¿Y el derecho internacional? La violencia como argumento político

A título personal, por Armando Morquecho Camacho

Hubo un momento —no tan lejano como quisiéramos creer— en el que la comunidad internacional pareció alcanzar un acuerdo básico: la violencia entre Estados no podía seguir siendo un medio legítimo para resolver desacuerdos políticos, ideológicos o estratégicos.

Las dos guerras mundiales, con su saldo de millones de muertos y una devastación que marcó a generaciones, dejaron una lección clara: el uso de la fuerza debía ser contenido por el derecho, la diplomacia y los mecanismos multilaterales. Ese fue, al menos en teoría, el compromiso con el siglo XXI.

Por eso, cuando hoy reaparecen los bombardeos como opción política “aceptable”, la discusión no debería centrarse únicamente en el país que recibe los ataques. La pregunta de fondo es otra: ¿qué tipo de orden internacional estamos dispuestos a normalizar? No se trata de afinidades ideológicas ni de simpatías políticas. Se trata de un principio elemental: los desacuerdos políticos e ideológicos no justifican —o no deberían justificar— la violencia ni la intervención armada.

En los últimos años, el uso de la fuerza ha vuelto a presentarse como solución frente a escenarios complejos. Se habla de decisiones necesarias, de intervenciones inevitables o de medidas excepcionales. Sin embargo, cuando la violencia se invoca como “último recurso”, con frecuencia lo es solo para quien posee poder militar y para quien la diplomacia resulta lenta, costosa o políticamente incómoda.

En ese sentido, el problema no es únicamente el daño inmediato que provoca un bombardeo. El verdadero problema es el mensaje que se envía cuando se recurre a él. Cuando la fuerza sustituye al derecho, se establece un precedente peligroso: que las reglas internacionales funcionan solo mientras no estorben. Ese mensaje no afecta solo al país atacado; debilita el sistema que, con todas sus fallas, intenta evitar que la violencia sea la norma.

Este patrón no es exclusivo de un solo actor. La invasión rusa a Ucrania fue condenada de manera generalizada por violar la soberanía de un Estado y recurrir a la fuerza como instrumento político. Del mismo modo, las acciones militares de Israel en Gaza han generado críticas crecientes por el uso desproporcionado de la fuerza y el impacto sobre la población civil. En ambos casos, más allá de sus particularidades, aparece un elemento común: la aplicación selectiva de los principios del derecho internacional.

La condena, la tolerancia o el silencio no suelen depender únicamente de los hechos, sino de quién los ejecuta. Cuando la violencia proviene de un adversario, se denuncia como agresión; cuando proviene de un aliado, se explica, se justifica o se relativiza. Esa doble vara no es un detalle menor: es el punto donde el discurso del derecho comienza a vaciarse de contenido.

Entonces la pregunta es tan inevitable como incómoda: ¿quién decide hoy quién es libertador y quién es opresor? ¿En qué momento un Estado se arroga la autoridad moral para bombardear en nombre de la libertad y cuándo ese mismo acto pasa a ser simple agresión u opresión con fines expansionistas?

Si el criterio no es el derecho ni el consenso internacional, sino la capacidad de imponer la fuerza y controlar el relato, la diferencia entre liberar y oprimir deja de ser jurídica y se vuelve puramente política.

La experiencia reciente muestra, además, que los bombardeos rara vez cumplen lo que prometen. No construyen instituciones sólidas, no generan estabilidad duradera y casi nunca mejoran la vida de la población civil. Lo que sí producen es destrucción, desplazamiento forzado, gobiernos militarizados, resentimiento y una espiral de violencia difícil de contener. La historia está llena de ejemplos donde la intervención armada resolvió poco y agravó mucho.

Por otro lado, el ataque reduce también las posibilidades de una verdadera salida política. Cuando la violencia se impone como respuesta, el diálogo deja de ser una opción real y comienza a verse como debilidad. La fuerza no solo destruye infraestructura; también destruye confianza y cierra espacios para la negociación. En ese contexto, las soluciones de largo plazo se vuelven cada vez más lejanas.

Cuestionar el uso de la violencia no implica defender gobiernos ni negar abusos. Tampoco supone ignorar realidades complejas o injusticias evidentes. Implica algo más sencillo y, a la vez, más exigente: aplicar los mismos principios incluso cuando no conviene hacerlo. Si el derecho internacional solo se invoca cuando favorece a ciertos actores, deja de ser un límite y se convierte en un recurso retórico.

Aceptar que existen bombardeos “justificados” y otros “condenables” según quién los ejecute es admitir que el criterio no es jurídico ni ético, sino político. Es asumir que el lenguaje de los derechos humanos puede usarse cuando conviene y desecharse cuando incomoda. Esa lógica normaliza la violencia y la integra al debate político como una opción más.

El siglo XXI se presentó como una etapa de contención, diálogo y solución institucional de los conflictos. Sin embargo, cada vez que se recurre a la fuerza para resolver desacuerdos políticos, esa promesa se debilita. No se trata de idealismo ni de ingenuidad, sino de memoria histórica: ya sabemos a dónde conduce la normalización de la violencia entre Estados.

El riesgo más profundo no está únicamente en el ataque concreto, sino en la idea que se consolida detrás de él: que el poder militar otorga legitimidad, que la violencia puede presentarse como virtud y que el orden se impone desde la fuerza. Si aceptamos esa lógica, estaremos regresando —con un lenguaje más sofisticado— a un pasado que dijimos no querer repetir.

Porque cuando la violencia se convierte en argumento político, el problema deja de ser quién dispara primero. El problema es que el derecho deja de ser límite, y todos quedamos expuestos a que mañana alguien decida que también somos un “objetivo legítimo”.