Seguridad en vilo

Opinión, por Iván Arrazola

La política de seguridad del actual gobierno ha buscado sostenerse, ante todo, en un mensaje: las cifras indican que la situación mejora. El principal dato que se presume es la reducción de los homicidios dolosos, presentada como evidencia de que la estrategia está funcionando.

Sin embargo, la disminución estadística no ha logrado modificar la percepción social. 

Para amplios sectores de la población, la sensación dominante sigue siendo que la criminalidad mantiene presencia territorial, capacidad de intimidación y control sobre la vida cotidiana. La distancia entre los números oficiales y la experiencia diaria de la gente se ha convertido en el problema central.

La seguridad pública no se mide únicamente por indicadores agregados, sino por la posibilidad real de vivir sin miedo. Cuando la población continúa enfrentando desapariciones, asesinatos, extorsiones y violencia cotidiana, los avances reportados pierden credibilidad.

La pacificación de un país no depende solo de bajar un delito específico, sino de que las personas perciban que las instituciones pueden protegerlas. En ese punto es donde la estrategia muestra sus mayores debilidades.

El caso de Sinaloa es ilustrativo. El estado ha permanecido durante meses en un clima de violencia persistente. A pesar de la presencia federal y de los anuncios de reforzamiento de la seguridad, los hechos se acumulan: desapariciones colectivas, hallazgos de fosas clandestinas, asesinatos de civiles y ataques a personas sin vínculo con actividades criminales. 

La situación ha rebasado el ámbito policial y se ha convertido en un problema institucional. Mientras las autoridades federales aseguran coordinación, el gobierno estatal muestra falta de información y respuestas ambiguas sobre las investigaciones. La consecuencia es una pérdida de confianza pública.

La seguridad es una política pública que exige cooperación efectiva entre niveles de gobierno. Cuando las autoridades se deslindan o se contradicen, la estrategia pierde eficacia.

En Sinaloa, la percepción ciudadana no es solo que existe violencia, sino que nadie parece tener control pleno de la situación. La ausencia de claridad en responsabilidades genera la impresión de que el Estado actúa de manera reactiva y no preventiva.

Otro ejemplo se encuentra en Tequila, Jalisco. Las revelaciones sobre la actuación del exalcalde —amenazas a opositores, extorsiones y ejercicio abusivo del poder— muestran un problema distinto pero relacionado: la infiltración y captura de gobiernos locales.

El hecho de que estas prácticas se mantuvieran durante un tiempo prolongado sin intervención oportuna evidencia fallas en los mecanismos de vigilancia institucional.

La detención del funcionario representa una respuesta necesaria, pero tardía, y no resuelve por sí misma el riesgo estructural. Arrestar a un actor político no sustituye la construcción de controles permanentes.

En ambos casos aparece una constante: la seguridad no depende únicamente de operativos, decomisos o detenciones, sino de la fortaleza de las instituciones. Cuando los gobiernos locales pueden ser presionados o cooptados, la política de seguridad pierde alcance. Por ello, la prevención, la supervisión administrativa, la inteligencia financiera y la rendición de cuentas forman parte esencial de cualquier estrategia

El debate sobre seguridad se mueve entre comparaciones internacionales. Algunos observan políticas altamente punitivas, como la implementada en El Salvador, que han reducido delitos a costa de fuertes restricciones. Otros recuerdan experiencias de cooperación internacional como la ocurrida en Colombia en los años noventa.

El gobierno mexicano, sin embargo, se mantiene en una posición intermedia: incrementa detenciones, decomisos y extradiciones, pero evita asumir formalmente una política de mano dura, mientras que en el tema de la cooperación con Estados Unidos prefiere el discurso de priorizar la soberanía.

Esta indefinición se vuelve problemática porque la seguridad requiere objetivos claros. La narrativa oficial insiste en los resultados operativos, pero los hechos cotidianos continúan alimentando la incertidumbre.

Además, la expansión de medidas como la prisión preventiva y las extradiciones muestra que, en la práctica, sí existen cambios importantes, aunque no se presenten como un viraje explícito.

El punto crítico es que la violencia no puede entenderse solo como un fenómeno criminal. También involucra corrupción, debilidad institucional, economías ilegales y redes políticas locales. Mientras la estrategia se concentre principalmente en capturas y decomisos, sin abordar de manera frontal esos factores, los resultados serán parciales. 

Por ello, la discusión ya no gira únicamente en torno a “mano dura” o “cooperación internacional” sino en la capacidad del Estado mexicano para reconocer la magnitud del desafío. La ciudadanía espera claridad: quién es responsable, qué se está haciendo y qué cambios estructurales se implementarán.

Hoy México vive una paradoja. Puede existir una reducción en ciertos delitos y, al mismo tiempo, una persistente sensación de inseguridad.

Mientras no se cierre esa brecha entre resultados oficiales y experiencia social, la estrategia seguirá siendo cuestionada. La seguridad continuará en vilo no por falta de operativos, sino por la ausencia de una definición clara, integral y sostenida que enfrente tanto a las organizaciones criminales como a las debilidades institucionales que les permiten existir.