NACIONALES
El diseño del poder: Tres decisiones que definirán si México avanza o retrocede el reloj de su democracia
Análisis, por Víctor Hugo Celaya Celaya
El próximo periodo legislativo marcará el rumbo de México en los ámbitos político, económico e internacional. Las decisiones que adopte el Congreso determinarán si el país fortalece su democracia o si, por el contrario, retrocede en conquistas institucionales que costaron décadas construir.
México enfrenta múltiples retos pendientes en su agenda nacional para mejorar las condiciones de desarrollo de su comunidad. Sin embargo, el periodo ordinario de sesiones del Congreso que inicia el 1 de febrero será particularmente definitorio. Lo que se decida en estos meses trazará el camino del país en lo político, lo económico, lo social y lo internacional.
Vivimos un momento en el que la concentración del poder y las tentaciones autoritarias avanzan en distintas regiones del mundo. En México, la polarización, la incertidumbre y la desconfianza ciudadana se han convertido en factores estructurales que no pueden minimizarse. Las decisiones de las próximas semanas irán mucho más allá del calendario electoral o de las proyecciones de crecimiento económico.
Está en juego la viabilidad de México como nación libre, independiente y democrática. La confianza que proyectemos dentro y fuera de nuestras fronteras dependerá de nuestra capacidad para alejarnos de la demagogia y del oportunismo político, y para impulsar con certidumbre las oportunidades que el país posee.
Las tres prioridades del Congreso
Tres temas fundamentales dominan el próximo periodo ordinario del Congreso, que concluye el 30 de abril: la reforma político-electoral, la implementación de la jornada laboral de 40 horas y la preparación de México para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en julio de 2026.
Reforma político-electoral: el diseño del poder
La reforma político-electoral será el eje central del periodo legislativo. Lo que se ha adelantado públicamente apunta a un rediseño profundo de reglas e instituciones. La propuesta incluye la reducción de 100 diputaciones plurinominales —dejando solo 50 de las 200 actuales—, un recorte al financiamiento público de los partidos políticos, cambios en los mecanismos de democracia participativa y ajustes al voto de los mexicanos en el exterior.
Esta reforma trasciende porque define cómo se compite por el poder. Determina la representación de las minorías, establece los costos electorales, fija las reglas del juego y condiciona la estabilidad y legitimidad del sistema político rumbo a las elecciones de 2027.
México necesita avanzar en sus reglas democráticas de convivencia, participación y competencia política, no retrasar el reloj a etapas donde la concentración del poder terminó cediendo ante la presión ciudadana. De 1977 a la fecha, el país impulsó reformas político-electorales de gran calado que ampliaron la pluralidad y la representación. Sin embargo, en los últimos años se observa una tendencia regresiva: sobrerrepresentación, intentos de eliminar figuras que dan voz a las minorías y recortes al financiamiento que limitan la competencia.
Consultoras especializadas como Estrategia Electoral advierten que eliminar o reducir de manera drástica los plurinominales disminuiría la presencia de la oposición al mínimo. De reducirse la Cámara de Diputados de 500 a 300 integrantes, Morena tendría en promedio 161 curules; el PT, 38; y el PVEM, 57. En contraste, el PAN pasaría de un promedio de 72 diputaciones a solo 32, y el PRI de 35 a apenas 9 (Estrategia Electoral, enero de 2026).
Lo que está en juego es la división de poderes en México, que ya muestra signos de debilitamiento. Esta reforma definirá si somos capaces de dialogar, consensuar y construir acuerdos para el país, o si nos sometemos a una visión centralizadora que en el pasado dañó profundamente a la vida democrática.
Jornada laboral de 40 horas: productividad y competitividad
La implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas será el tema económico y social más relevante del periodo. La reforma constitucional y las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo contemplan una ruta de aplicación que iniciará en 2027.
El calendario propuesto establece que en 2026 la jornada máxima seguirá siendo de 48 horas. A partir de 2027 se reducirá a 46 horas; en 2028, a 44; en 2029, a 42; y finalmente, en 2030, quedará fijada en 40 horas semanales, sin reducción de sueldos, salarios o prestaciones (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, diciembre de 2025).
Esta reforma impacta directamente la productividad, los costos operativos, el empleo formal, la negociación colectiva y la competitividad de sectores estratégicos como la manufactura exportadora. Justo cuando México busca atraer inversión extranjera y aprovechar el nearshoring, las empresas deberán reorganizar horarios, procesos productivos y esquemas de contratación.
México mantiene una de las jornadas laborales más extensas de América Latina, lo que evidencia un rezago frente a países como Chile y Colombia, que desde 2023 aprobaron reformas similares. La propuesta beneficiaría a 13.4 millones de trabajadores y contempla la obligación patronal de implementar un registro electrónico de jornadas laborales a partir de 2027.
El principal reto es que México sigue siendo uno de los países con más horas trabajadas y menores niveles de productividad. La reducción de la jornada debe ir acompañada de una transformación profunda del modelo laboral que priorice la eficiencia y la innovación, para evitar impactos negativos en la formalidad del empleo.
Revisión del T-MEC: certidumbre comercial e inversión
El Senado enfrenta su principal reto internacional: preparar la posición del Estado mexicano para la revisión del T-MEC prevista para el 1 de julio de 2026. Por sus facultades en política exterior y tratados internacionales, está llamado a acompañar al Ejecutivo, abrir el diálogo con los sectores productivos y sostener una postura nacional firme.
El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 por un periodo de 16 años, con revisiones automáticas cada seis años. Si en 2026 los tres países acuerdan extenderlo, la siguiente revisión sería hasta 2032, con vigencia potencial hasta 2048. De no haber consenso, el tratado entraría en un esquema de revisión anual hasta 2036, prolongando la incertidumbre comercial.
El proceso ya inició. En septiembre de 2025, Estados Unidos y México publicaron convocatorias de consultas públicas, y Canadá hizo lo propio posteriormente. El secretario de Economía confirmó que la revisión formal comenzará en enero de 2026.
De esta revisión depende la certidumbre de inversión y el acceso preferencial al mercado norteamericano. Un escenario de revisión anual o de mayor incertidumbre podría frenar inversiones de largo plazo, justo cuando México busca consolidarse como destino clave del nearshoring.
El momento de decidir
Diputadas, diputados, senadoras y senadores enfrentan un momento histórico. Su capacidad para construir acuerdos definirá el rumbo de México. Ya no hay margen para dilaciones ni para retrocesos democráticos.
Lo que está en juego es la viabilidad democrática del país, su competitividad económica y su posición estratégica en el mundo. México necesita un Congreso que dialogue, que construya puentes y que entienda que la polarización debilita. Un Congreso que defienda la democracia sin erosionarla, que impulse reformas laborales responsables y que prepare una estrategia comercial sólida frente a un entorno internacional incierto.
El futuro de México está en discusión. Y depende de nosotros.
