Acuerda Tribunal Agrario multar al INDAABIN por retraso en avalúo para la Comunidad Indígena de Mezquitán

Por Raúl Cantú

El Tribunal Agrario con sede en Guadalajara, ha impuesto una multa al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) por no entregar el avalúo ordenado en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan.

Este avalúo es clave para actualizar a valor comercial actual el monto de indemnización por la ocupación de 269,322.80 m² (26.93 hectáreas) de tierras comunales desde 2004, para la ampliación de la Carretera Federal 54 (Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo).

Antecedentes del conflicto y el rol del avalúo

El litigio principal (Juicio Agrario 222/2017) culminó con sentencias firmes a favor de la comunidad:

• Sentencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 (agosto 2021).
• Confirmación por el Tribunal Superior Agrario (noviembre 2023).
• Desechamiento del amparo interpuesto por la SICT (diciembre 2024).

Estas resoluciones ordenan pagar la indemnización a valor comercial actualizado, no al monto original de 39-40 millones de pesos fijado en 2004 (aprox. 145 pesos/m²). El avalúo debe ser elaborado por el INDAABIN (dependiente de la Secretaría de Hacienda), y la SICT debe cubrir su costo y usarlo como base para el pago final.

El proceso del avalúo ha sido extremadamente lento:

• La SICT por órdenes del Tribunal Agrario, solicitó el avalúo electrónicamente al INDAABIN en fechas de mayo-junio 2025.
• El 27 de mayo de 2025, el Tribunal requirió a la SICT tramitarlo en 10 días.
• El 18 de junio de 2025, el Tribunal ordenó al INDAABIN informar sobre el trámite en 10 días, con apercibimiento de multa por incumplimiento.

A pesar de estos requerimientos, el INDAABIN no ha entregado el avalúo, lo que ha generado acusaciones de «tortuguismo» y obstrucción de justicia por parte de la comunidad y sus defensores.

EL ACUERDO RECIENTE: MULTA IMPUESTA Y REQUERIMIENTO DE 3 DÍAS

El Tribunal Agrario emitió un acuerdo que impone una multa al INDAABIN por no haber cumplido con la entrega y actualización del avalúo, a pesar de que han transcurrido más de 3 meses desde los apercibimientos previos (ej. desde el 18 de junio 2025).

Este acuerdo representa una escalada judicial significativa, ya que pasa de apercibimientos a la aplicación efectiva de sanciones económicas por desacato reiterado. La comunidad ha denunciado que este retraso es parte de una cadena de incumplimientos por parte de la SICT e INDAABIN, que han tenido al menos 7 u 8 oportunidades desde 2004 para cumplirle a la Comunidad Indígena.

CONTEXTO ACTUAL

Al 10 de enero de 2026, el avalúo sigue pendiente, según las últimas denuncias públicas de la comunidad. La SICT presentó una propuesta de pago en fechas recientes, pero fue rechazada por no incluir la actualización de valores como lo prevé la Ley Agraria y lo ordenan las sentencias de los Tribunales Agrarios. El avalúo del INDAABIN, puede ser la base para un pago justo.

En la asamblea del 25 de enero de 2026 (próxima a realizarse), se analizarán acciones adicionales, incluyendo:

• Procedimientos de responsabilidad contra funcionarios por obstrucción de justicia y desacato.
• Posible demanda de devolución de las tierras si persiste el incumplimiento.

Este caso ilustra las dificultades persistentes en la ejecución de sentencias agrarias contra dependencias federales, agravando la vulnerabilidad de comunidades indígenas como Mezquitán, donde más de 170 comuneros han fallecido en 21 años sin ver justicia.

DEUDA HISTÓRICA

El año 2025, declarado por el gobierno mexicano como el «Año de la Mujer Indígena» bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, concluyó sin que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) cumpliera con una deuda histórica hacia la Comunidad Indígena de Mezquitán.

Esta comunidad, ubicada en el municipio de Zapopan con cuando menos 335 años de asentamiento, desciende de grupos indígenas que ya habitaban la región antes de la llegada de los españoles, identificada como descendientes de los pueblos originarios de Zacatecas y Jalisco.

Los dirigentes del Comisariado de la Comunidad de Mezquitán lamentan que el periodo dedicado a reconocer los derechos y el rol de las mujeres indígenas no se tradujera en acciones concretas para resolver un conflicto que data de más de dos décadas. En lugar de justicia, persiste el agravio por la falta de pago justo por tierras expropiadas para la ampliación de la Carretera Federal 54, Guadalajara-Ixtlahuacán.

El conflicto se remonta a 2004, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT, ahora SICT) firmó convenios con la comunidad para ocupar 269,322.80 metros cuadrados —equivalentes a 26.93 hectáreas— de sus tierras comunales. Estas parcelas, reconocidas con títulos virreinales desde 1690, fueron destinadas a ampliar la vía federal que conecta Guadalajara con Saltillo, Coahuila, y Zacatecas.

