Entre ahorro y control político: El peso guinda y la certeza democrática en riesgo

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Hay momentos en la historia de México en que el poder no se disfraza de poder, sino que sale a la calle con toda su arrogancia, sin pudor y sin pausa, a decirle al ciudadano de frente: aquí mando yo, y punto.

Uno de esos momentos lo estamos viviendo ahora, con esa criatura jurídica y política que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha dado en llamar «reforma electoral», aunque bien podría llamarse por su nombre real: la consolidación del partido único disfrazada de austeridad republicana.

Conviene, antes de dejarse llevar por el alud de cifras y promesas con que el gobierno inunda las conferencias mañaneras, hacer lo que el buen periodismo siempre ha exigido: detenerse, mirar con los ojos abiertos y preguntar lo que nadie en el palacio se atreve a preguntar.

EL ARGUMENTO DEL AHORRO

Nos dicen que la reforma ahorrará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos. Número que suena a gloria en tiempos de vacas flacas. El relato es seductor. ¿Quién puede estar en contra de ahorrar? ¿Quién defiende el gasto excesivo? Nadie, naturalmente. Ese es precisamente el truco.

Porque el argumento del ahorro en política no es una razón técnica: es una coartada moral. Con ese mismo argumento se han liquidado instituciones, se han vaciado autonomías, se han desmantelado contrapesos que costaron décadas construir. La pregunta no es cuánto cuesta una institución, sino qué le costaría al país prescindir de ella. Y esa pregunta, conveniente y deliberadamente, nadie en Palacio Nacional se hace.

Recortar 13 mil plazas del INE, el 80 por ciento de su personal, convertir 300 juntas distritales permanentes en órganos temporales, reducir de 48 a 35 minutos el tiempo en radio y televisión para partidos y autoridades electorales: todo eso tiene un precio que no se mide en pesos, sino en certeza democrática. Y la certeza, señores, no aparece en los libros de contabilidad del gobierno.

EL PREP Y EL FANTASMA DE 1988

Hay un detalle en esta reforma que merece detenerse con más calma que la que suelen dedicarle los comentaristas de feria: la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. El PREP, ese mecanismo que desde las 20 horas del día de la elección va dándole al ciudadano un conteo en tiempo real, casilla por casilla, de cómo va la votación.

Los exconsejeros Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés lo dijeron sin rodeos: cancelar el PREP es regresar al año de 1988. Al año en que Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, anunció pomposamente «la caída del sistema» y México amaneció con un presidente que nadie pudo verificar si había ganado limpiamente. Ese trauma colectivo, esa herida que tardó décadas en comenzar a cicatrizar, es precisamente lo que el PREP fue diseñado para evitar.

¿Y cuánto costó el PREP en 2024? 237.3 millones de pesos en un proceso electoral cuyo costo total fue de 64 mil millones. Menos del medio punto porcentual. Ese es el «gastito» que se quiere eliminar. Ese es el precio que el gobierno está dispuesto a cobrarle al ciudadano a cambio de nada, salvo de mayor incertidumbre, menor transparencia y un riesgo creciente de desinformación el día después de cada elección.

Uno se pregunta, con la ingenuidad que el ejercicio periodístico todavía permite: ¿a quién beneficia la oscuridad en la noche electoral? La respuesta es elemental, aunque políticamente incómoda.

EL PESO GUINDA: LA MAYORÍA QUE QUIERE SER TODO

Miremos los números con frialdad quirúrgica, que es como deben mirarse cuando el poder los usa para legitimarse.

Hoy Morena tiene 253 diputados, el 51 por ciento de la Cámara baja. Con la reforma propuesta, pasaría a controlar 350 escaños, el 70 por ciento. En el Senado, actualmente cuenta con 67 de 128 curules; con la nueva geometría legislativa, tendría 61 de 96, el 64 por ciento. Dos tercios del Congreso. Exactamente lo que se necesita para modificar la Constitución sin que nadie más pueda decir una sola palabra que importe.

No es casualidad. Nunca lo es cuando se trata de reforma electoral impulsada por el partido en el poder.

La eliminación de las listas plurinominales en el Senado, la supresión de los 200 diputados de representación proporcional en la Cámara baja, la reducción de los ayuntamientos metropolitanos de 19 a 15 ediles: todo apunta en la misma dirección. Menos voces, menos representación, menos pluralismo. Más concentración. Más guinda.

El senador Ricardo Anaya lo expresó con precisión que merece citarse: la reforma debe estar diseñada para resolver el problema real de México, que es la intervención del crimen organizado y el dinero del narco en las campañas. Pero lo que propone el gobierno no resuelve eso; lo que propone el gobierno es resolver el problema del gobierno, que es tener mayoría suficiente para operar sin restricciones.

LO QUE EL PODER NO DICE

Hay en toda esta reforma un silencio que habla más que cualquier conferencia mañanera: el silencio sobre los mecanismos reales de control del crimen organizado en las elecciones. Se habla de sancionar a partidos que reciban dinero ilícito, de la pérdida de registro, de castigos para dirigentes que avalen candidaturas del crimen. Palabras. Declaraciones. Decálogos.

Pero los instrumentos concretos para rastrear ese dinero, para fiscalizar en tiempo real, para impedir que los «acordeones» —esa práctica de los 100 diputados que votan como les dicta la cúpula— sigan siendo la regla y no la excepción: esos instrumentos o son insuficientes o simplemente no existen en la propuesta.

Lo que sí existe es la voluntad de reducir el INE a un organismo dependiente del presupuesto anual, con personal eventual, con estructuras provisionales, con autonomía de papel. Un INE de temporada, como los empleados que contrata para las elecciones: útil cuando conviene, prescindible cuando estorba.

EL PERIODISTA Y SU OBLIGACIÓN

Un viejo maestro del periodismo escribió alguna vez que la función del periodismo no es aplaudir al poder ni combatirlo por principio, sino entenderlo. Entender sus mecanismos, sus intereses, sus miedos. Y el miedo de todo poder consolidado es siempre el mismo: la posibilidad de perder.

Esta reforma no habla de democracia. Habla de permanencia. No habla de ahorro ciudadano. Habla de control institucional. No habla de combate al crimen. Habla de blindaje electoral.

México ha tardado demasiado en construir las instituciones que hoy se pretenden desmantelar bajo el eufemismo de la modernización. Cada contrapeso que se elimina, cada autonomía que se recorta, cada voz que se silencia en el Congreso mediante la aritmética de la mayoría calificada es un paso que no se da hacia adelante, sino hacia ese pasado que los mexicanos creíamos haber dejado atrás.

El precio de la democracia no se mide en miles de millones. Se mide en la certeza de que cuando uno vota, su voto cuenta. Y en que cuando el sistema dice que ganó uno, todos podemos verificar que así fue.

Eso no tiene precio. Y por eso, precisamente, es lo primero que el poder quiere suprimir.

En X @DEPACHECOS