¿Rendición del Estado ante el gran capital? Salinas Pliego paga…¿pero es un triunfo de la justicia?

Por Gabriel Ibarra Bourjac

En un país donde la evasión fiscal ha sido históricamente un privilegio de los poderosos, la decisión de Ricardo Salinas Pliego y su conglomerado empresarial, Grupo Salinas, de aceptar el pago de 32 mil 132 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) representa un capítulo amargo en una saga de litigios que se prolongó por más de dos décadas.

Aunque el grupo —que integra empresas como TV Azteca, Elektra y Totalplay— ha depositado ya 10 mil 400 millones de pesos y se comprometió a cubrir el resto en 18 parcialidades, este desenlace no puede celebrarse sin un escrutinio profundo. ¿Estamos frente a un triunfo del Estado de derecho, impulsado por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o ante una negociación que diluye la rendición de cuentas de los grandes capitales?

Los hechos son claros. El litigio se remonta a adeudos fiscales originados desde 2008, acumulados en siete créditos que inicialmente ascendían a cerca de 35 mil 873 millones de pesos y que, con recargos e intereses, superaron los 74 mil millones. En noviembre de 2025, la SCJN falló en contra de Salinas Pliego, negó los amparos promovidos y ratificó deudas con hasta 17 años de antigüedad.

El empresario, conocido por su estilo confrontacional y por su defensa pública de la llamada “libertad empresarial”, agotó todas las instancias judiciales posibles, incluidos intentos de recusación contra ministras como Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Solo ante la inminencia del vencimiento del plazo legal —el 23 de enero de 2026—, Grupo Salinas optó por “dar vuelta a la página”, expresando su desacuerdo, pero priorizando el cumplimiento.

En ese trayecto, se intentó convertir el pago en un asunto ideológico. A través de su poder económico y mediático, se buscó construir una narrativa de buenos contra malos: un Estado opresor al que se le atribuían todos los males, frente a un ciudadano “valiente” que decía alzar la voz contra la injusticia. Esa estrategia comunicativa pretendió desviar la atención del fondo del problema.

Desde una perspectiva crítica, este pago no es un acto de responsabilidad cívica voluntaria, sino una capitulación forzada. Durante dos décadas, Salinas Pliego utilizó el sistema judicial como un escudo para diferir obligaciones fiscales que, en un país profundamente desigual, recaen con dureza sobre los contribuyentes comunes.

Mientras millones de mexicanos cumplen con sus impuestos —a menudo a costa de sacrificios personales—, un magnate con acceso a recursos prácticamente ilimitados prolongó el conflicto, generando costos adicionales para el erario público en juicios, apelaciones y trámites administrativos. ¿Cuánto le costó al Estado este litigio interminable? Es una pregunta que exige transparencia, pues esos recursos pudieron destinarse a salud, educación o infraestructura.

A ello se suma un elemento que no puede pasarse por alto: el acuerdo final implicó un descuento significativo. De los más de 51 mil millones de pesos ratificados por la SCJN, el monto se redujo a poco más de 32 mil millones. Esto abre interrogantes éticas inevitables. ¿Por qué un contribuyente ordinario no recibe este tipo de flexibilidad? La respuesta remite, una vez más, al poder económico.

Salinas Pliego no es solo un empresario: es un actor con influencia en los medios de comunicación y en el sistema financiero, con capacidad para moldear narrativas públicas. Sus declaraciones en redes sociales, donde se presenta como víctima de un “gobierno persecutor”, buscan generar simpatía, pero ocultan una realidad incómoda: la evasión fiscal profundiza la desigualdad. En un país donde el uno por ciento concentra una parte desproporcionada de la riqueza, episodios como este refuerzan la percepción de que la ley es flexible para los intocables.

No obstante, existe un ángulo positivo que no debe ignorarse. El fallo de la SCJN y la presión sostenida del SAT demuestran que, incluso frente a fortunas colosales, el Estado puede imponerse. La ministra Lenia Batres celebró el pago como un avance en materia de justicia fiscal, y el caso podría sentar un precedente para otros grandes evasores, fortaleciendo la cultura tributaria.

Pero para que esto represente una verdadera victoria institucional, se requiere ir más allá. Son necesarias reformas que acorten los tiempos de litigio, cierren lagunas legales y eviten que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de dilación por parte de los grandes capitales.

En última instancia, el pago de Salinas Pliego no cierra el debate: lo amplía. Es un recordatorio de que la auténtica rendición de cuentas no se mide solo por el cumplimiento tardío, sino por la responsabilidad preventiva. Desde 2018, con la prohibición de condonaciones fiscales, el SAT ha regularizado a 377 grandes empresas hasta 2025, recuperando miles de millones de pesos mediante vigilancia, digitalización y auditorías. Hoy, los grandes contribuyentes concentran alrededor del 37 por ciento de los adeudos fiscales, que superan el billón de pesos.

México necesita empresarios que inviertan en el país, no que lo litiguen durante décadas. Solo así será posible avanzar hacia una sociedad más equitativa, donde el poder económico esté al servicio del bien común y no al revés.