El reloj legislativo corre y el nuevo árbitro aún no nace

Por Francisco Junco

Transcripción de texto a voz 

Entre acuerdos políticos, retrasos y promesas de vanguardia, el rediseño del sistema de acceso a la información en Jalisco entra a su fase más delicada.

La reforma que rediseña el sistema de transparencia en Jalisco avanza entre negociaciones políticas, ajustes técnicos y presiones institucionales, con el Congreso local intentando cerrar un modelo que sustituya al anterior esquema autónomo y que, según sus promotores, promete modernizar el acceso ciudadano a la información pública.

En el centro del proceso aparece el diputado Alejandro Barragán, legislador de Morena y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética, instancia que recibió la instrucción de armonizar la legislación local con la reforma federal en materia de transparencia.

El morenista aseguró, en entrevista con Conciencia Pública, que el proyecto no sólo mantiene el derecho vigente, sino que pretende llevarlo a un nuevo paradigma operativo.

Relató que el origen del proyecto se remonta al anuncio de la reforma federal en la materia, momento en el que surgió resistencia en distintos estados y sectores, lo que obligó a abrir mesas de diálogo con especialistas, académicos y actores civiles para construir una propuesta con mayor legitimidad.

La reforma para rediseñar el sistema de transparencia en Jalisco atraviesa una fase decisiva en la que los avances técnicos contrastan con la lentitud política, mientras el Poder Legislativo intenta concretar la armonización con el nuevo marco federal y definir la arquitectura institucional que sustituirá al esquema anterior, considerado por algunos actores como rebasado frente a las exigencias actuales de acceso a la información pública.

El legislador detalló que, ante la percepción inicial de incertidumbre, sostuvo encuentros con liderazgos vinculados al análisis del derecho a la información, particularmente integrantes del colectivo Compromiso Jalisco, agrupación que reúne perfiles con trayectoria en transparencia, protección de datos y rendición de cuentas, con quienes se discutieron ajustes y propuestas para fortalecer el proyecto.

Según su relato, esas reuniones permitieron revertir dudas iniciales y consolidar una iniciativa que no sólo preserva el derecho existente, sino que incorpora elementos innovadores que, afirmó, podrían colocar a la entidad como referente nacional en materia de acceso a la información.

“Acordamos construir un proyecto en materia de transparencia, no sólo que garantice el derecho que tenemos los jaliscienses al acceso a la información pública, sino que además agregamos algunos aspectos muy importantes e innovadores que van a posicionar a Jalisco a nivel nacional”, aseguró.

Entre los componentes centrales del dictamen se encuentra la propuesta de obligar a las instituciones públicas a publicar información de manera anticipada y sistemática, sin esperar solicitudes formales, particularmente datos de interés social que permitan vigilancia ciudadana inmediata sobre decisiones gubernamentales y ejecución de recursos.

El diputado sostuvo que este enfoque busca modificar la lógica tradicional de cumplimiento reactivo, en la que los sujetos obligados responden sólo cuando existe “amenaza de sanción”, para sustituirla por una cultura administrativa basada en la transparencia preventiva y permanente.

“La idea es generar, no sólo en los jaliscienses sino en los sujetos obligados, la convicción de que la proactividad y la publicación, no sólo oportuna sino incluso de temas que no se estén solicitando, debe cambiar el paradigma de la transparencia en nuestro estado”, apuntó.

Alejandro Barragán añadió que la iniciativa contempla el uso intensivo de herramientas digitales y procesos automatizados para acelerar la difusión de datos públicos y simplificar la interacción entre ciudadanía y autoridades, alineando el sistema estatal con tendencias tecnológicas que ya se aplican en otros ámbitos administrativos.

En su evaluación, la coyuntura legislativa representa una oportunidad histórica para actualizar conceptos que durante años se desarrollaron en la academia y en la sociedad civil, pero que no habían sido incorporados plenamente a la legislación local.

“Hoy se visualiza un paradigma nuevo que tendría que profundizar la conciencia pública y, sobre todo, la conciencia de los jaliscienses sobre el acceso a la información, que debería generarnos información en tiempo real”, señaló.

Para ilustrar el alcance del cambio, mencionó que uno de los ejemplos planteados es que los municipios publiquen de forma periódica avances de obra, calendarios y reportes técnicos antes de que periodistas o ciudadanos los soliciten, lo que permitiría monitoreo social en tiempo real.

El dictamen fue elaborado, dijo, tras múltiples sesiones técnicas con especialistas, entre los que destacó a académicos de la Universidad de Guadalajara y de la UNIVA, cuyos aportes ayudaron a fortalecer la estructura normativa y operativa del proyecto.

“Logramos una propuesta muy interesante; de hecho, el dictamen lo tenemos preparado desde diciembre, incluso antes de que se venciera nuestro plazo”.

Pese a que el documento técnico está concluido desde finales del año pasado, el avance legislativo se mantiene detenido debido a negociaciones políticas que no han logrado consenso sobre el diseño institucional del nuevo órgano garante.

El legislador reconoció que la demora ha generado un escenario transitorio en el que la Contraloría del Estado opera como instancia garante con recursos limitados mientras se define el marco legal definitivo.

“Soy el primero en reconocerlo: hay un terrible retraso y hoy la Contraloría está realizando estas funciones con un presupuesto limitado”, admitió.

El punto central de la discusión política gira en torno al método de designación y la estructura orgánica del organismo que asumirá las funciones de transparencia, aspecto que aún genera diferencias entre las distintas bancadas legislativas.

El morenista indicó que el contenido técnico de la ley tiene coincidencias amplias entre diputados; sin embargo, la definición de quién encabezará el nuevo ente y bajo qué esquema se integrará es el factor que mantiene congelada la votación.

“Lo único pendiente es encontrar el mecanismo de conformación y el método de selección de las personalidades que representarán a la ciudadanía ante este órgano, ya sea una persona titular o un órgano colegiado”, explicó.

El legislador advirtió que el plazo legal para aprobar la legislación secundaria ya venció, por lo que la presión para resolver el tema podría incrementarse en el corto plazo, tanto desde organizaciones civiles como desde instancias gubernamentales que requieren certidumbre normativa.

También subrayó que la ausencia de la ley no suspende las obligaciones constitucionales de transparencia, por lo que los sujetos obligados deben continuar respondiendo solicitudes de información conforme a derecho.

“El hecho de que no se haya aprobado la ley secundaria no deja a Jalisco en una excepción; la Constitución mexicana y la Constitución jalisciense siguen garantizando el derecho humano de acceso a la información pública”, afirmó.

Mientras continúan las negociaciones internas en el Congreso de Jalisco, el futuro del nuevo sistema dependerá del acuerdo político que logren las fuerzas parlamentarias para definir la estructura del organismo, decisión que marcará el rumbo de la transparencia estatal en los próximos años.