Jalisco podría tener la mejor Fiscalía Anticorrupción de México: Gustavo González, candidato a fiscal

Por Belisario Bourjac

Con el Congreso del Estado a solo días de resolver la designación del nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción —plazo máximo el 20 de enero para que asuma el 15 de febrero—, Gustavo González Hernández emerge como uno de los perfiles más sólidos del proceso.

Actual titular de una unidad en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), González Hernández obtuvo 32 puntos en la evaluación del Comité de Participación Social (CPS), colocándose como el segundo mejor calificado entre 30 aspirantes, solo por detrás de Ricardo Sánchez Beruben (34 puntos).

Aunque no integró la terna final enviada por el gobernador Pablo Lemus —compuesta por Ricardo Sánchez Beruben, Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez—, su experiencia de seis años en casos complejos de corrupción a nivel federal lo posiciona como una voz autorizada para analizar el futuro de la institución jalisciense.

En entrevista exclusiva, el aspirante —quien ha liderado equipos con más de 550 carpetas abiertas y creado un área de análisis de inteligencia criminal— defiende un enfoque integral: no solo represión penal, sino también prevención y combate administrativo.

Critica constructivamente el proceso de evaluación del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción por no ponderar suficientemente la experiencia directa en integración de carpetas y por omitir pruebas de conocimientos técnicos, aunque se muestra dispuesto a someterse a cuestionamientos rigurosos del Legislativo.

Su diagnóstico apunta a focos clave en Jalisco como el «gota a gota» en denuncias ciudadanas y las grandes contrataciones públicas, proponiendo mapear redes ocultas detrás de actos aparentemente menores.

González Hernández enfatiza la necesidad de autonomía real frente a presiones políticas o económicas, con mecanismos de coordinación efectiva —sin aislamiento— con la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría y órganos municipales.

“La última palabra es del Congreso”, afirma, abierto a que el Legislativo considere ajustes o una segunda terna si no hay consenso. Su mensaje final es claro: regresar a Jalisco con claridad de objetivos para lograr “la mejor Fiscalía Anticorrupción de México”, un reto que requiere unidad de los poderes y compromiso con la transparencia y la justicia efectiva.

LA ENTREVISTA

¿Qué lo motivó a participar en la convocatoria para la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco?

Mi trayectoria en la FGR desde marzo de 2020 me ha permitido crear un área de análisis de inteligencia para casos complejos y liderar tres equipos de investigación con 31 personas a cargo y más de 550 carpetas abiertas.

He acumulado seis años de experiencia directa en delitos de corrupción de impacto social, similar a los ocho años del actual fiscal Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar. Quiero llevar esta expertise a mi estado natal, Jalisco, para fortalecer una institución que puede convertirse en la mejor de México.

¿Cómo evalúa el desempeño de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco bajo Gerardo de la Cruz en estos siete años?

Ha tenido un buen desempeño, considerando las dificultades iniciales de toda dependencia nueva: consolidar presupuesto, plantilla y estructura territorial. Los primeros meses fueron complicados, agravados por la pandemia de COVID-19. En resultados, se compara favorablemente con la fiscalía federal en sus etapas iniciales. Gerardo de la Cruz enfrentó retos comunes, pero logró avances importantes.

¿Cuáles son las principales amenazas a la autonomía de la Fiscalía y qué medidas implementaría para blindarla?

La autonomía requiere claridad institucional: definir que combatimos la corrupción de manera integral (represión, administrativa y preventiva). En el ámbito federal, perseguimos mayoritariamente delitos de servidores públicos federales (80-90 %). Para evitar influencias, propongo mecanismos de coordinación amplios con entidades como el IMSS, la Auditoría Superior de la Federación y otras instancias fiscalizadoras, sin perder independencia. Un presupuesto estable es clave, ya que recortes pueden limitar metas. La coordinación debe ser efectiva, pero sin aislamiento.

¿Cómo garantizaría que las investigaciones no se vean influenciadas por intereses partidistas, empresariales o de poder económico, considerando su trayectoria en la administración pública?

Todo depende del titular: debe tener una brújula clara para esclarecer hechos con pruebas contundentes, guiado por los objetivos constitucionales. Identificar casos que puedan resolverse por vías administrativas o no penales es parte del discernimiento. Si el titular tiene claridad y experiencia, puede resistir presiones. Un cargo previo no implica impedimento legal, pero sí debe considerarse en la designación para evitar conflictos.

¿Cuál es su diagnóstico de los principales focos de corrupción en Jalisco y cuáles serían sus prioridades en los primeros 18 meses?

Priorizaría investigaciones complejas, más allá de actos aislados. En seis años en la FGR he conocido cerca de 1,500 asuntos; muchos «simples» ocultan redes. Crearía un área de análisis de inteligencia criminal (como la implementada en julio de 2025 en la FGR), con 23 técnicas analíticas para detectar redes detrás de casos menores y llegar al último beneficiario o tomador de decisiones.

En Jalisco, destacaría el «cuello de botella» en denuncias ciudadanas (gota a gota) y grandes contrataciones públicas. Enfocaría en mapear fenómenos de corrupción con análisis de contexto, supervisar procedimientos de licitación para garantizar libre competencia y prevenir redes.

Sobre cuestionamientos al actual fiscal por supuesta influencia del Ejecutivo en casos contra exfuncionarios (como Miguel Castro), ¿cómo ve esa cercanía con el gobernador?

En casos de alto perfil, se debe revisar exhaustivamente carpetas para asegurar acusaciones sólidas y evitar violaciones al principio de no duplicidad. La transparencia es difícil por reservas del Código Penal Federal (artículos 108 y 216), pero se pueden dar versiones públicas. Debe haber coordinación para funciones estatales, pero lejanía absoluta para no alterar o retardar procesos. La sana distancia es esencial.

¿Qué mejoras propone en la coordinación con la Auditoría Superior del Estado, Contraloría, Fiscalía General y órganos municipales?

Las denuncias deben llegar completas y claras para iniciar carpetas en 24 horas. Aquí en la FGR exigimos narrativas exhaustivas con pruebas iniciales. La coordinación debe incluir entrega oportuna de datos, testigos y documentos que «hablen» en juicio (auditores firmantes). La primera sentencia condenatoria en la FGR federal vino de una denuncia de la ASF, con juicio preparado en cuatro días intensos.

¿Qué opina de la evaluación del CPS y la terna presentada?

Construyo crítica sana: faltó ponderar experiencia directa en integración de carpetas y líneas de investigación. No hubo evaluación de conocimientos (a diferencia de otros cargos). Espero que el Congreso, en entrevistas, cuestione a fondo. La decisión final es del Legislativo; estoy dispuesto a someterse a cuestionamientos rigurosos. Si no hay consenso, podría haber acuerdo para una segunda terna.

Gustavo González Hernández dirige un mensaje final a la sociedad y diputados:

“Mi motivación es regresar a Jalisco con experiencia, claridad y objetivos definidos. No he estado ausente: mantengo residencia y sigo de cerca la entidad. Con el apoyo de todos los poderes, podemos lograr la mejor Fiscalía Anticorrupción de México. Estoy listo para el reto.

Gustavo González Hernández concluye con un llamado a la unidad institucional para un combate efectivo a la corrupción en Jalisco. El Congreso tiene hasta el 20 de enero para designar al nuevo titular.