Política espectáculo

Opinión, por Miguel Anaya

Vivimos tiempos en los que el poder ya no se conquista: se viraliza. La política, ese oficio antiguo que exigía lectura, paciencia y una vocación casi masoquista por lo ingrato, hoy se parece más a un casting permanente. El currículum dejó de importar; lo relevante es el nivel de popularidad. Si la gente te aplaudía antes, se asume que sabrás gobernar después. Spoiler: pocas veces es así.

El deporte, la cultura y ahora las redes sociales han producido figuras admirables. Atletas que vencieron la pobreza, artistas que construyeron carreras a fuerza de talento, influencers que entendieron mejor que nadie cómo funciona la atención en la era digital. Todos ellos —en teoría— encarnan valores deseables: constancia, disciplina, sacrificio. Sin embargo, la realidad es otra.

Correr más rápido que nadie no enseña a diseñar un presupuesto público. Llenar estadios no prepara para negociar leyes. Tener millones de seguidores no sustituye conocer la Constitución. La política espectáculo se sostiene en una falacia cómoda: si alguien triunfó en su ámbito, “algo debe saber”.

Pero gobernar no solo es saber algo; es administrar lo que no se ve: sistemas, instituciones, conflictos, tiempos largos y costos impopulares. No hay ovaciones al final del día, solo decisiones que afectan miles o millones de vidas y cuyos errores no se corrigen con un live.

Hoy basta con mirar el mapa político —sin necesidad de dar nombres, porque sobran— para confirmar que este fenómeno ya no es una rareza, sino un patrón. Gobernadores que llegaron con popularidad futbolera, pero sin noción de administración pública; directores nacionales del deporte que confundieron éxito personal con conocimiento institucional; diputados cuya principal habilidad es detectar una cámara encendida.

No es un tema exclusivo de México: es una consecuencia de la democracia fatigada, donde el voto premia la familiaridad antes que la competencia.

El político-espectáculo gobierna como actuaba: para impresionar al público. Confunde el aplauso con legitimidad y la narrativa con resultados. Su obsesión no es que la política funcione, sino que parezca funcionar. Y cuando la realidad se impone —violencia, corrupción, caos administrativo— aparece el recurso más antiguo del guion: “los de antes”, “el sistema”, “la herencia maldita”.

Pero la política no es un escenario, es una profesión. Se aprende. Requiere técnica, conocimiento jurídico, experiencia administrativa y algo cada vez más escaso: entender que el poder no es personal, sino institucional. Un buen estadista sabe que no gobierna para gustar, sino para sostener un país incluso cuando eso cuesta popularidad.

Esto no significa que las figuras públicas deban estar vetadas del poder. Sería absurdo y antidemocrático. Significa que la fama no puede ser el mérito principal. Puede abrir la puerta, nunca sustituir la preparación. El problema no es que entren, sino que entren sin saber, sin rodearse de gente capaz y sin respeto por el oficio que ejercen.

Y no deja de ser una ironía escribir de esto justo en el marco de la celebración del Día de la Constitución. La Carta Magna —al menos en el papel— garantiza libertades suficientes para que futbolistas, artistas e influencers desarrollen sus carreras, prosperen y se conviertan en referentes sociales. Pero cuando algunos cruzaron la línea que separa el aplauso del poder, pocas veces devolvieron a la nación lo que la nación les permitió construir.

Quienes llegaron a dirigir el deporte o la cultura no los impulsaron y el presupuesto se perdió quién sabe dónde; quienes gobernaban estados parecían más atentos a las cascaritas que al bienestar general de los ciudadanos que representaban; y quienes llegaron empujados por las redes terminaron más preocupados por anunciar proyectos y partidos de futbol que nunca llegaron antes que desarrollar su comunidad con visión de futuro.

En ese sentido, la Constitución cumplió su parte. El problema es que no todos estuvieron a la altura del encargo que ella misma hizo posible.