Del cerco diplomático al estruendo de las bombas: la crónica del asedio de Estados Unidos contra el poder de Maduro

Por José Modesto Barros Romo

Transcripción de texto a voz

Desde hace varios años, la estrategia del Gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela ha sido la de una secuencia de presiones políticas, económicas y diplomáticas que, con el paso de los años, se transformó en una crónica de intentos por acotar el poder de Nicolás Maduro y forzar una transición democrática.

El primer movimiento visible fue el cerco diplomático: desconocimientos formales a los procesos electorales venezolanos, comunicados de condena y la construcción de consensos regionales para aislar al gobierno de Caracas. Desde entonces, cada declaración de la Casa Blanca marcó el pulso de una relación tensa y sin retorno.

Luego llegaron las sanciones. Washington activó castigos financieros contra funcionarios, empresas estatales y sectores estratégicos como el petrolero, con el argumento de cortar los flujos que sostienen al régimen. El impacto se sintió en los mercados, en la moneda y en la vida cotidiana de los venezolanos, convirtiendo la economía en un campo de batalla silencioso.

En paralelo, Estados Unidos impulsó acciones judiciales. Fiscalías federales presentaron acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero contra altos mandos del chavismo, colocando a Maduro y a su círculo más cercano en la narrativa de una persecución legal internacional que trasciende fronteras y tribunales.

La presión política también se tradujo en respaldo abierto a la oposición. Washington reconoció liderazgos alternos, promovió mesas de negociación y presionó por elecciones con observación internacional, apostando a que el desgaste interno debilitara al poder central.

En el terreno internacional, Estados Unidos llevó el caso venezolano a foros multilaterales, sumando aliados europeos y latinoamericanos, y presentando la crisis humanitaria como una urgencia global que exige soluciones políticas y no solo discursos.

Durante la administración del presidente demócrata Joe Biden, el tono se volvió más diplomático, pero no menos firme. Se reabrieron canales de comunicación indirecta, se exploraron intercambios humanitarios y se mantuvo la presión sobre los derechos humanos y las condiciones electorales.

Con el tiempo, la estrategia se volvió más quirúrgica. Sanciones que se ajustaban, alivios condicionados y nuevas advertencias dibujaron un tablero de incentivos y castigos, usando el oxígeno económico como moneda de cambio para concesiones políticas concretas.

Bajo Donald Trump, el tono se endureció. Regresó la consigna de “máxima presión”, se reactivaron medidas contra redes energéticas y financieras vinculadas a Caracas y se elevó la retórica de disuasión, con el argumento de frenar actividades criminales (de supuesto narcotráfico en el que estaba inbvolucrada toda la cúpula del gobierno venezolano), para forzar un quiebre del gobierno en el país sudamericano que, por cierto, es uno de los que tienen los mayores yacimientos de petróleo en el mundo.

En Caracas, la respuesta fue desafiante. El gobierno denunció injerencismo, responsabilizó a las sanciones del colapso económico y reforzó alianzas con potencias rivales de Washington, mientras estrechaba el control interno y cerraba filas ante cualquier señal de negociación.

En las calles venezolanas, la población vivió esta disputa como un telón de fondo constante: protestas, migración masiva y expectativas frustradas de cambio marcaron el ritmo de una sociedad atrapada entre la presión externa y el poder interno.

Pero este 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión dramático. Durante la madrugada de hoy, las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron un ataque militar coordinado sobre múltiples puntos dentro y alrededor de Caracas. Decenas de explosiones fueron reportadas, aeronaves volando a baja altura surcaron el cielo y sectores clave —incluyendo la Base Aérea La Carlota, el aeropuerto de Higuerote y el complejo militar de Fuerte Tiuna— fueron blanco de bombardeos y misiones de precisión en lo que la Casa Blanca denominó la Operación Resolución Absoluta.

Las acciones no se limitaron a la capital. Reportes señalan que también se realizaron ataques en La Guaira, Baruta, El Hatillo, Charallave y otras localidades cercanas, afectando infraestructura militar y penetrando defensas antiaéreas venezolanas, mientras helicópteros de fuerzas especiales trasladaban tropas hacia objetivos estratégicos bajo cobertura de cazas estadounidenses. 

El objetivo concreto de esta ofensiva fue la captura de Nicolás Maduro y su entorno más cercano, un objetivo que por la mañana el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que se había logrado, trasladando al mandatario venezolano y a su esposa fuera del país bajo custodia estadounidense.

La operación, planificada meses atrás, combinó bombardeos, incursiones especiales y despliegue de más de 150 aeronaves en un solo día, configurándose como una de las mayores y más complejas acciones militares estadounidenses en la región en décadas. 

Así, la crónica de las acciones de los estadounidenses en Venezuela no es un solo acto, sino una secuencia prolongada de golpes diplomáticos, financieros, políticos y, finalmente, militares que redefinen uno de los capítulos más tensos de la geopolítica latinoamericana contemporánea.