La academia, ambientalistas y diputados se unen en defensa de Raquel Gutiérrez Nájera

Por Mario Ávila

Transcripción de texto a voz 

Revocar el auto de vinculación a proceso en contra de la académica y ambientalista, Raquel Gutiérrez Nájera, reclama la academia, los grupos ambientalistas y diputados, a la nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy.

Además, exigen la revisión del amparo para revertir lo dictado por el juez quinto de distrito y realizar una investigación a los jueces involucrados por actuaciones consideradas arbitrarias, luego de que el pasado 18 de noviembre, el juez de distrito Rogelio León Díaz Villarreal dictó un auto de vinculación a proceso en su contra derivado de una denuncia interpuesta en 2019 por la empresa Inmobiliaria Lisco y Banco Azteca.

La embestida jurídica en contra de la doctora Gutiérrez Nájera surgió como represalia directa luego de que la aludida, en conjunto con la Asociación de Colonos de Bosques de San Isidro, AC, consiguieron en el año 2018 una suspensión definitiva para frenar el desarrollo inmobiliario Reserva Las Cañadas.

Gutiérrez Nájera, ha explicado de manera reiterada que ese proyecto inmobiliario no cuenta con manifestación de impacto ambiental y contraviene la densidad habitacional permitida en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano ZPN-09 El Nixticuil, dada su cercanía con el Área de Protección Hidrológica del Bosque del Nixticuil, San Esteban y El Diente, así como con la barranca del río Santiago y el río Blanco.

Gutiérrez Nájera, es presidenta del Instituto de Derecho Ambiental y en su defensa se han sumado colectivos como la Red Metropolitana en Defensa de los Parques, Áreas Verdes, Cerros, Arroyos, Lagos, Barrancas y Bosques del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), así como los observatorios ambientales Sur y Puerta Poniente, y pueblos y comunidades organizadas en defensa del territorio y medio ambiente.

Lo mismo hizo la Universidad de Guadalajara y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG y ahora la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, quienes han expresado su preocupación por lo que consideran parte de un patrón de persecución contra quienes defienden el territorio en Jalisco y México.

Denunciaron además la existencia de un “cártel inmobiliario” protegido por autoridades estatales y exigieron frenar la criminalización de la activista, Raquel Gutiérrez Nájera, lo que consideran “un ataque directo a su trayectoria, a su trabajo jurídico y a todas las luchas que ha acompañado por más de 35 años; es también un mensaje de advertencia en Jalisco quienes defienden el medio ambiente pueden terminar en el banquillo de los acusados”.

La diputada Tonantzin Cárdenas Méndez, también planteó: “Al Poder Judicial le corresponde actuar con autonomía, rigor legal y perspectiva de derechos humanos; el juzgado de distrito tiene la obligación de garantizar un juicio justo, prevenir el uso faccioso de los tribunales y reconocer que la defensa ambiental es un derecho; criminalizar a una defensora por litigar en defensa de los territorios es inadmisible”.

Y remató diciendo: “La persecución contra la doctora Raquel, es una línea que no puede cruzarse sin consecuencias, si el estado insiste en ignorarla, será responsable una vez más de dejar desamparado no solo a quien defiende el territorio, sino al territorio mismo”.