Incapacidad, banalidad y ego

Opinión, por Gerardo Rico

En el transcurso de la semana pasada llamó la atención el actuar de dos presidentes municipales, confirmando una vez más aquel viejo dicho de que “no todo lo que brilla es oro”. Una cosa es lo que se ofrece en campaña y otra muy distinta la manera de actuar una vez que se llega al poder. La inexperiencia y la falta de capacidad para afrontar situaciones complejas o emergentes han quedado en evidencia en dos casos que, por su gravedad y torpeza, trascendieron a la agenda local y nacional.

El primero es el del multicitado edil de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien en el primer año de su gestión lleva récord de apariciones en medios locales y nacionales, pero no por acciones positivas ni por medidas de gobierno que lo distingan del resto de los municipios de la región Valles. El alcalde de uno de los municipios más emblemáticos de Jalisco ha sobresalido por una cadena de pifias y actitudes que lo mantienen confrontado con diversos sectores desde el inicio de su administración, en octubre de 2024.

El último escándalo protagonizado por el presidente municipal de Tequila, quien por cierto aspira a ser diputado local o federal de su partido en el próximo trienio, fue la clausura de la tequilera Cuervo 1800, a la que acusó de no pagar impuestos municipales y de mantener un adeudo de varios años.

Conviene recordar que el municipio de Tequila fue gobernado en los últimos trienios por el PAN, particularmente por grupos afines al exdiputado local y federal Gustavo Macías Zambrano, de quienes —acusó en su momento el edil— ha recibido ataques. En el proceso electoral de 2024, y en alianza con otros partidos como el PVEM y el PT, Morena se alzó con el triunfo a través de Diego Rivera Navarro, quien desde el inicio de su gestión calificó como abuso de poder la influencia que ejercen las diferentes firmas tequileras asentadas en la cabecera municipal de este importante punto turístico.

Es conocido entre los habitantes de la zona que las grandes empresas tequileras, en muchas ocasiones, no pagan agua y han sido exentas de otros cobros municipales, bajo el argumento de la aportación social que realizan al municipio. Sin embargo, ya en el ejercicio del poder, la inexperiencia y la ambición de Diego Rivera Navarro se hicieron evidentes en el enfrentamiento con integrantes de su propio partido y, sobre todo, con los habitantes de Tequila, a quienes comenzó a clausurar negocios, amenazar y advertir de manera arbitraria por supuestos adeudos a las arcas municipales.

Lo ocurrido en los últimos días parece ser el colofón del actuar del joven edil tequilense, quien ahora será investigado por la Fiscalía del Estado por siete posibles delitos, relacionados con el intento de cobro de 60 millones de pesos a la empresa tequilera. El alcalde tomó las instalaciones con apoyo de la policía municipal, situación que obligó a la intervención del gobierno estatal, que envió a la policía del estado para hacerse cargo del conflicto.

Tras la intervención del gobierno de la República, a través del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, el controvertido edil acudió al Palacio de Gobierno para firmar un convenio con la empresa tequilera y las autoridades estatales. Las denuncias por autoritarismo y uso arbitrario del poder contra Diego Rivera Navarro no son nuevas.

En apenas unos meses de gobierno ya acumula una lista de episodios controvertidos: el cierre sin previo aviso del Museo Nacional del Tequila, presuntamente utilizado como residencia; agresiones a la prensa durante la cobertura de operativos municipales; presiones y bloqueos policiales contra empresas locales sin explicación oficial, y la intervención de la FGR en el Museo Nacional del Tequila, inmueble patrimonial bajo sospecha de uso indebido.

La reiterada ausencia de respuestas claras por parte del presidente municipal, sumada a la creciente intervención de autoridades estatales y federales, alimenta la percepción de que Tequila enfrenta una crisis de gobernabilidad y un deterioro acelerado en el ejercicio del poder local.

El otro caso, no menos relevante, es el del presidente municipal de Techaluta de Montenegro, Alfredo Sánchez Pulido, quien difundió un video institucional en redes sociales para informar a sus gobernados sobre el robo de armas y dinero de las instalaciones de la policía municipal: aproximadamente 170 mil pesos y el armamento de uso común de la corporación, que posteriormente fue localizado en una carretera.

De acuerdo con versiones oficiales, un presunto empleado de la Contraloría municipal se habría comunicado el 3 de diciembre con los elementos policiacos para instruirlos a sacar y trasladar a un punto específico nueve armas de fuego y 170 mil pesos, bajo el argumento de que el alcalde mantenía una deuda. Finalmente, la Fiscalía del Estado calificó como “bastante inverosímiles” las declaraciones de los policías que se dijeron víctimas del atraco, debido a las múltiples contradicciones en que incurrieron, y procedió a imputar a dos policías y a un taxista. Las autoridades no descartan que los propios uniformados estén detrás de la supuesta estafa.

Apenas en octubre de este año, Sánchez Pulido fue amonestado por el entonces ITEI por incumplir con la publicación de información fundamental en la plataforma de transparencia de su municipio. Hablamos de dos jóvenes con carreras políticas en ascenso que llegaron a ocupar cargos de gran responsabilidad y que hoy, entre la avaricia y la inexperiencia, parecen encaminarse por rutas no previstas en su trayectoria personal ni en la confianza que les fue otorgada.