El movimiento o el Estado

Opinión, por Iván Arrazola

El dilema central del gobierno de Claudia Sheinbaum parece resumirse en una disyuntiva: gobernar para preservar un movimiento político o ejercer plenamente la conducción del Estado. Y no es un debate abstracto: es la propia presidenta quien, de manera reiterada ante la opinión pública, insiste en demostrar que el movimiento de la Cuarta Transformación se mantiene unido. 

El proyecto se presenta como un bloque coherente de principios y objetivos históricos; sin embargo, la tarea de un gobierno no consiste en sostener una identidad política, sino en garantizar estabilidad institucional, legalidad e imparcialidad en el ejercicio del poder. En otras palabras, la autoridad no se legitima por la cohesión interna de sus militantes, sino por su capacidad de gobernar para todos.

Prueba de que la prioridad es preservar esa unidad fue su reacción frente al libro del exconsejero jurídico Julio Scherer. La presidenta no sólo declaró que no lo había leído, sino que tampoco lo leería, minimizando así su contenido. En la obra se involucra a personajes cercanos al equipo presidencial y se plantean disputas internas dentro del propio grupo gobernante.

Entre ellas se menciona la actuación del jefe de asesores de la presidenta, a quien se liga con el llamado “rey del huachicol”, Sergio Carmona. 

La respuesta presidencial fue invitar al autor a presentar denuncias formales; paralelamente, la Secretaría Anticorrupción sostuvo que el gobierno investiga hechos y no “narrativas”. Con ello se intentó cerrar la discusión, pero el mensaje político fue claro: la prioridad no era esclarecer públicamente, sino evitar fisuras internas.

En consecuencia, el discurso oficial insiste en la cohesión del movimiento e incluso ridiculiza las versiones sobre fracturas atribuyéndolas a la oposición o a la comentocracia. Sin embargo, la realidad política muestra tensiones persistentes.

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha sido señalada por acciones contra periodistas críticos; en el Senado, figuras como Saúl Monreal desafían abiertamente la postura presidencial contra el nepotismo al anunciar aspiraciones electorales; en Oaxaca, el gobernador Salomón Jara acumula cuestionamientos por la presencia de familiares en la nómina estatal.

A ello se suman conflictos en la Ciudad de México, donde integrantes de una misma familia han impulsado regulaciones sobre rentas inmobiliarias para impedir incrementos excesivos. La propuesta fue planteada en su momento por el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, y posteriormente declarada constitucional por el Poder Judicial, entre cuyos integrantes se encuentra Lenia Batres, perteneciente al mismo núcleo familiar.

Así, mientras la presidenta se pronuncia en contra del nepotismo en los cargos de elección popular, la práctica persiste dentro de la administración pública. 

En el ámbito educativo, el director de libros de texto gratuitos se atrinchera en su cargo denunciando supuestas conspiraciones privatizadoras, mientras el debate de fondo —la calidad educativa, especialmente en matemáticas y comprensión lectora- queda de lado.

Por si ello no bastara, el diputado Sergio Mayer solicitó licencia a su cargo para participar en un reality show, lo que pone en entredicho su compromiso con la función pública. Al ser cuestionada, la presidenta respondió que se trata de un asunto interno de Morena.

Todo ello remite a un problema más profundo: la diferencia entre responsabilidad política y responsabilidad partidista. La primera obliga a quien gobierna a responder ante la nación, a la legalidad y al interés general; la segunda exige lealtad a una organización, a sus liderazgos y a sus equilibrios internos. En una presidencia ambas dimensiones existen, pero no tienen el mismo peso.

La responsabilidad partidista debería ser secundaria, porque el poder público no pertenece a un grupo sino a la comunidad política entera. Cuando ocurre lo contrario —cuando se protege al grupo aun a costa de la imparcialidad— el gobierno deja de ser árbitro y se convierte en parte interesada.

La presidencia, sin embargo, no es la dirección de una organización política. Constitucionalmente implica representar a toda la nación, incluso a quienes no comparten el proyecto gobernante. La jefa del Ejecutivo no sólo administra políticas públicas: simboliza la unidad del orden político. Por ello, cuando el gobierno actúa con parcialidad o defiende conductas cuestionables por afinidad política, erosiona la confianza en las instituciones y debilita la autoridad del Estado.

El problema se agrava porque la presidenta tampoco puede deslindarse del pasado inmediato sin confrontar a su propio liderazgo político de origen. De ahí que, ante críticas actuales, recurra reiteradamente a casos del pasado para desplazar la discusión presente. Sin embargo, trasladar el debate no resuelve el problema central: la responsabilidad de gobernar corresponde al presente, no a la comparación permanente con gobiernos anteriores.

Así, el sexenio corre el riesgo de transcurrir en una defensa constante del movimiento antes que en la conducción del Estado. A la presidenta se le puede ir el periodo intentando justificar conductas, minimizar conflictos y preservar equilibrios internos, lo que terminaría proyectando la imagen de una mandataria que no pudo —o no quiso— gobernar plenamente por la lealtad a su movimiento.