México ante la Operación Resolución Absoluta

Opinión, por Iván Arrazola

La captura de Nicolás Maduro ha reconfigurado de manera abrupta el tablero político de América Latina. Lo que durante meses fue objeto de especulación hoy se ha materializado en un escenario dominado por la incertidumbre, la tensión diplomática y el resurgimiento del uso abierto de la fuerza como instrumento de política exterior.

En este nuevo contexto, la posición de México no solo adquiere relevancia regional, sino que revela los límites de una política exterior anclada en principios que hoy chocan con una realidad internacional cada vez más cruda y asimétrica.

Desde las primeras horas posteriores a la operación militar estadounidense en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura firme. A través de sus redes sociales citó el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, recordando la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial y la soberanía de los Estados. La Secretaría de Relaciones Exteriores reforzó este posicionamiento mediante un comunicado en el que condenó “enérgicamente” las acciones militares de Estados Unidos, calificándolas como una violación flagrante al derecho internacional.

La reacción no se limitó al ámbito institucional. El expresidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció, elevando el tono del discurso al calificar la captura de Maduro como un “atentado prepotente” contra la soberanía venezolana, comparando la acción con una forma de “tiranía mundial”. Con ello, México no solo defendía principios históricos de su política exterior —como la no intervención y la autodeterminación de los pueblos—, sino que dejaba entrever una cercanía ideológica con el proyecto chavista al que México apoyó hasta el último momento.

Sin embargo, esta defensa no tardó en encontrar un límite. Aunque Washington evitó responder de manera directa al posicionamiento mexicano, Donald Trump envió un mensaje inequívoco al declarar en Fox News que “los cárteles están controlando México” y que “algo va a tener que hacerse” con el país. La advertencia no solo trasladó el conflicto al terreno de la seguridad, sino que colocó a México en el centro de una narrativa que lo presenta como un Estado debilitado frente al crimen organizado.

En un intento por construir un frente regional, México se sumó días después a una declaración conjunta con Colombia, Brasil y España, en la que se expresó “profunda preocupación” por la intervención en Venezuela y se advirtió que tales acciones constituyen un precedente peligroso para la paz y la seguridad regional. No obstante, los hechos demostraron la fragilidad de estos bloques.

El caso colombiano es ilustrativo: bastaron advertencias directas desde Washington para que el presidente Gustavo Petro buscara una reunión urgente con Trump, evidenciando cuán fácilmente pueden fracturarse las alianzas ante el poder estadounidense.

Para México, el escenario es aún más delicado. La presidenta Sheinbaum dedicó varios espacios de sus conferencias matutinas a criticar la actuación de Estados Unidos y a exigir un juicio justo para Maduro. Sin embargo, la respuesta de Trump fue aún más contundente al anunciar su intención de iniciar ataques “en tierra” contra los cárteles, acusando a México de permitir que estos grupos “dirijan el país” y responsabilizándolos de cientos de miles de muertes en Estados Unidos.

Ante esta amenaza explícita, el gobierno mexicano modificó su tono. La mandataria llamó a “estrechar la comunicación” con Washington y ordenó fortalecer los canales diplomáticos, reconociendo la necesidad de mantener una coordinación estrecha en materia de seguridad. Este viraje evidencia un dilema profundo: México puede sostener un discurso crítico en el plano político, pero carece de márgenes reales de maniobra cuando la seguridad, la economía y la relación bilateral entran en juego.

A ello se suma un factor clave: la inminente revisión del T-MEC en 2026. Trump ha reiterado que considera este acuerdo como “el peor” firmado por Estados Unidos, lo que convierte al tratado en una poderosa palanca de presión. En este contexto, mantener una postura confrontativa podría traducirse no solo en tensiones diplomáticas, sino en consecuencias económicas de alto impacto.

Así, México se encuentra ante una disyuntiva estratégica. Puede reducir el nivel de crítica y buscar una recomposición pragmática con Washington, o mantener una defensa ideológica que podría escalar el conflicto y abrir la puerta a escenarios más agresivos por parte de los estadounidenses, incluso a una posible incursión bajo el argumento del combate al crimen organizado. La profunda dependencia económica, las acusaciones de colusión política y la debilidad de los apoyos de otros países latinoamericanos colocan al país en una posición vulnerable.

La Operación Resolución Absoluta no solo ha puesto a prueba el orden internacional, sino que ha colocado a México frente a una decisión de fondo: redefinir sus prioridades entre la coherencia ideológica y la supervivencia estratégica. En un mundo donde la fuerza vuelve a imponerse sobre el derecho, la política exterior mexicana enfrenta uno de sus momentos más críticos en décadas. México puede apostar a sus principios, pero es más importante la estabilidad.