Lecciones del 22 de febrero

Opinión, por Iván Arrazola

La captura del principal líder criminal del país provocó uno de los movimientos políticos más bruscos de los últimos años y puso en la palestra a una administración sobre la que pesaban dudas acerca de su compromiso real con la persecución de los grandes capos.

No fue únicamente un operativo de seguridad: se convirtió en un acontecimiento político que reconfiguró la narrativa gubernamental, la relación con Estados Unidos y la discusión pública sobre la estrategia de seguridad. 

Sin embargo, también dejó a una sociedad atemorizada ante la demostración de fuerza desplegada por el cártel en distintas zonas del país, cuyo impacto más visible se vivió en la ciudad de Guadalajara. En ese sentido, el 22 de febrero dejó varias lecciones.

Lección uno. El operativo marcó un distanciamiento entre la política de seguridad de Claudia Sheinbaum y la de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Mientras este último defendió la lógica de “abrazos, no balazos” —en parte por convicción y en parte para evitar una espiral de violencia —, su gobierno nunca convirtió la captura de capos en un logro a presumir. Incluso detenciones de alto perfil, como las de Rafael Caro Quintero u Ovidio Guzmán, fueron tratadas con discreción. 

Lección dos. El factor internacional resultó determinante. A López Obrador le tocó una transición entre Donald Trump y Joe Biden, este último con menor presión directa sobre México en materia de seguridad. La administración Sheinbaum enfrentó desde el inicio exigencias más duras por parte de Trump: sellar la frontera, frenar el flujo migratorio y aumentar las acciones contra el narcotráfico. Las acusaciones de colusión entre autoridades mexicanas y el crimen organizado elevaron el costo político de la inacción, por lo que el operativo respondió no solo a una lógica interna, sino también a un contexto internacional que redujo los márgenes de maniobra del gobierno mexicano.

Lección tres. El éxito operativo también se convirtió en un dilema político. El abatimiento de Rubén Oseguera representa probablemente el mayor golpe contra la delincuencia organizada en mucho tiempo, pero el gobierno ha sido cuidadoso al capitalizarlo. La presidenta prefirió que el protagonismo recayera en la Secretaría de la Defensa Nacional. La razón es evidente: la estrategia recuerda a la política de “descabezamiento” de cárteles aplicada durante el sexenio de Felipe Calderón, fuertemente criticada por el propio movimiento gobernante. Así, el gobierno ganó una batalla operativa, pero teme pagar el costo simbólico de parecerse a aquello que durante años cuestionó.

Lección cuatro. Capturar al líder no necesariamente implica desmantelar al cártel. Estas organizaciones no solo trafican drogas sintéticas; también extorsionan, lavan dinero, invierten en bienes raíces y participan en el mercado de combustibles ilegales. Su control territorial y económico depende de redes complejas y descentralizadas, por lo que eliminar a una figura puede generar reacomodos internos más que su debilitamiento definitivo.

Lección cinco. La reacción violenta posterior al operativo confirmó ese riesgo. En diversas ciudades —especialmente en Jalisco— se registraron bloqueos, incendios de vehículos, ataques a tiendas de conveniencia y paralización de zonas urbanas, incluyendo la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. La respuesta evidenció la capacidad operativa del cártel y dejó a autoridades locales rebasadas, limitadas en muchos casos a mensajes en redes sociales que prometían un pronto retorno a la normalidad. Más que un episodio aislado, fue una demostración de fuerza.

Lección seis. La seguridad y la percepción pública no siempre coinciden. Mientras el gobierno federal insiste en que el país está bajo control, las imágenes de ciudades paralizadas impactan más que cualquier estadística. El costo reputacional es alto, sobre todo para estados estratégicos y destinos turísticos clave, pues la percepción de inseguridad se instala con mayor rapidez que la confianza.

Las primeras consecuencias de este operativo ya se empiezan a sentir, el cambio de sede del Campeonato Mundial de Clavados que se celebraría en Guadalajara es una muestra de las dudas sobre la eficacia de la seguridad en México.

Lección siete. El episodio abre interrogantes hacia el futuro inmediato. La principal es si el Estado podrá contener la crisis derivada de la disputa interna por el liderazgo criminal y si ciudades sede de eventos internacionales podrán garantizar condiciones de seguridad. Para una metrópoli de más de seis millones de habitantes como Guadalajara, la vulnerabilidad mostrada genera más preguntas que certezas.

El 22 de febrero no solo fue un operativo exitoso, sino un punto de inflexión. La decisión puede fortalecer la autoridad del gobierno, pero también puede desencadenar más violencia en el corto plazo.

Solo el tiempo dirá si la presidenta actuó con pleno cálculo de sus consecuencias o si la presión internacional la llevó a un movimiento que marcará el resto de su administración. Las lecciones ya están sobre la mesa; lo que falta saber es cuál de ellas terminará definiendo el futuro.