Restaurar o administrar la tragedia: Dos décadas de muerte e impunidad, la herida abierta del Río Santiago

Por Mario Ávila

Este 13 de febrero, el niño Miguel Ángel López Rocha sería un joven de 24 años, si es que su vida no se la hubiera arrebatado el veneno que corre entre el agua del Río Santiago, altamente contaminado, que sigue matando gente, mientras que los políticos de los tres niveles de gobierno ven pasar ya tres sexenios, sin inmutarse.

Hace ya 18 años, Miguel Ángel, de apenas 6 años, jugaba a las afueras de su casa, en la colonia La Azucena, en el municipio de El Salto, Jalisco, cuando resbaló y cayó al Río Santiago, pero no murió ahogado, murió intoxicado por arsénico.

Y como cada año, el Comité de Defensa Ambiental de El Salto y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), acompañados de dirigentes de una decena de organizaciones sociales que pugnan por la defensa del medioambiente, recordaron esta fecha con la celebración de una rueda de prensa, en la que también, como cada año, colocaron en calidad de testigo una fotografía del niño Miguel Ángel junto a un féretro blanco.

Desde entonces, cada año la exigencia de justicia, verdad y memoria se hace presente para recordar a las empresas nacionales, transnacionales y a las autoridades de los tres niveles de gobierno que todos los días continúan enfermando y muriendo niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos en la ribera del Río Santiago y que lamentablemente se han venido extendiendo los impactos y las afectaciones de la contaminación industrial a la ribera del Lago de Chapala.

Ello lo expuso el dirigente del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, Raúl Muñoz Delgadillo, organización en la que se ha documentado que, en los últimos 18 años, en la misma zona del municipio, han perdido la vida a causa de la contaminación 3 mil 388 personas, de las cuales 2 mil 503 padecían insuficiencia renal crónica terminal y 421 murieron por cáncer; en el año inmediato anterior, se tiene el registro de 174 personas fallecidas.

Muñoz Delgadillo recuerda también que estos 18 años son además el claro reflejo de que la impunidad continúa y que se agrava, “ya que los procesos de industrialización crecen en la región, que los industriales son intocables, a pesar de que se les nombre, se les compruebe con evidencias la contaminación que ellos generan, ocasiona los daños a la salud”.

Con mucha nostalgia, don Raúl recordó también lo que el escritor Eduardo Galeano escribió en su libro “Los hijos de los días” y en especial el contenido de la página 61 en el texto que titula “El peligro de jugar”, en donde refiere: “El río contiene arsénico, ácido sulfhídrico, mercurio, cromo, plomo y furanos, arrojados a sus aguas por Aventis, Bayer, Nestlé, IBM, Dupont, Xerox, United Plastics, Celanese y otras empresas, que en sus países tienen prohibidas esas donaciones”.

Planteó, además, en el marco del aniversario luctuoso del niño Miguel Ángel, que las organizaciones y colectivos de El Salto, Juanacatlán, Chapala, Cajititlán, Tonalá y Guadalajara han venido participando en las seis reuniones del Programa federal de saneamiento y restauración de la Cuenca Lerma-Santiago. Presentaron un ‘balance ciudadano’ en su primer año de operación, con la finalidad de hacer propuestas que mejoren y fortalezcan los trabajos y resultados.

JALISCO LÍDER MUNDIAL DE ENFERMOS DE RIÑON

Presente en la conmemoración luctuosa estuvo el doctor Enrique Lira, un luchador social plenamente identificado en la entidad, quien lamentó que Jalisco sea líder mundial de enfermos de riñón, con 800 mil pacientes actualmente.

Expuso con cierta dosis de angustia que lo que cada año se hace al recordar la muerte del niño Miguel Ángel, “es un llamo humanitario, por un lado, a los industriales que por las noches sueltan impunemente sus descargas, pero también a la clase política del estado, quienes se empeñan en gastar millones y millones en obras suntuosas en las fuentes y las plazas de la gran ciudad y abandonan a su suerte a las víctimas del río Santiago.

