JALISCO
Comunidad Indígena de Mezquitán anuncia manifestaciones pacíficas
Exigen a SICT e INDAABIN pago inmediato por tierras expropiadas hace 21 años
Por Raúl Cantú
Transcripción de texto a voz
La Comunidad Indígena de Mezquitán, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, emitió un comunicado público el 27 de enero de 2026 en el que anuncia su decisión de realizar manifestaciones pacíficas en fecha próxima, para exigir el cumplimiento inmediato del pago pendiente por la ocupación de sus tierras desde hace más de 21 años.
El documento, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, y a los medios de comunicación, denuncia que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) —antes SCT— ha incumplido reiteradamente con el pago justo de la indemnización por la expropiación de aproximadamente 26.93 hectáreas de tierras comunales.
Dichas tierras fueron utilizadas en 2004 para la ampliación de la carretera federal Guadalajara–Ixtlahuacán del Río–Saltillo, conocida como carretera a Saltillo.
Antecedentes del conflicto
En marzo de 2004 se firmó un convenio de ocupación previa con la entonces SCT, que contemplaba un pago inicial parcial —de entre 4 y 5 millones de pesos— y el compromiso de cubrir el resto de la indemnización, estimada en ese momento en alrededor de 35 a 40 millones de pesos, una vez realizado el avalúo correspondiente.
A lo largo de más de dos décadas, la comunidad, integrada por más de 300 familias —muchas de ellas encabezadas por mujeres y personas adultas mayores—, ha ganado múltiples juicios agrarios, entre ellos sentencias favorables emitidas por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 en 2021, el Tribunal Superior Agrario en 2023, así como diversos amparos.
Las resoluciones judiciales ordenan actualizar el avalúo a valor comercial actual —lo que incrementaría de manera significativa el monto, dada la plusvalía de los terrenos colindantes con la vía federal— y proceder al pago correspondiente.
La comunidad señala como principal obstáculo la falta de emisión del avalúo por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), pese a los requerimientos judiciales. La SICT, por su parte, ha argumentado en distintas ocasiones no haber recibido notificaciones o que existen plazos pendientes, lo cual es calificado por los comuneros como tácticas dilatorias y obstrucción de la justicia.
Lo que anuncia el comunicado
En la asamblea general celebrada el 25 de enero de 2026, la comunidad aprobó por unanimidad manifestarse pacíficamente en fecha próxima, invocando derechos constitucionales como la libre manifestación y el libre tránsito.
Las exigencias centrales son:
- Al INDAABIN: Emitir de inmediato el avalúo actualizado.
- A la SICT: Cumplir con el pago justo conforme a las sentencias judiciales y la Ley Agraria.
Asimismo, advierten que, de no existir una respuesta pronta, solicitarán seguimiento a una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal contra funcionarios responsables, por posibles delitos como desacato, abuso de autoridad y obstrucción de la justicia.
El comunicado cierra con el hashtag #JusticiaParaMezquitán y se firma desde Zapopan, Jalisco, en enero de 2026.
Contexto actual
Este anuncio se enmarca en una lucha prolongada que ha incluido protestas previas, como manifestaciones intermitentes en la carretera a Saltillo y en oficinas de la SICT en años anteriores, así como exhortos aprobados por la Cámara de Diputados en 2025.
La comunidad también ha documentado el fallecimiento de más de 170 comuneros sin haber recibido el pago correspondiente, incluidos varios decesos ocurridos durante 2025.
Los comuneros han apelado directamente a la presidenta de la República y han calificado el retraso como una violación a los derechos humanos y una contradicción con el discurso oficial de apoyo a los pueblos indígenas.
Hasta el 28 de enero de 2026 no se reportan avances concretos; sin embargo, el comunicado refleja una escalada en la presión pública tras años de incumplimientos. La comunidad enfatiza que su lucha es pacífica y legal, aunque no descarta acciones más firmes si persiste la inacción del gobierno federal.
