La reforma electoral y la probidad de las y los candidatos

Opinión, por Ramiro Escoto Ratkovich

La reforma electoral no sale, no se presenta, no es como lo había planeado el expresidente López Obrador como parte de esa llamada herencia política que también incluía la reforma judicial y que hoy, ambas, se encuentran bajo la lupa internacional por la injerencia que el crimen organizado ha tenido y decidido.

La presidenta Sheinbaum ha cambiado el discurso del “ya la tenemos lista y no se cambiará ni una coma” al de “estamos revisando y consultando”. El Partido Verde y el PT entran en la narrativa del deslinde con Morena, dadas las condiciones por las que atraviesa de manera interna el partido y que, según los otros datos, advierten rupturas y derrotas con miras al 2027.

Pero el verdadero punto para lograr un cambio de rumbo, un viraje al timón, está en la propuesta a la que abona el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para conseguir una democracia real: un rumbo que establece la idea de la confianza entre la sociedad que vota y es votada. “Limpiemos la política: candidatos, no criminales”, una frase que determina más que una idea; marca un punto central donde quienes tienen en sus manos la ruta de la reforma electoral advierten una cita con la historia.

Lo que sucedió en Tequila, Jalisco, hace un par de semanas no sólo era un secreto a voces; era parte de lo que muchos municipios viven en el día a día. Es lo que se demanda desde Estados Unidos en materia de seguridad y es la lamentable historia que México ha tenido y permitido desde hace ya muchos años.

Lemus Navarro hace acotaciones a la propuesta, plantea preguntas sobre la persona involucrada o cooptada por la delincuencia organizada. ¿Se imagina que la persona que hace las leyes tenga antecedentes por robo a mano armada? La referencia se hace desde una verdad documentada sobre legisladoras y legisladores con antecedentes penales, con fichas de investigación o con nexos comprobados con grupos criminales.

El gobernador busca que los principios de probidad de quienes aspiren a estar en una boleta tengan un historial limpio, una verdadera vocación al servicio público y una trayectoria confiable. Aunque la crítica se hace desde una óptica de oposición, ninguna voz ha podido aceptar que lo que se propone no sea una verdadera raíz democrática y justa.

Lemus aspira a que la propuesta sea una verdadera apuesta a la realidad desde el INE, pero, en congruencia, ya trabaja para que Jalisco se convierta en el primer estado del país que aplique este principio, que se convertirá en una solución de fondo y de sentido común, y que permitirá al ser político convertirse en una figura de confianza y de cambio.

En este momento, cuando la violencia, la impunidad, la extorsión y la corrupción emanan del propio gobierno, es el momento de aplicar la congruencia. El principio de una luz para que este precepto tenga resultados a corto plazo está en la persona que, buscando la aprobación social mediante el voto, actúe en consecuencia: en ese liderazgo que permitirá orden en las calles y orden en el gobierno.

En otra parte del discurso de Pablo Lemus sobre esta propuesta, y desde su experiencia empresarial, advierte que los filtros que la autoridad electoral debe aplicar a los aspirantes a un cargo de elección popular deben vincularse con la aplicación de pruebas de confianza, como una carta de no antecedentes penales.

Si los partidos lo aplican en serio, recobrarán su sentido; si la sociedad los conoce por ese resultado, entonces en 2027 habrá elecciones que, aun sin una reforma explícita, partirán del principio de dignificar una candidatura para una sociedad que busca esperanza en cada perfil.