Dijo que ha acudido personalmente a las oficinas de los 9 gobernadores de la región de la cuenca y con los obispos de las 14 diócesis que se encuentran en la zona, para dejarles por escrito documentos que hablan de la urgencia de atender esta grave contingencia de salud pública.

Lamentó que a Jalisco hayan llegado empresas de primer mundo a “invertir”, porque en sus países no les permiten dejar de cumplir las normas ambientales como aquí lo hacen “y poco les importan los 220 enfermos renales que hay en Poncitlán, en donde hay hasta tres pacientes en la misma casa”.

Y abundó: “En Mezcala van 80 muertos por la contaminación de las aguas y los peces, que es la única proteína a la que tienen acceso; en El Salto vas más de 3 mil fallecimientos, por fallas renales, leucemia o incluso abortos espontáneos”.

Y lo único que plantea el doctor Enrique Lira como una solución mínima por humanidad, es abrir un turno vespertino en el área de hemodiálisis del hospital de Ocotlán. Sin embargo, también alertó que esa misma agua contaminada ya está llegando a más de 150 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en especial a algunas áreas de los municipios de Tlaquepaque y Tonalá.

IGNORADAS LAS MEDIDAS DE LA CIDH

Por su parte, María González Valencia, directiva del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), lamentó que el Estado mexicano haya ignorado y, por lo tanto, incumplido las medidas cautelares emitidas hace ya 4 años por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estas recomendaciones —dijo— están principalmente enfocadas a la atención urgente e inmediata de la salud de la población afectada y la medida cautelar hace una delimitación que viene desde las comunidades del lago de Chapala, Agua Caliente, Mezcala, San Pedro Itzicán, Salpicote, hasta El Salto y Juanacatlán, lo mismo que una parte del Área Metropolitana, particularmente una amplia zona que tiene que ver más con los municipios de Tlaquepaque y Tonalá.

Y recalcó: “No se ha cumplido con las medidas cautelares, porque lo que exigen son la realización de los estudios epidemiológicos, la atención inmediata a la salud, la apertura de hospitales, la restauración del daño y el apoyo a las familias y a las personas enfermas”.

Fundamentalmente estas medidas cautelares -expuso-, están centradas en salud y es el estado mexicano quién debe de cumplir, son los tres niveles de gobierno, pero el Gobierno Federal tiene la obligación de presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de estas medidas cautelares que se hicieron al fin de la pandemia del Covid, allá en el año 2022, es decir, se tienen ya tres o cuatro años, pero son claves porque están desacatando una resolución de una instancia internacional, es la Comisión interamericana de Derechos Humanos.

RECONVERSIÓN OBLIGATORIA A LA INDUSTRIA

Para la doctora María González, un gran paso que debería darse en el río más contaminado de México, es cambiar la regulación estructural de las fuentes contaminantes y en especial se refirió a la industria, que, según dijo, hoy es tratada con mucha benevolencia, al grado de que la reconversión en el uso, el tratamiento y las descargas de las aguas hoy es “voluntaria”, cuando debería ser obligatoria.

Dijo además que el enfoque actual mantiene una predominancia hidráulica (plantas y colectores), “pero no se ha documentado un fortalecimiento equivalente en inspección, sanción y reconversión industrial; no se ha informado con claridad cuántas industrias han sido sancionadas o reconvertidas en el corredor industrial de El Salto y zonas aledañas.

“Continúa predominando el enfoque clásico de saneamiento hidráulico, sin evidencia de reconversión productiva o control estructural de fuentes industriales. El programa se desarrolla ante fuertes contradicciones: la continuidad y expansión del modelo industrialista, inmobiliario y de agronegocios, así como la imposición de megaproyectos energéticos en el territorio. La experiencia internacional demuestra que la restauración de ríos depende de la reducción en la fuente, no solo del tratamiento posterior”, planteó la académica.

Recalcó que, en su opinión, la reconversión debe ser obligatoria para los corredores industriales y agropecuarios, con regulación efectiva de descargas, ya que, sin control de fuentes contaminantes, las plantas de tratamiento solo operan como medidas compensatorias, no preventivas.