A cambio, se prometió un pago inicial de alrededor de 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se entregó un anticipo del monto acordado, y el resto ha sido postergado sistemáticamente, a pesar de sentencias firmes emitidas por los Tribunales Agrarios.

Los comuneros, que suman unas 300 familias y aproximadamente 3 mil personas, han visto cómo gobiernos de distintos partidos políticos —del PRI, PAN, Morena— pasan sin resolver el pendiente. «Gobiernos van y gobiernos vienen, pero el agravio continúa», expresan representantes de la comunidad.

Debe cubrirse el valor actualizado de las tierras, según avalúos comerciales ordenados por la Ley Agraria y las sentencias. Hoy, esa franja de 6,733 metros de longitud y 40 metros de ancho es una zona urbana consolidada, colindante al norte con el Fraccionamiento Bosques de San Isidro (Las Cañadas) y al sur con la calle González Gallo en la colonia Arroyo Hondo.

Allí proliferan comercios y servicios: gasolineras Valero y Pemex, pizzerías Little Caesar’s, tiendas Coppel, Elektra, Banco Azteca, Oxxo, Muebles América, una antena de telefonía celular, talleres mecánicos, farmacias, ferreterías, tiendas de electrodomésticos, oficinas administrativas y hasta una Unidad de Emergencias Médicas y oficinas administrativas del Ayuntamiento de Zapopan, además de una planta de tratamiento de aguas residuales. Todo ello cuenta con algunos servicios públicos: agua potable, drenaje, alumbrado, banquetas, pavimentos, semáforos y señalética.

La decepción es mayor porque 2025 se presentó como una oportunidad simbólica para saldar «deudas históricas» con las mujeres indígenas, quienes, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, son las principales transmisoras de lenguas y culturas originarias.

La comunidad de Mezquitán, con una historia de más de 335 años de reconocimiento oficial, albergaba esperanzas de que el gobierno federal priorizara su caso. «Teníamos la esperanza de que en el Año de la Mujer Indígena se cumplieran los convenios firmados hace más de 21 años», señalan los comuneros en un comunicado reciente. Sin embargo, el año terminó sin avances, profundizando la marginación en una zona delimitada por la barranca de Huentitán, en el municipio de Zapopan, que próximamente será sede del Campeonato Mundial de Futbol.

El impacto humano es desgarrador. Desde 2004, más de la mitad de los comuneros que firmaron los convenios —alrededor de 170 personas— han fallecido sin ver justicia. Solo en 2025, nueve integrantes perdieron la vida, la mayoría mujeres, quienes murieron con la esperanza intacta de recibir el pago pendiente.

Estas muertes no solo representan una pérdida cultural, sino un recordatorio de cómo el retraso burocrático agrava la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, particularmente de las mujeres que sostienen el tejido social.

Recientemente, funcionarios de la SICT presentaron una propuesta de pago para cumplir con las sentencias de los Tribunales Agrarios, pero fue rechazada por la comunidad. El motivo: no contempla la actualización de valores comerciales, como lo ordenan las resoluciones judiciales y la Ley Agraria.

La SICT argumenta falta de recursos disponibles, una excusa que ha sido recurrente en cuatro administraciones federales. Ante esto, los Tribunales Agrarios han requerido el cumplimiento en múltiples ocasiones, apercibiendo sanciones por desacato, pero las tácticas dilatorias persisten: amparos desechados, intentos de involucrar a la Fiscalía General de la República y alegatos de prescripción rechazados en 2023 por el Tribunal Agrario 16 y el Tribunal Superior Agrario.

La comunidad no se queda de brazos cruzados. El próximo 25 de enero de 2026, en su asamblea mensual —a solo días de conmemorar el 335 aniversario de su reconocimiento oficial—, analizarán el incumplimiento y tomarán decisiones sobre acciones legales y sociales.

Basados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planean iniciar procedimientos de responsabilidades contra funcionarios públicos por obstrucción de justicia y desacato a órdenes judiciales. Exigen la «eficaz e inmediata ejecución de la sentencia agraria» y, en caso de persistir el retraso, no descartan demandar la devolución de las tierras. Esta opción, aunque compleja, abriría la puerta a revertir la expropiación, afectando una zona urbana clave.

Este caso ilustra las brechas en la implementación de políticas indígenas en México. A pesar de iniciativas como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032) de la ONU y eventos nacionales como la Feria de las Lenguas Indígenas en 2025, traducidas a 35 lenguas originarias, las demandas concretas como la de Mezquitán quedan en el limbo.

Organizaciones civiles y diputados federales han exhortado a la SICT, pero sin resultados. En marzo de 2025, unos 150 comuneros se manifestaron frente a las oficinas de la SICT en Lázaro Cárdenas, Guadalajara, exigiendo pago, en una de varias protestas documentadas.