terminan siendo pasarelas donde los funcionarios aparecen como protagonistas involuntarios —o demasiado voluntarios— de una puesta en escena, mientras los legisladores adoptan papeles igualmente cuestionables, ya sea por tibieza, afán de lucimiento o superficialidad en sus intervenciones.
En este contexto, Jalisco no es la excepción. La glosa del primer informe de gobierno fue presentada como un ejercicio renovado: habría comparecencias en el pleno y transmisiones por el canal oficial del Congreso. Sobre el papel, el formato buscaba mayor apertura y rendición de cuentas, pero en los hechos reprodujo las mismas inercias políticas que han vaciado de contenido estos espacios.
El primer día compareció Salvador Zamora, secretario general de Gobierno y figura central del gabinete. Su exposición se centró en cifras que, a primera vista, parecían reflejar avances relevantes en materia de desapariciones y atención a víctimas.
Reportó más de 10,700 acciones de búsqueda y acompañamiento, una reducción del 16 % en las desapariciones y un incremento del 60 % en la tasa de localización, lo que colocaría a Jalisco en el cuarto lugar nacional en número de casos. Añadió que, entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, más de 1,129 personas fueron localizadas en las primeras horas tras su reporte.
Sin embargo, estas cifras —aunque importantes— quedaron flotando sin explicaciones que permitieran comprender cómo se alcanzaron esos resultados. ¿Qué hizo esta administración que no hicieron las anteriores? ¿Qué metodología se utiliza para medir las reducciones anunciadas? La intervención no ofreció respuestas, pero sí dejó ver una estrategia conocida: presentar buenas noticias y esperar que el cuestionamiento social pueda desactivarse.
El secretario de Seguridad agregó algunas pistas, aunque insuficientes. Habló de coordinación con la federación, de diagnósticos institucionales y hasta del papel que tendrían las patrullas Cybertruck en la reducción de delitos, asegurando que la incidencia delictiva había disminuido en 60%. Pero nuevamente faltó contexto, evidencia y claridad metodológica. En contraste, emergió un tema que no admite maquillajes: las desapariciones y el reclutamiento forzado. El caso del rancho Izaguirre volvió a exhibir omisiones sistemáticas.
El fiscal informó sobre estudios realizados en el predio y celebró como “éxito” que los detenidos recibieran la condena máxima, pero no explicó cómo un sitio de reclutamiento y exterminio pudo operar sin que la autoridad lo detectara a tiempo.
La nueva titular de la Secretaría de Inteligencia mencionó la firma de convenios y la participación en acciones de búsqueda, pero la sensación general fue que el aparato estatal continúa administrando la crisis más que enfrentándola con una estrategia integral. El rancho Izaguirre debió ser un parteaguas en la seguridad estatal, una llamada de emergencia para replantear políticas y capacidades institucionales. En cambio, la glosa mostró que la inercia sigue siendo la norma.
Otros temas no fueron menos reveladores. El secretario de Movilidad enfrentó cuestionamientos por el dinero retenido en máquinas de prepago que no devuelven cambio. Su explicación —según la cual las alcancías no tienen capacidad para almacenar monedas y los recursos sobrantes se transfieren a transportistas, familias buscadoras o de policías caídos— abrió nuevas dudas sobre la falta de transparencia y la incapacidad para diseñar mecanismos eficientes que protejan el bolsillo ciudadano.
En materia hídrica, el director del SIAPA atribuyó los problemas de abastecimiento a fallas en tuberías y evitó pronunciarse sobre supuestos aviadores dentro del organismo. Legisladores oficialistas intentaron desviar la discusión responsabilizando a administraciones pasadas desde 2011, mientras la ciudadanía continúa enfrentando cortes constantes y una infraestructura colapsada.
En conjunto, el regreso de las comparecencias al pleno dejó dos conclusiones: primero, el formato no convenció, pues diversos medios señalaron la falta de cuestionamientos de fondo y el evidente afán de protagonismo de varios legisladores. Segundo —y más preocupante—, la administración estatal no muestra una ruta clara para atender los problemas de Jalisco.
Ni la crisis de seguridad, ni las desapariciones, ni las fosas clandestinas, ni los retos en movilidad y gestión del agua parecen impulsar un cambio de rumbo; la glosa exhibió a un gobierno más enfocado en administrar la crisis que en plantear soluciones de fondo.
Así, entre cifras opacas, explicaciones parciales y una evidente intención de controlar el relato más que los problemas, la glosa volvió a ser lo que desde hace tiempo es: un show político. Un espectáculo que entretiene, pero no resuelve; que exhibe, pero no transforma. Y mientras el show continúa, los desafíos reales de Jalisco siguen esperando respuestas que no terminan de llegar.