Planteó además que debe haber una regulación efectiva de descargas industriales, con sanciones ejemplares a quien contamine y para ello se debe transparentar el padrón de descargas industriales autorizadas, se debe fortalecer la inspección y la sanción ambiental y se deben definir metas cuantificables de reducción de contaminantes.

Añadió que debe haber también, indicadores ambientales verificables, un monitoreo público continuo, un programa de salud ambiental para quienes ya han sido afectados y el cumplimiento inmediato de la Medida Cautelar de la CIDH.

RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LAGOS Y LAGUNAS

En el entendido de que la cuenca del Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico abarca 9 estados y 246 municipios, la doctora María González se dijo satisfecha en principio de que el tema de su saneamiento ya esté contemplado y enmarcado dentro del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que en ese lapso recibirá una inyección multianual de 122 mil 600 millones de pesos, para esto y otros 16 proyectos en todo el país.

De ahí que una de las necesidades inmediatas sea la de plantear la demanda urgente; será lograr una restauración integral tanto del Lago de Chapala como de la laguna de Cajititlán.

Expuso que se hace necesario plantear metas ambientales cuantificables, ya que actualmente no se han difundido metas específicas de reducción de carga contaminante (como DBO, DQO, metales pesados, nitrógeno o fósforo) con cronogramas y líneas base públicas posteriores a 2024.

Aseguró que un programa de restauración de cuenca requiere indicadores ecológicos medibles y verificables, no solo metas de infraestructura; lo mismo que se debe diseñar un plan de largo plazo con blindaje institucional más allá del ciclo sexenal.

Dijo que la recuperación de sistemas hídricos altamente degradados es un proceso de largo plazo, de entre 30 a 50 años según las experiencias internacionales, y por lo tanto se requiere financiamiento estable, metas transexenales y mecanismos de evaluación periódica que garanticen continuidad.

Otra de las necesidades planteadas por la ambientalista del IMDEC es la integración con salud pública y derechos humanos, y explicó: “La restauración ambiental debe vincularse con estudios epidemiológicos independientes, programas de salud ambiental y evaluación de riesgos para comunidades expuestas. El derecho humano al agua y a un medioambiente sano exige una aproximación integral que trascienda la lógica exclusivamente hidráulica”.

UNA MIRADA PROPOSITIVA

Para la directora del IMDEC, María González Valencia, además de dejar en claro la tragedia que han significado estos 18 años de graves daños ambientales, también hay manera de lanzar una mirada al futuro con un dejo de optimismo o con una mirada propositiva.

Empezó diciendo que la asignación presupuestal multianual identificable para 2025-2030, representa un avance significativo frente a años de rezago institucional. Además, el saneamiento se integra en un paquete hídrico nacional mucho mayor (122,600 millones de pesos en 17 proyectos), donde el río Santiago es sólo uno de varios frentes.

Dijo que bien podíamos mirarnos en experiencias internacionales, como la restauración del río Rin en Alemania, o del Támesis en el Reino Unido, que muestran que la recuperación de sistemas fluviales altamente degradados requiere: regulación industrial estricta, metas ecológicas obligatorias, monitoreo público permanente, inversión sostenida durante décadas, coordinación interinstitucional robusta.

El momento actual —dijo— representa una oportunidad inédita para corregir décadas de degradación ambiental en la cuenca Lerma-Chapala-Pacífico. El presupuesto anunciado puede sentar las bases de una restauración integral si se acompaña de transparencia, participación ciudadana efectiva y control estructural de fuentes contaminantes.

El saneamiento del río —abundó— no debe medirse únicamente por el número de plantas construidas, colectores, basura recolectada, sino por la recuperación real de su calidad ecológica y la garantía del derecho humano al agua, a la salud y a un medioambiente sano.

Y remató diciendo: “La pregunta es clara: ¿Están invirtiendo miles de millones para transformar el modelo contaminante o solo para administrar sus consecuencias? Este es un momento decisivo. O se corrigen las causas estructurales de la contaminación y se atiende el problema de salud pública, o dentro de cinco años estaremos escuchando otro anuncio millonario mientras el problema sigue intacto”.