JALISCO
¿Quién manda realmente en México? SICT e INDAABIN ignoran órdenes judiciales y presidenciales
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Es hora de que la Presidencia actúe con la misma fuerza que proclama: que ordene el avalúo inmediato, el pago actualizado y sanciones efectivas a los funcionarios responsables. De lo contrario, la 4T seguirá acumulando deudas históricas que desmienten su propio lema de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.
¿Quién manda realmente en el gobierno federal? ¿Qué poder tiene la gran burocracia cuando dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) incumplen reiteradamente sentencias del Tribunal Superior Agrario y parecen desoír incluso instrucciones giradas desde la Presidencia?
En el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, la respuesta parece clara: la burocracia federal tiene más peso que la justicia y que los compromisos asumidos con los pueblos originarios.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso con saldar injusticias históricas hacia las comunidades indígenas, declarando incluso 2025 como “Año de la Mujer Indígena”. Sin embargo, para los comuneros de Mezquitán —descendientes de la etnia cascana— esa justicia sigue siendo una promesa vacía.
Desde 2004, cuando la entonces SCT (hoy SICT) ocupó más de 26.93 hectáreas de tierras comunales para ampliar la carretera Guadalajara–Saltillo (federal 54), los indígenas entregaron de buena fe sus predios a cambio de una indemnización pactada.
Han pasado más de 22 años. El adeudo, que en su momento rondaba entre 34 y 40 millones de pesos —sin actualización—, sigue sin pagarse en su totalidad ni ajustarse al valor comercial actual, como lo ordenan las sentencias agrarias.
Tras años de litigio, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 y el Tribunal Superior Agrario fallaron a favor de la comunidad en los años 2023 y 2024, ordenando a INDAABIN realizar un avalúo actualizado y a la SICT proceder al pago conforme a la Ley Agraria.
El tribunal ha impuesto multas por desacato a INDAABIN por dilatar la entrega del avalúo —iniciado hace meses, con costos ya cubiertos por la SICT— y ha apercibido con dar vista al Ministerio Público Federal si persiste el incumplimiento. Aun así, INDAABIN ha recurrido a amparos para evadir sanciones, mientras la SICT se escuda en la falta de avalúo para no pagar.
El círculo vicioso es evidente: INDAABIN no entrega el dictamen y la SICT no paga. Mientras tanto, más de la mitad de los cerca de 300 comuneros originales han fallecido sin ver un solo peso de lo que legalmente les corresponde. Para ellos, la justicia ya no llegará nunca.
La comunidad ha protestado de manera pacífica —incluidos bloqueos en la carretera a Saltillo en febrero de 2026— y ha entregado escritos directamente a la presidenta Sheinbaum, tanto en visitas a Jalisco como en conferencias matutinas, solicitando su intervención directa.
Desde la oficina presidencial se han girado instrucciones a ambas dependencias, pero los resultados han sido nulos o claramente insuficientes. ¿Sabe realmente la presidenta de este caso? Todo indica que sí: se le ha informado de manera personal y por vías oficiales.
Si su compromiso con los pueblos indígenas es genuino, ¿por qué no ha impuesto un plazo perentorio o instruido una auditoría para romper esta parálisis burocrática?
Es hora de que la Presidencia actúe con la misma fuerza que proclama: que ordene el avalúo inmediato, el pago actualizado y sanciones efectivas a los funcionarios responsables. De lo contrario, la llamada Cuarta Transformación seguirá acumulando deudas históricas que desmienten su propio lema de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.
La justicia no puede esperar más. Los comuneros de Mezquitán ya han esperado demasiado. ¿Les hará justicia la presidenta Claudia Sheinbaum o pasará a la historia como una política más que utiliza el discurso de justicia para los indígenas como gancho electoral, pero que al llegar al gobierno olvida esos compromisos?
Habrá que ver si la presidenta muestra voluntad política y obliga a los burócratas insensibles y soberbios de INDAABIN y la SICT, que ignoran la justicia y burlan a la autoridad judicial. ¿Qué hay detrás de esta negativa a pagar a la Comunidad Indígena de Mezquitán?
