Estudiantes denuncian “albazo” en alza al transporte público

Por Francisco Junco

Transcripción de texto a voz 

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y diversas organizaciones civiles denunciaron lo que calificaron como un “albazo” gubernamental en el incremento a la tarifa del transporte público en Jalisco, y anunciaron una serie de acciones para “revertir” la decisión.

“El día de mañana también vamos a acompañar la entrega de un pliego petitorio a las cinco de la tarde en Casa Jalisco. Nosotros, como federación, vamos a acompañar a toda la sociedad civil, a las colectivas y a todas las personas que se quieran movilizar. Y claro que sí, en dado caso de que el gobernador no nos quiera escuchar y no quiera instalar una mesa de diálogo con nosotros, vamos a movilizar a todos los estudiantes que tenemos en nuestra representación”, informó Fernanda Citlalli Romero Delgado, presidenta de la FEU, quien encabezó la rueda de prensa.

Los participantes coincidieron en que la decisión fue tomada de manera opaca durante las fiestas decembrinas, con el objetivo de evitar el escrutinio público y la movilización ciudadana ante una medida que impacta directamente el bolsillo de miles de familias.

Romero Delgado fue enfática al señalar que el transporte debe ser tratado como un derecho humano esencial y no como un negocio en beneficio de unos cuantos.

“El alza impacta directamente a estudiantes, trabajadores y familias que utilizan el transporte público día con día. Hay estudiantes que utilizan de tres a cuatro camiones diarios. Más del 80 por ciento de nuestra población usa el transporte público todos los días para llegar a un centro universitario o a una preparatoria. Por eso los estudiantes estamos hoy aquí, y a pocos días de terminar el año el gobierno del estado tomó esta decisión”, expresó.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, se criticó duramente que el Gobierno del Estado haya priorizado los intereses de los concesionarios por encima de la estabilidad económica de estudiantes y trabajadores, quienes destinan una parte significativa de sus ingresos únicamente para trasladarse a sus actividades diarias.

Daniela Sánchez Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y parte del Comité Tarifario, reveló presuntas irregularidades técnicas en el proceso y aseguró que el Comité Técnico excedió sus facultades al avalar una tarifa proyectada de 13.03 pesos. Señaló que la tarifa de 14 pesos, anunciada por el secretario Diego Monraz, nunca fue sometida a votación formal dentro del comité, por lo que calificó el procedimiento como ilegal.

Por su parte, la diputada local Tonantzin Cárdenas cuestionó la procedencia de los 300 millones de pesos destinados al subsidio del transporte, al advertir que dicho monto no estaba contemplado en el Presupuesto de Egresos aprobado apenas el pasado 15 de diciembre.

Alertó sobre una “gobernanza a modo” y una falta de transparencia presupuestal que pone en duda qué otros rubros, como salud o asistencia social, podrían sufrir recortes para financiar un incremento que favorece intereses privados.

El impacto social también fue subrayado por Natalia Juárez Miranda, del sindicato académico STAUdeG, y por Juan Carlos Núñez, representante de los trabajadores administrativos, quienes coincidieron en que este aumento castiga a quienes menos tienen.

Explicaron que para muchos docentes y empleados el “tarifazo” representa un golpe severo que obliga a elegir entre comer o transportarse, especialmente en zonas periféricas donde se llegan a utilizar hasta ocho unidades al día para cumplir con una jornada laboral.

José Alberto Villarruel, secretario de Movilidad de la FEU, desmintió las cifras oficiales sobre la eficiencia del servicio y aseguró que existen rutas con tiempos de espera de hasta 40 minutos. Los manifestantes coincidieron en que resulta injustificable cobrar más por un servicio que sigue siendo deficiente e inseguro, con filas interminables y casos de violencia contra las mujeres dentro de las unidades, sin mejoras reales previas al aumento.

Ante este panorama, la FEU inició brigadas informativas y encuestas ciudadanas en puntos estratégicos como el Parque Rojo, con el objetivo de concientizar a los usuarios sobre sus derechos y sobre las presuntas irregularidades del proceso tarifario.

Además, Jorge Carlos Ruiz, de la Contraloría Ciudadana Independiente, informó que se trabaja en la elaboración de un amparo colectivo para suspender legalmente la entrada en vigor de la nueva tarifa, al considerar que existen vicios jurídicos en la sesión del comité que avaló el incremento.

Fernanda Citlalli Romero Delgado aseguró que no van a “descansar hasta que se garantice el derecho a la movilidad” y se respete a todas las personas que trabajan y que utilizan el transporte público todos los días.

“Porque no todos vivimos las mismas realidades, y eso es hacer política más humana. Defender el transporte público es defender derechos; no es solamente una tarifa, es dignidad”, enfatizó.

Finalmente, los colectivos convocaron a la ciudadanía a participar en una manifestación pacífica el próximo 7 de enero frente a Palacio de Gobierno, bajo la consigna de que no cesarán en su lucha hasta que se garantice una movilidad digna, asequible y transparente, recordando al Ejecutivo estatal que gobernar implica proteger derechos y no administrar aumentos a espaldas del pueblo.