2025-2026… ¿Qué sigue?

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

En 2025 se consolidó legalmente el asalto a las instituciones iniciado en 2018. La colonización de los órganos electorales rindió frutos. Una interpretación sectaria y mañosa de la ley otorgó una mayoría artificial al partido en el poder y a sus aliados, lo que hizo posible este resultado.

De este modo, la falta de transparencia se volvió legal y el poder del Estado se impuso de manera absoluta sobre los particulares, que quedaron virtualmente indefensos frente al abuso del gobernante.

Durante ese mismo año, el Poder Judicial se puso al servicio del gobierno, que impuso —e impone— jueces, magistrados y ministros mediante una manipulación descarada de los procesos electorales, con el uso de “acordeones” validados y tolerados por instituciones electorales ya colonizadas.

El asalto a la impartición de justicia se coronó con el nombramiento de una fiscal que, aunque formalmente independiente, se encuentra totalmente alineada con la institución presidencial y es utilizada a conveniencia.

Lo pernicioso del dominio gubernamental sobre los órganos judiciales ya se hizo evidente con la proliferación de sentencias en contra de periodistas que se atreven a hacer lo que su oficio exige: criticar y exhibir irregularidades, vicios y componendas de gobernantes, legisladores e incluso del crimen organizado.

Tampoco se excluye de la persecución judicial a ciudadanos que, desde redes sociales, cuestionan a autoridades y representantes populares; la figura de la “violencia política de género” otorga la discrecionalidad suficiente para ello.

Esa misma discrecionalidad permeó en la Auditoría Superior de la Federación, que dejó pasar el más artero derroche de recursos en las obras prioritarias del gobierno anterior y validó las cuentas de programas sociales que incluso el extinto CONEVAL exhibió por su opacidad en el ejercicio del gasto y la carencia de instrumentos de evaluación.

En 2026 veremos la consolidación de la hegemonía de una corriente política mediante una reforma electoral aún en proceso de elaboración. Desde el gobierno se intentará inducir una supuesta normalización de la vida nacional, aunque sea en el marco de libertades perdidas.

No será difícil en una sociedad donde, cuando menos, el 80% se mueve entre la abulia y el conformismo, mientras los sectores empresariales permanecen acomodaticios y serviciales en defensa de sus propios intereses.

En materia económica no pueden esperarse grandes cambios. El crecimiento continuará por debajo del crecimiento poblacional mientras el gobierno no flexibilice el clima de incertidumbre que mantiene frenada la inversión productiva. La inversión pública seguirá siendo mínima debido a la escasez de recursos y el déficit continuará gravitando sobre la deuda nacional.

La señora presidenta ha dado apenas señales tímidas de rectificación en la política económica, más por la necesidad de recursos frescos que no provengan de la deuda que por convicción. Sabe que sin crecimiento no podrá sostener la política social ni el sistema de pensiones, y con ello se erosionaría el soporte popular del que aún goza.

El empleo seguirá concentrándose en la informalidad, sin un crecimiento aceptable del trabajo formal, mientras el consumo mantendrá una estabilidad relativa gracias a los incrementos al salario mínimo, lo que contribuye a la tranquilidad social y anestesia el descontento frente a la insuficiencia institucional.

De la impunidad, poco hay que decir. La corrupción más escandalosa se registró durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la actual administración tiene toda la intención de sepultar cualquier asunto que dañe la imagen del movimiento y de su fundador. No importa que hijos y colaboradores exhiban un enriquecimiento súbito ni que se oculten las fuentes de donde proviene; el silencio seguirá siendo un eficaz aliado del encubrimiento.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, vieron a algunos de sus mandos morder la manzana envenenada de la corrupción que el anterior gobernante les ofreció. Hoy, ya sea por disciplina o conveniencia —sin descartar la naturaleza humana—, continúan desempeñando funciones que no les corresponden, pero que les fueron asignadas por mandato.

Aunque la actual administración colocó la seguridad interna bajo el mando civil, el Ejército y la Marina seguirán en su papel polivalente, incapaces de impedir que la influencia criminal continúe interviniendo en la política, ya sea por la fuerza o mediante recursos económicos al servicio de políticos oportunistas.

No son de esperarse cambios sustanciales en las políticas gubernamentales y buena parte del año se destinará a la selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027. El caso Venezuela sienta un precedente de riesgo y obligará a reforzar el discurso sobre la defensa de la soberanía y la no intervención, firme de cara a la opinión pública, mientras que en los hechos se mantendrá una actitud complaciente frente a las exigencias de Estados Unidos en materia de seguridad y economía.

Se seguirá escribiendo y exhibiendo la corrupción y la ineficiencia de la clase política hasta que los señalamientos se vuelvan repetitivos y tediosos. Es un futuro predecible, en el que corrupción e impunidad caminarán juntas. Sin nada nuevo que añadir a lo ya expuesto en estas páginas durante seis años, este pergeñador de líneas hará una pausa para dedicarse a un proyecto personal. Gracias por su atención y por permitirme ocupar este espacio editorial durante seis años. Salud y feliz vida.