Comunidad Indígena de Mezquitán: Diputado Alberto Maldonado reafirma lucha por la justicia indígena, «no toleraremos más arbitrariedad de la SICT»

Por Belisario Bourjac

El diputado federal Alberto Maldonado Chavarín (Morena, Jalisco) reafirmó su compromiso histórico y firme con las comunidades indígenas de México durante una entrevista reciente, destacando su lucha por hacer justicia a la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco.

La comunidad cascana lleva más de 21 años exigiendo el pago de una indemnización por la expropiación de aproximadamente 26.93 hectáreas de sus tierras en 2004, destinadas a la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo (Carretera Federal 54). A pesar de sentencias firmes de tribunales agrarios que obligan a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a cumplir con el pago actualizado, la dependencia federal ha incumplido sistemáticamente, lo que Maldonado calificó como un “acto de injusticia” e “indignante arbitrariedad”.

“Estamos ante un acto de injusticia. Me parece increíble que una dependencia del gobierno federal no atienda de manera adecuada a esta comunidad indígena”, expresó el legislador, quien coordina la representación de Jalisco en la Cámara de Diputados.

Alberto Maldonado subrayó que esta lucha se alinea directamente con el mandato presidencial de Claudia Sheinbaum, a quien describió como la “líder máxima” del movimiento de regeneración nacional. Recordó que la presidenta ha reiterado en mañaneras y reuniones privadas con la fracción parlamentaria de Morena su prioridad por atender a las mujeres y a las comunidades indígenas, sectores que considera la “esencia” de su gobierno.

“La presidenta está gobernando de manera muy adecuada este país (…) cuida muchísimo a las mujeres y a las comunidades indígenas”, afirmó.

Ante la falta de respuesta de la SICT, pese al exhorto aprobado en la Cámara —impulsado por Maldonado y respaldado por la mayoría de diputados de Morena y aliados—, el legislador anunció acciones más contundentes.

“Vamos a continuar la lucha. No es la primera vez que nos metemos en una lucha social y siempre hemos logrado hacer justicia (…) Vamos a hacer una gran convocatoria para que todas las fuerzas políticas volteen a ver esta indignante arbitrariedad”, señaló.

Entre las medidas en curso, planea buscar herramientas legislativas más fuertes, como un extrañamiento o incluso la comparecencia del titular de la SICT ante la Cámara para que explique el incumplimiento a los diputados jaliscienses de todos los partidos.

El compromiso de Maldonado con el tema indígena no es reciente. Recordó su trayectoria: fue delegado de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Jalisco y Colima, donde gestionó presupuestos históricos para el desarrollo integral de estas comunidades —los más altos registrados hasta entonces—.

También presidió la Comisión de Derechos Humanos en la 50ª Legislatura del Congreso de Jalisco y ha sido un defensor consistente de los derechos humanos y la dignidad de los pueblos originarios.

“Desde que tengo uso de razón, he tenido un sentido muy claro de lo que es la dignidad humana y los derechos humanos”, dijo.

Criticó el actual debilitamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (antes CDI), que en Jalisco “está casi desaparecido” y carece de relevancia.

Maldonado vinculó esta causa a la “deuda histórica” que México tiene con los pueblos indígenas, un eje fundamental de la oferta política de Morena desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ratificado en el proceso electoral de 2024, que llevó a la primera presidenta de México.

“No podemos olvidarnos de eso, no podemos dejarlo a un lado. Seguiremos luchando”, concluyó, enfatizando que el indigenismo no es un tema ajeno para él, sino una prioridad de justicia social que continuará impulsando desde el Congreso.

LA MANIFESTACION DEL 11 DE FEBRERO

La Comunidad Indígena de Mezquitán (también conocida como cascana), ubicada en Zapopan, Jalisco, llevó a cabo una manifestación pacífica pero contundente el miércoles 11 de febrero de 2026, para protestar contra el incumplimiento sistemático de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

Integrantes de la comunidad bloquearon un tramo clave de la Carretera Federal 54 (Guadalajara-Saltillo), específicamente en el cruce con la calle 16 de Septiembre, generando caos vial en la zona metropolitana de Guadalajara. La acción fue anunciada días antes como una medida de presión para exigir el pago actualizado de una indemnización por la expropiación de aproximadamente 26.93 hectáreas de tierras comunales en 2004, destinadas a la ampliación de la vía.

Más de 300 familias afectadas llevan más de 21 años esperando justicia, pese a sentencias firmes de tribunales agrarios que obligan al pago con valores actualizados. Los manifestantes denunciaron que la SICT ha presentado propuestas insuficientes que ignoran la actualización comercial exigida por la Ley Agraria y las resoluciones judiciales (como el Juicio 222/2017 y revisiones posteriores), mientras que el INDAABIN ha incurrido en desacato por no emitir el avalúo correspondiente, lo que ha prolongado el conflicto y agravado la pobreza en la comunidad.

Los comuneros calificaron la situación como un «incumplimiento flagrante» que viola derechos indígenas y genera indignación, recordando que incluso ha costado vidas sin reparación. La protesta, realizada de forma organizada y con advertencias previas a vecinos y autoridades, incluyó llamados a la presidenta Claudia Sheinbaum para intervenir directamente, alineándose con su compromiso declarado de atender a los pueblos originarios.

Esta movilización forma parte de una escalada de acciones que la comunidad ha anunciado desde enero de 2026, tras asambleas donde se acordó por unanimidad no cesar en la lucha hasta obtener justicia.

Los líderes advirtieron que, sin respuestas concretas, retomarán protestas más intensas. El bloqueo del 11 de febrero simboliza la frustración acumulada por décadas de promesas incumplidas y tácticas dilatorias federales, destacando la urgencia de resolver esta «deuda histórica» para restaurar la dignidad de las familias de Mezquitán y sentar un precedente en el respeto a los derechos territoriales indígenas en México.