Blindaje judicial en Jalisco

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

En Jalisco, la armonización de la reforma constitucional al Poder Judicial presenta un retraso excesivo. A un año de su entrada en vigor a nivel federal, este tiempo de avance invita a reflexionar sobre su funcionamiento y lo que ha significado para la sociedad en materia de justicia.

Es imperativo que Jalisco, al realizar su armonización, tome en cuenta los aciertos y errores legislativos que han quedado en evidencia, evitando replicar modelos que no resulten convenientes para el sistema judicial local.

Uno de los puntos más controvertidos de la Reforma Judicial fue, sin duda, la definición de los perfiles para jueces y magistrados. Preocupa la ligereza con la que se puede acceder a candidaturas para cargos de tal relevancia, los cuales, a juicio de muchos, deberían exigir una carrera judicial probada y amplia experiencia, más allá de la elección popular.

No obstante, para Morena, la prioridad es la participación social sin filtros ni obstáculos significativos. 

Hoy queda claro que el método de acceso al servicio público debe ser transparente y riguroso, pues el derecho de algunos a postularse, sin la preparación adecuada, representa un riesgo latente para el futuro del sistema.

Sin duda, el Poder Legislativo de Jalisco debe ser exhortado a que este proceso de armonización no sea un simple trámite, sino una reflexión sobre quiénes impartirán justicia. Es necesario imponer límites estrictos y evaluar con autocrítica lo ocurrido en el municipio de Tequila; los hechos demuestran que el derecho a ser candidato no puede estar por encima de los filtros de idoneidad.

La realidad nos ha exhibido de forma cruda que, sin un control estricto de perfiles y personalidades, el sistema queda vulnerable. Lo tenemos recién visto; ojalá también lo tengamos aprendido.

En este sentido, debe quedar claro que cualquier poder —ya sea el Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial— y toda administración pública, deben adaptarse a una era tecnológica que permite el acceso a la información de forma radicalmente distinta a como ocurría hace dos décadas.

En un tiempo donde la sociedad es más participativa, consciente y está mejor informada gracias a la fluidez de las plataformas digitales, es trascendental que el acceso a puestos públicos clave sea congruente con esta realidad.

Atravesamos tiempos complicados y la ciudadanía merece que los cargos públicos posean la excelencia y calidad necesarias; de ello depende que cualquier sistema cumpla con entereza su misión, objetivo y visión.

Es momento de que el Congreso de Jalisco actúe con firmeza ante la armonización judicial. No se puede permitir que la apertura democrática sea la puerta de entrada para personajes con pasados oscuros o nexos delictivos.

Debemos blindar la Constitución local con filtros estrictos que frenen el avance de personas no aptas para el servicio público. La democracia no puede ser el pretexto para la mediocridad o la delincuencia.

El costo de empoderar a perfiles inadecuados ya lo hemos pagado; por ello, es urgente un proceso de selección que sirva como verdadero colador contra la corrupción. Participar es un derecho, pero gobernar debe ser un privilegio de los más íntegros.

Jalisco tiene hoy la oportunidad histórica de convertir su retraso legislativo en una ventaja estratégica. El Congreso del Estado no debe limitarse a imitar la Reforma Federal; debe superarla, blindando nuestra Constitución local con filtros de elegibilidad que garanticen perfiles de absoluta probidad y excelencia técnica.

Lo ocurrido en Tequila es una lección que no podemos ignorar: permitir el acceso de personas no aptas al poder cuesta caro. Además, urge legislar con transparencia sobre los partidos políticos y sus candidaturas, creando mecanismos que, respetando los derechos civiles, actúen como un filtro infranqueable contra la corrupción y la delincuencia.

Es momento de que Jalisco sea el ejemplo nacional de cómo proteger la justicia y a la sociedad desde la ley. La omisión ya no es una opción; la integridad es la exigencia.